Aunque la comparecencia responde a una obligación constitucional, el escenario distó de ser rutinario. La oposición llegó con más de 4.800 preguntas formuladas por escrito —de las cuales el Ejecutivo respondió poco más de 2.100— y con una estrategia para sostener el orden en el recinto y evitar que la sesión se desborde en cruces permanentes. Sin embargo, el clima político se mantuvo tenso durante toda la jornada, que se extendió por varias horas y combinó gestión, defensa personal y disputa discursiva.
Tras un breve cuarto intermedio, el debate continuó con la dinámica prevista: bloques de preguntas de las distintas fuerzas políticas, desde sectores provinciales y de izquierda hasta Unión por la Patria, intercalados con las respuestas del jefe de Gabinete. A medida que avanzaba la sesión, quedó en evidencia que muchas de las respuestas oficiales no lograban despejar las dudas planteadas por la oposición.
En el tramo más álgido de su exposición, Adorni rechazó de manera tajante las denuncias por presuntos conflictos de interés. “Es falso que haya coordinado la aprobación de contrataciones en favor de terceros”, sostuvo, al tiempo que negó vínculos contractuales entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío, así como cualquier participación en expedientes relacionados. Además, insistió en que no existieron contratos entre el Estado y su entorno familiar y que no incurrió en violaciones a la Ley de Ética Pública.
El funcionario buscó trasladar el eje del debate al plano judicial. “Determinar la existencia de incompatibilidades es materia de la Justicia”, afirmó, marcando un límite frente a los cuestionamientos parlamentarios. En esa línea, defendió la actuación del Gobierno y aseguró que la actual administración “respeta la división de poderes” y colabora con las investigaciones, en contraste —según dijo— con gestiones anteriores.
Sin embargo, lejos de disipar las críticas, sus explicaciones alimentaron nuevas dudas. La oposición cuestionó la falta de precisiones en temas sensibles como su patrimonio, los viajes personales y la eventual existencia de beneficios indirectos. Adorni respondió que todos sus gastos privados fueron afrontados con fondos propios y que no existe registro de erogaciones estatales vinculadas a sus actividades personales.
También hizo referencia a las polémicas por viajes junto a su esposa, asegurando que la Justicia ya determinó que “no hubo delito”. Según explicó, ella participó como invitada en el vuelo de salida de una comitiva oficial y regresó en un vuelo comercial, sin generar costos para el Estado. “Se comprobó judicialmente que no hubo ningún gasto”, remarcó, en un intento por cerrar uno de los capítulos más cuestionados de su gestión.
En paralelo, el jefe de Gabinete reconoció haber pedido disculpas públicamente por la controversia, aunque denunció que ese gesto fue utilizado por la oposición como una herramienta política. “Pretenden dar por probada mediáticamente una hipótesis incorrecta”, afirmó, al tiempo que defendió la legalidad de sus declaraciones juradas y señaló que aún no vencieron los plazos para la presentación de la última.
Sobre el cierre, Adorni endureció el tono y fue categórico: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”. Agradeció el respaldo de Milei, de la secretaria general Karina Milei y del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y reivindicó su presencia en el Congreso como un acto de cumplimiento institucional.
Pese al despliegue político del oficialismo y la extensión del informe, la jornada dejó un saldo abierto. Más allá de las definiciones del jefe de Gabinete, buena parte de las preguntas formuladas por la oposición quedaron sin respuestas contundentes, consolidando un escenario en el que las explicaciones oficiales no alcanzaron para disipar las sospechas y el debate continúa trasladándose al terreno judicial y político.
