LUNES 04 DE MAYO DE 2026
El problema, además de técnico, es estructural porque gestionar residuos bien resulta caro y la mayoría de los municipios no puede afrontarlo.
Los basurales no aparecen de un día para otro. Empiezan, muchas veces, como pequeños puntos de arrojo: un vecino tira ramas, otro deja bolsas, un tercero descarta muebles. Lo que surge como algo transitorio se vuelve permanente. Es un proceso acumulativo.
A eso se suma otro factor clave: la falta de recolección o su irregularidad. Cuando el camión no pasa, la basura igual se genera. Es entonces cuando aparece la solución más cercana: un baldío, una cava abandonada, un terreno vacío.
En ese punto, la regulación queda en un terreno gris. Formalmente, los basurales a cielo abierto son ilegales, pero en la práctica son tolerados porque no hay alternativas viables.
El Área Metropolitana de Buenos Aires concentra el 40% del total de residuos del país: aproximadamente 17.000 toneladas al día ingresan al CEAMSE, de las cuales 5.000 corresponden a la Ciudad de Buenos Aires y cerca de 12.000 a la provincia de Buenos Aires.
Pero el panorama provincial tiene dos caras. Por un lado, el 87% de las 20.000 toneladas totales que produce la provincia termina en rellenos o celdas sanitarias, ya sea en el CEAMSE o en instalaciones del interior. Por otro, 81 municipios bonaerenses aún disponen sus residuos en basurales municipales, lo que representa el 13% restante.
Si bien los municipios del área llevan sus residuos al relleno sanitario, proliferan basurales chicos, a nivel micro y macro, producto de vuelcos clandestinos. En los barrios más vulnerables, donde la densidad poblacional es mayor y la frecuencia de recolección es menor, la aparición de estos puntos de arrojo es casi inevitable.
Los basurales no son solo una cuestión ambiental. También se trata de un asunto social. Hay familias que viven de lo que encuentran ahí: recuperadores urbanos que separan, venden y, en muchos casos, sobreviven gracias a esos residuos.
Pero ese circuito tiene un costo alto. Los basurales generan contaminación del suelo, del agua y del aire. Atraen vectores como ratas e insectos y afectan directamente la salud de quienes viven cerca. Además, una vez que un terreno fue utilizado como basural, no alcanza con limpiarlo. Se debe remediarlo, lo que implica un proceso complejo y costoso que muchas veces no se hace.
¿Por qué no hay una solución general? En rigor, no existe una política integral sostenida. La gestión de residuos depende, en gran medida, de los municipios, y cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Una alternativa que aparece en el debate es la regionalización: que varios municipios compartan infraestructura y costos. Pero, en la práctica, eso choca con resistencias políticas y sociales. Nadie quiere recibir la basura de otro.
A eso se suma otro problema: la falta de financiamiento. Durante años hubo programas nacionales e incluso financiamiento internacional para desarrollar infraestructura, pero ese esquema está prácticamente paralizado.
Frente a este escenario, la salida pasa —además de por la ingeniería o la inversión— por la comunicación. “Hay que involucrar a la comunidad desde el primer momento. Si no, cualquier política fracasa”, plantea la divulgadora y experta ambiental Lorena Suárez.
El punto es simple: separar residuos, reducir el consumo o sostener sistemas de reciclaje requiere participación social. No alcanza con contenedores o campañas aisladas. “Podés tener infraestructura, pero si la gente no entiende o no confía en que el sistema funciona, no sirve”, advierte. Ahí aparece una de las claves menos visibles del problema: la falta de una narrativa pública clara sobre qué hacer con la basura y por qué importa.
El problema crece en silencio. No suele estar en el centro de la agenda, pero impacta en casi todos los ámbitos: ambiente, salud, economía y calidad de vida. Frente a eso, hay un caso testigo que muestra hasta dónde puede escalar cuando no se resuelve a tiempo.
El basural de Bariloche es uno de los ejemplos más críticos del país. No solo por su tamaño, sino por su ubicación y sus consecuencias.
“Recibe unas 200 toneladas diarias de residuos y ya acumula más de 500.000 toneladas”, advierte el ambientalista barilochense Amílcar López. Pero el dato más alarmante es otro: el impacto ambiental.
El lixiviado, como se denomina al líquido que se genera al descomponerse la basura, se filtra en el suelo y avanza hacia las napas. “El riesgo es que contaminantes como metales pesados lleguen a las napas y a los cuerpos de agua”, aporta el experto ambiental Ignacio Sagardoy.
En Bariloche, eso implica una amenaza directa sobre los lagos Gutiérrez y Nahuel Huapi, así como sobre los arroyos de la zona. Un problema ambiental en pleno corazón de una ciudad turística. A esto se suma la quema constante de residuos para reducir volumen, lo que genera contaminación del aire y riesgos sanitarios. Y un dato adicional: menos del 5% de los residuos se recicla. “El problema es grave, urgente y hace años que se arrastra sin solución”, sintetiza López.
