LUNES 29 DE JUNIO DE 2026
La semana pasada, Virginia Guardia, que trabajó durante años en los equipos interdisciplinarios de la Justicia Nacional de Menores, se acercó a un juzgado. Lo que escuchó la preocupó: "Me decían, no sé qué va a pasar en septiembre". Era el propio personal de tribunales el que admitía que la transición transcurría sin certezas. "Y septiembre es como decir pasado mañana", advierte.
La ley 27.801, aprobada por el Congreso en marzo, establece un nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de punibilidad de 16 a 14 años para una amplia gama de delitos. La norma contempló una vacancia legal de 180 días para que las provincias adaptaran sus sistemas judiciales, ampliaran centros de alojamiento y reorganizaran recursos humanos. La realidad de cada jurisdicción, sin embargo, es muy dispar.
José Luis Zerillo, subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil del Organismo de Niñez de la Provincia de Buenos Aires, describe lo que considera la mayor expansión de infraestructura del fuero desde la década del treinta. El eje es un nuevo complejo en Villa Nueva Esperanza, en La Plata, sobre las calles 520 y 203: cinco módulos de 20 plazas cada uno, más un módulo de enfermería y un edificio en recupero para escuela.
“Es, sin lugar a dudas, el complejo más grande que se está construyendo al mismo tiempo”, dice Zerillo a El Auditor.info, y anticipa que los primeros módulos se entregarán en julio, con el resto escalonado hasta comienzos de 2027. En paralelo, se trabaja en la recuperación de los dispositivos Eva Perón 1 y Eva Perón 2, dentro del mismo predio de Villa Nueva Esperanza, y en ampliaciones en dispositivos del conurbano en Lomas de Zamora y en La Matanza.
Zerillo aclara, sin embargo, que el Ejecutivo provincial opera en un rol subsidiario respecto del Poder Judicial. "En realidad es el Judicial quien determina quiénes van a ser privados de su libertad o van a tener alguna medida de restricción. El organismo provincial de niñez y adolescencia no hace más que dar cumplimiento a esas medidas". Y agrega un dato que ilustra la dimensión actual del problema, incluso antes de que entre en vigor la nueva ley: hoy hay 55 chicos menores de 16 años -no punibles bajo la legislación vigente- privados de libertad mediante medidas de seguridad. "Esta es la condición actual en la que se encuentran hasta que entre en vigencia la ley federal de Baja de Imputabilidad el 5 de septiembre de este año", señala.
En la Ciudad de Buenos Aires, Nicolás Echarri, director del área de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño, también presenta preparativos concretos: desarrollan un nuevo centro socioeducativo de régimen cerrado con capacidad para 50 adolescentes, ubicado en Dávila y Baldomero Fernández Moreno, a continuación del actual centro San Martín. El nuevo espacio incorporará psicólogos, trabajadores sociales, abogados y, como novedad, psicopedagogos.
Sobre la figura del supervisor prevista en la nueva ley -que el Gobierno nacional financiará para el ámbito federal y porteño-, Echarri reconoce que es todavía una incógnita: "No tenemos mucha idea; supongo que las misiones y funciones serían parecidas a las del delegado actual".
Por su parte, Gabriel Lerner, ex secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, subraya que lo que se construye en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires es la excepción, no la regla. Las partidas nacionales asignadas cubren solo esa figura del supervisor y una ampliación presupuestaria para la Defensoría Nacional, ambas circunscriptas al ámbito federal. "El 90 y pico por ciento de los delitos que están en todo el interior quedan sin respaldo presupuestario específico", dice. Zerillo lo confirma en términos más duros: la ley fue aprobada "en tiempo récord, licuando toda posibilidad de profundidad de debate, y sin ninguna previsión presupuestaria".
La ampliación de la punición que introduce la ley opera en dos dimensiones. La primera es la más conocida: jóvenes de 14 y 15 años que antes quedaban fuera del circuito penal ahora quedarán dentro. La segunda es menos visible: una serie de delitos con penas máximas de hasta dos años -lesiones simples, amenazas leves, hurto, daño- que antes eran impunibles para cualquier menor de 18 años, ahora pasarán a ser perseguibles. "Si en una escuela un chico por vandalismo rompe un vidrio, no sería delito hasta el 6 de septiembre. Pero a partir de esa fehca sí lo va a ser", ejemplifica Lerner.
Su pronóstico es de escalada progresiva. Primero, cree, se dará un aumento marcado en la cantidad de causas, concentrado en delitos de escasa lesividad; luego, con el tiempo, un crecimiento en la tasa de encierro, empujado por la reiterancia y los mecanismos de agravación que prevé la norma. Hoy hay entre 1.200 y 1.300 jóvenes privados de la libertad en el país. Ese número, anticipa, subirá. Zerillo coincide: "Esto va a generar un aumento de la población que va a ver alguna forma de restricción de su libertad", aunque aclara que "el pulso del aumento de esa población objetivo lo va a dar el Poder Judicial".
Lo que no subirá, según Lerner, es la seguridad pública. Durante el debate legislativo presentó estadísticas que mostraban una reducción del delito adolescente. Ante esos datos, los promotores de la ley cambiaron el argumento. Para ilustrar la paradoja del punitivismo, Lerner apela a un dato de largo plazo: cuando Argentina tenía 30 millones de habitantes, había 30.000 personas privadas de la libertad. Hoy, con una población que creció un 50%, hay 150.000 presos: un aumento del 500% en la tasa de encarcelamiento. "Lo más probable es que la mayoría piense que hoy hay menos seguridad", dice.
Hay una omisión que, para Lerner, resulta definitoria. "Esta ley tiene como 60 artículos y ni uno solo se refiere a la prevención", expone.
Los estándares internacionales en materia de justicia juvenil, anclados en la Convención sobre los Derechos del Niño, sitúan a la prevención como eje central de cualquier política dirigida a adolescentes en conflicto con la ley. La ley 27.801 no la incorpora, pero tampoco articula ningún argumento que vincule la baja en la edad de punibilidad con una eventual reducción del delito.
La provincia de Buenos Aires y la Ciudad construyen. Mientras tanto, en varios juzgados del país todavía no saben bien qué va a pasar el 6 de septiembre.
