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En función de los derechos soberanos de nuestro territorio y por la aplicación del principio de “integridad territorial”, ningún Estado extranjero puede comprar parte del territorio argentino, ni por sí, ni por “interpósita persona”.

Ese fue el espíritu con el que la democracia participativa parió la ley 26.737: “Régimen de Protección de Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las tierras Rurales” en el año 2011.

Esta norma “tuitiva” de las tierras rurales argentinas fue la máxima expresión de una voluntad política cimentada en históricos reclamos de asambleas socio-ambientales, entidades representativas de pequeños y medianos productores, partidos políticos, sindicatos y cientos de profesionales y científicos que hicieron escuchar su voz en el Congreso Nacional. La meta era clara: poner freno al proceso de extranjerización y concentración de la tierra argentina que azotaba a la Argentina desde la última dictadura cívico militar.

Leyes débiles y permisibles habían facilitado que millones de hectáreas pasaran a manos de capitales extranjeros y con ellas, fuentes de agua y bienes naturales de alto interés estratégico para la Nación.

La ley 26.737, entre otras especificaciones, determina un porcentaje del 15% para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, penaliza la figura del testaferro y prohíbe que se adueñen de predios con fuentes de agua dulce o ubicados en áreas de fronteras por cuestiones de soberanía y seguridad nacional.

Sin embargo, en plenas vacaciones de invierno y en medio del Mundial de futbol, la historia se repite: No es el mismo caso ni las circunstancias, pero la sombra de lo que ocurría en los centros clandestinos mientras transcurría el “Mundial 78” no dejará de oscurecer el recinto del Senado de la Nación en las próximas horas.

Este próximo 16 de julio de 2026, será la fecha en que varios Senadores permitirán el irreversible remate de patrimonio argentino al “mejor postor”. A partir de allí, ninguno de ellos, podrá esquivar el rótulo de INFAMES TRAIDORES A LA PATRIA, delito tipificado en los arts.214/215 “a” del Código Penal.

Pero el ataque a la ley de tierras no comenzó con Milei. Se inició cuando el ex presidente Mauricio Macri dictó silenciosamente el decreto 820/2016, flexibilizando el contenido y alcance de la ley 26.737.

En la Provincia de Río Negro, el año 2017 fue un mojón en el nuevo proceso de extranjerización de tierras que incluyó el ingreso de nuevos actores provenientes de países del Golfo Pérsico camuflados bajo figuras jurídicas que comenzaron a aparecer como hongos en el paisaje cordillerano.

El nuevo fenómeno muestra que, a partir de ese año, son los propios ESTADOS extranjeros, quienes, mediante maniobras y triangulaciones, compraron tierras utilizando como pantallas “personas humanas o jurídicas interpuestas” constituidas en nuestro país, simulando en forma ilícita y fraudulenta una “nacionalidad figurada” con la finalidad de infringir la legislación vigente. (art. 6 ley 26.737).

El contexto nacional fue propicio. Las negociaciones con el Estado de Emiratos Árabes Unidos y con Qatar comenzaron a desenvolverse como engranajes bien aceitados y a la vista de todos: viajes y visitas oficiales, fotos por doquier, la presencia inesperada en el Congreso Nacional de Jeques árabes, la llegada de las máximas autoridades de ambos países a sus “posesiones” en Argentina, entre otros actos que no pasaron desapercibidos, siempre con el motivo supuesto del fomento a “nuevas inversiones” en el país. Quizá lo que no se dijo fue lo obvio para el pueblo argentino: el verdadero fin fue diseñar una arquitectura de entrega eficiente, y para ello, era necesario destruir los escollos existentes para dar vía libre a extranjeros para la compra de tierras con presencia de agua dulce, de litio, de oro, petróleo, gas, “tierras raras”.

Entre esos obstáculos a destruir, no solo cuentan las comunidades indígenas que ocupan ancestralmente su territorio, sino la incómoda ley 26.737.

La conclusión es que, luego de aquel decreto de Mauricio Macri y transcurridos 10 años desde entonces, más de 70.000 hectáreas de nuestro territorio rionegrino ya pertenece a Estados Extranjeros. Allí rigen leyes propias y aunque el gobierno local se niegue a investigar y a recuperar la soberanía perdida en su propio territorio, lo cierto es que ninguna autoridad constitucional puede traspasar sus límites.

Por ello, lo que suceda en el Congreso de la Nación en las horas siguientes será clave para “blanquear” estas operaciones inmobiliarias fraudulentas y profundizar el proceso de entrega del territorio.

A través del juego del “tome y daca” que ha caracterizado la noción de “federalismo” del Gobierno de Javier Milei- el Senado se apresta a votar el nuevo proyecto de ley –que con el pomposo nombre de “inviolabilidad de la propiedad privada”, ataca el corazón de la ley Ley 26.737.

Si el proyecto de ley es votado favorablemente, los Senadores y senadoras que lo permitan ejecutarán un hecho claramente dirigido a someter a la Nación al dominio extranjero, menoscabando en forma irreversible la independencia y la integridad territorial de la Patria. La historia no los absolverá.