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La nueva versión del RIGI, creado originalmente por la Ley Bases, obtuvo despacho de mayoría con 61 firmas durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Industria; y Ciencia, Tecnología e Innovación.

Además del oficialismo, apoyaron el proyecto los diputados del interbloque Fuerza del Cambio (Pro, UCR, MID, Por Santa Cruz), Innovación Federal (Salta+Misiones), Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan).

El Súper RIGI tiene el objetivo de atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y productivos aún no desarrollados en el país. La iniciativa apunta a ofrecer beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, junto con garantías de estabilidad a largo plazo.

Entre los beneficios impositivos se encuentran rebajas en impuesto a las Ganancias, amortización acelerada, posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para IVA, exenciones en derechos de exportación e importación, alícuotas especiales en contribuciones patronales y quita de impuestos locales, entre otros.

Entre las modificaciones para obtener adhesiones, se incorporó entre los "objetivos prioritarios" del Súper RIGI, el incentivo del "desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas o tecnológicas que contribuyan al crecimiento y consolidación de Nuevas Industrias en la República Argentina".

En tanto, sobre la definición y acreditación de esas "nuevas actividades económicas", ello se realizará "conforme a los criterios objetivos y parámetros mensurables que se establezcan en" la reglamentación, es decir, lo deja en manos del Poder Ejecutivo.

Sobre el plazo para presentar la solicitud de adhesión al Súper RIGI, que será de 5 años, contados a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación de la ley, el PEN podrá prorrogar dicho plazo, por única vez, por un período adicional de hasta un año, a computarse desde el vencimiento del plazo establecido, "mediante decreto fundado en una evaluación previa sobre el desempeño del régimen, que deberá ser publicada en forma simultánea con el decreto que disponga la prórroga".

Por otra parte, a los efectos del cumplimiento del monto mínimo de inversión, las inversiones realizadas en Investigación y Desarrollo (I+D) vinculadas al proyecto, se computarán por el doble de su valor. Mientras que la ponderación no podrá representar más del 20% del monto mínimo de inversión. "El excedente de inversión en investigación y desarrollo por sobre dicho límite se computará por su valor nominal", establece.

Como uno de los cambios principales, se prevé un "plan de desarrollo de proveedores locales" que "deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes, de servicios y/u obras para el desarrollo del proyecto equivalente como mínimo al 20% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores correspondiente al proyecto, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad".

También se dispone la creación de un "Registro Público de Proyectos del Súper RIGI", que deberá ser de "carácter público y de acceso libre", bajo la órbita de la autoridad de aplicación.

Durante el debate, en primer lugar, desde el Pro, la diputada Daiana Fernández Molero sostuvo: "Esta nos parece una muy buena ley, especialmente en el contexto y las necesidades que tiene la Argentina, que necesita normalidad". Y consideró, en esa línea, que el RIGI y el Súper RIGI son "una forma de adelantar esa normalidad".

Al destacar que se buscó "blindar de críticas y hacer más fuerte" la ley, la aliada del oficialismo valoró las modificaciones que se incorporaron -propuestas desde su espacio- y enumeró "el criterio de nueva actividad, la creación del registro público de proyectos y la evaluación antes de prorrogar". Más adelante, aclaró que "esto no es lo mismo (que el régimen fiscal) de Tierra del Fuego, no tiene nada que ver; este régimen se defiende solo, así que mientras más luz le podamos aportar, mejor".

En contra del proyecto oficialista, el diputado de Unión por la Patria Mario "Paco" Manrique opinó: "Más que un proyecto de ley, como está redactado y más allá de las modificaciones, parece un contrato de locación o un contrato entre particulares. Un contrato entre grandes corporaciones del mundo tecnológico que quieren comprar una estancia y el patrón la quiere vender a precio vil".

"Cualquier régimen de promoción industrial tiene beneficios y obligaciones", apuntó, y señaló que éstas últimas, para los inversores, "se expresan en beneficios para la Nación, como desarrollo, empleo, reinversiones". Sin embargo, "todas cuestiones en el proyecto de ley no existen", resaltó. Y agregó que la iniciativa "choca con la Constitución Nacional en no menos de 10 artículos", al tiempo que "desequilibra y es injusto con la industria argentina".

Aliado de La Libertad Avanza, el diputado del MID Eduardo Falcone reveló que él pidió por dos cambios: uno, que la baja de la tasa de impuestos estuviera condicionada a la inversión en investigación y desarrollo; y, segundo, "que se incluyera una cláusula que exige, entre los requisitos, que el plan de negocios tiene que incluir un compromiso, una inversión en proveedores locales de al menos el 20% del total del proyecto". "El Gobierno aceptó el segundo pedido", afirmó, mientras que el otro de manera parcial también fue incluido, dijo.

Luego, remarcó que el Súper RIGI "no es exclusivamente para inversores extranjeros. Ojalá haya inversores nacionales que también confíen en nuestro país". "Lo que acá importa es que se inviertan miles de millones de dólares en nuestro país lo más rápido posible", agregó.

En contraposición, el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, enfatizó que "hay 75 mil empleos perdidos en la industria y ustedes están queriendo dictaminar un proyecto sobre industrias potenciales que no sabemos cuáles son". Sobre el proyecto, aseguró que "afectan las autonomías de las provincias como lo afectaron en el RIGI original, porque se mete con los tributos provinciales y municipales también".

Además, cuestionó que "hay una delegación enorme de facultades en el Poder Ejecutivo. ¡Le están dando un cheque en blanco al Poder Ejecutivo!".

El santafesino también se refirió al costo fiscal y advirtió que las desgravaciones de impuestos para las nuevas inversiones van a tener incidencia en futuros presupuestos. Al tiempo que puso como ejemplo que cumplir con el presupuesto universitario votado por el Congreso "son 1.400 millones de dólares al año, mientras que la desgravación en un año del RIGI supera a la guita que necesitaríamos para garantizar la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario".

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño observó que "este régimen exclusivo de privilegios contradice un poco el discurso de libertad del propio Gobierno". Al hablar de los "enormes beneficios" fiscales que tendrán quienes se adhieran, alertó que la reducción de contribuciones patronales implica "el desfinanciamiento del sistema previsional".

Mientras que más adelante, denunció: "Palantir, una de las empresas que se beneficiaría con este régimen, está vinculada al sistema de inteligencia norteamericano que tiene que ver con el ICE, que reprime a las personas inmigrantes; también lo han utilizado en Israel contra el pueblo palestino en el genocidio en Gaza, lo han utilizado en la guerra de Irán. Este régimen especial es para que las empresas de Peter Thiel vinculadas al aparato militar norteamericano puedan desarrollar todo eso. ¿Eso es lo que necesita la Argentina? ¿Eso es lo que necesitan los jubilados, trabajadores y el pueblo que se está muriendo de hambre?".

Integrante de la Comisión de Ciencia, Adriana Serquis analizó que "las palabras ciencia y científicos no aparecen en el proyecto", mientras que hay "una única referencia en el articulado a tecnología y tecnológico". "No hay ningún artículo que fije cláusulas o contraprestaciones como hacen los países desarrollados, ni siquiera nada sobre la cadena de valor o la transferencia de tecnologías", cuestionó.

En este sentido, la legisladora de UP añadió que "a diferencia de otros países, en este proyecto no hay ningún condicionamiento y tampoco hay condiciones ambientales", cuando "sabemos el consumo exagerado de energía que necesitan las empresas de inteligencia artificial y data center".