Un proyecto para proteger al sector
La propuesta legislativa plantea declarar la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas por sus trabajadores por un plazo inicial de tres años, con posibilidad de prórroga por parte del Ejecutivo provincial.
El objetivo central es brindar un marco de previsibilidad y asistencia a cooperativas que surgieron tras procesos de quiebra, cierre o vaciamiento empresarial y que hoy enfrentan serias dificultades para sostener su actividad.
Además, el proyecto reconoce como de interés provincial el proceso de recuperación de empresas, considerándolo una herramienta clave para garantizar la continuidad productiva.
Medidas para evitar cierres y desalojos
Entre los principales puntos de la iniciativa se contempla la suspensión de acciones judiciales destinadas a ejecutar desalojos sobre fábricas recuperadas mientras dure la emergencia.
También se prohíben cortes de servicios públicos esenciales como electricidad, agua potable y desagües cloacales para las cooperativas alcanzadas por la ley.
En esos casos, las empresas prestadoras deberán implementar planes de pago especiales para regularizar las deudas acumuladas.
Más de 5.000 empleos en juego
Según los fundamentos del proyecto, la provincia de Buenos Aires concentra cerca de 200 empresas recuperadas, que generan alrededor de 5.000 puestos de trabajo bajo modalidad cooperativa.
Estas experiencias productivas se desarrollan en sectores como alimentación, metalurgia, calzado, gráfica, madera y metalmecánica, además de cumplir funciones sociales vinculadas con la educación, la cultura y la inclusión comunitaria.
“No hay que permitir que caiga una sola persiana más”
Durante el encuentro, Juan Martín Malpeli remarcó la importancia de fortalecer al sector frente al complejo escenario económico.
“Frente a la destrucción del trabajo y el ataque a la producción nacional, la provincia de Buenos Aires tiene que ser el escudo y el motor de la recuperación”, sostuvo.
Además, enfatizó que cada empresa recuperada representa “una trinchera de dignidad familiar y eficiencia productiva”, y llamó a evitar nuevos cierres.
Un sector golpeado por la crisis económica
El proyecto también vincula la situación de las cooperativas con el contexto económico nacional, al advertir que la caída de la actividad, el aumento de costos y la precarización laboral impactan de forma directa sobre estas experiencias autogestivas.
En ese marco, la declaración de emergencia apunta a habilitar herramientas extraordinarias de asistencia estatal para sostener la producción y preservar las fuentes laborales.
