Según señalaron desde el Partido Justicialista (PJ) bonaerense, la protesta en la calle Juncal y Carlos Pellegrini de la ciudad de Buenos Aires tendrá como eje central el reclamo por los recursos que el Ejecutivo nacional, a cargo de Javier Milei, debe a la provincia, entre ellos, los fondos adeudados para sostener los servicios alimentarios escolares.
“Vemos una indolencia absoluta por parte del Gobierno nacional al no hacerse cargo de obligaciones tan sensibles como las políticas alimentarias: históricamente Nación aportó un 33% del programa del SAE y ahora apenas alcanza el 14%”, detalló el ministro provincial de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quien asistirá este miércoles a la marcha.
En números finos, Larroque advirtió que la deuda nacional asciende a $220.000 millones correspondiente al SAE, y apuntó directamente contra Pettovello por la profundización de la crisis alimentaria en la provincia de Buenos Aires. En rigor, el programa alcanza a casi 2.400.000 niños, niñas y adolescentes en más de 11.000 establecimientos educativos distribuidos en los 135 distritos bonaerense
La marcha de intendentes a la sede de Capital Humano, fue definida en el marco de la última reunión del Consejo del PJ bonaerense, en la que asumió la titularidad el gobernador Axel Kicillof. En el documento que elaboró el partido se denunció un “plan de asfixia” a la provincia y un “desfinanciamiento inédito” por parte de Nación que “se conjuga con indicadores sociales alarmantes”.
Durante la reunión partidaria, que se extendió por más de dos horas el pasado viernes, los intendentes bonaerenses abordaron la necesidad de fortalecer la estructura del PJ mediante la ampliación del padrón de afiliados, a fin de darle peso político al reclamo financiero que la administración de Axel Kicillof mantiene con la Casa Rosada.
De esta manera, la marcha reeditará la protesta efectuada días atrás por la Federación Argentina de Municipios (FAM) hacia el Ministerio de Economía, donde intendentes de distintos puntos del país se movilizaron para reclamar la liberación de fondos retenidos, la reactivación de la obra pública y una recomposición de los recursos ante la caída de la coparticipación.
Esta semana, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la suspensión por 90 días el programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), una de las políticas alimentarias complementarias al programa SAE y destinadas a estudiantes en situación de vulnerabilidad social y vigente desde 2020.
Según precisaron desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, la suspensión por tres meses del programa MESA responde a “consolidar la inversión de los recursos provinciales en el SAE, por ser el eje central de la política alimentaria”.
“La diferenciación entre ambos dispositivos reviste carácter sustancial, en tanto el programa MESA ha probado ser una herramienta eficaz pero accesoria del SAE. Dado el dificultoso contexto económico que se encuentra transitando la Provincia, corresponde consolidar la inversión de los recursos provinciales en el SAE”, manifestaron desde la cartera a cargo de Larroque.
Intendentes bonaerenses amenazan con acudir a la Justicia para que Caputo devuelva los fondos adeudados
En paralelo, los jefes comunales, que integran la Federación Argentina de Municipios (FAM), aclararon que si el ministro de Economía, Luis Caputo, no convoca a una reunión en los próximos días para resolver el flujo de fondos relacionados al mantenimiento de las rutas nacionales, acudirán a la Justicia para denunciar al ministro por “malversación de fondos”. “Está incumplimiento la ley”, alegaron.
Lo que sucede es que, el artículo 19 de la ley 23.966 establece que un porcentaje de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles tiene afectación especifica al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. Por caso, la normativa determina que el fideicomiso puede aplicar hasta el 20% de lo recaudado en infraestructura ferroviaria, debiendo invertir el porcentaje restante en obras viales.
Sin embargo, los intendentes sostuvieron que Caputo retiene los fondos, que deben ser utilizados para reparar y mejorar las rutas nacionales, “y lo destina a la especulación financia vía emisión y pago de bonos, con intereses altísimos, compra de dólares, a fin de favorecer el carry trade”
“La retención indebida de esos recursos que el Gobierno de Javier Milei lleva adelante causa graves perjuicios en las familias argentinas y configura en principio el delito de malversación de caudales públicos”, aseguraron los intendentes bonaerenses.
En detalle, los jefes comunales detallaron que, solo el año pasado, el Gobierno recaudó para el fideicomiso de infraestructura de transporte $3.5 billones. De esa cifra, aproximadamente el 80% va para el fideicomiso de mantenimiento de rutas y de esa suma, otro 80% va para obras viales.
“Eso significa que a Vialidad deberían haberle transferido $2.25 billones, pero, según los propios números de Economía, a Vialidad se le transfirieron sólo $1.2 billones. Es decir, $1.15 billones se dedicaron a otros fines, con muchos indicios de que fueron al circuito financiero”, denunciaron los intendentes.
