Durante una entrevista en Radio Mitre, Maqueda sostuvo que el nuevo esquema elimina mecanismos incorporados en 2003 mediante un decreto firmado por Néstor Kirchner. Según explicó, esas reglas funcionaban como una limitación voluntaria del Poder Ejecutivo al momento de proponer candidatos.
Maqueda advirtió sobre una pérdida de transparencia
“El decreto aparece como una regresión institucional”, afirmó el exjuez. Además, remarcó que el sistema vigente permitía una mayor participación de la ciudadanía y de organizaciones civiles en el análisis de los postulantes a la Corte Suprema.
Según detalló, el procedimiento contemplaba la posibilidad de presentar apoyos o impugnaciones a los candidatos. También promovía criterios vinculados con la representación federal y la presencia de mujeres dentro del máximo tribunal.
Para Maqueda, eliminar esas instancias debilita los controles sobre el Poder Ejecutivo. También rechazó el argumento oficial de que la medida busca agilizar los tiempos de designación. “Todo lo que sea quitar una autorrestricción del Gobierno es nocivo para las instituciones”, sostuvo.
“Hay un sesgo autoritario”
El exmagistrado consideró que la verdadera razón detrás de la medida responde a una tendencia de los gobiernos a ampliar sus facultades. “El Poder Ejecutivo siempre busca eliminar límites. Es un fenómeno que se observa en distintos países y también en la Argentina”, explicó.
Además, vinculó la decisión con otras acciones impulsadas por la administración libertaria. “Hay un sesgo autoritario. Siempre que se dañan las instituciones existe un sesgo autoritario detrás”, aseguró.
En ese sentido, recordó el intento de designar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema mediante decreto. Según afirmó, aquella decisión mostró la intención del Gobierno de avanzar sin consensos amplios. También cuestionó las explicaciones de Manuel Adorni sobre su patrimonio y concluyó: “No es un comportamiento institucional digno de ser un ejemplo”.
