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En 2030, a la Argentina le tocará responder por los compromisos ambientales que el país asumió  a nivel internacional. Faltan cuatro años, pero esta investigación revela que ya no hay tiempo. Los datos y fuentes consultadas indican que, como mucho, la Argentina podrá decir que está en marcha o exhibir resultados parciales, pero no que cumplió con el objetivo de restauración de los bosques que se había trazado. 

En diciembre de 2019, al presentar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la estrategia de Neutralidad de la Degradación de las Tierras (NDT), el Estado argentino incluyó una promesa para mejorar la salud de sus ecosistemas forestales: restaurar 200.000 hectáreas de bosques nativos degradados para el final de esta década.

El Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos (PNRBN), diseñado en 2017, fue la herramienta propuesta para alcanzar la meta. Este programa preveía llegar a 2023 con un piso de 18.000 hectáreas en restauración, para luego escalar hacia el gran objetivo de las 200.000. 

En los hechos, el Plan no terminó de arrancar. Tras un llamado a proyectos piloto y dos convocatorias a nivel federal —entre 2017 y 2022—, esta iniciativa quedó inactiva. En ese período se ejecutaron 43 proyectos en 15 provincias, según la información obtenida a través de una solicitud de acceso a la información pública, que en conjunto no superaron las 3.500 hectáreas. En el documento remitido a esta investigación, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación señala que “el PNRBN (Resolución 267/2019) continúa vigente, aunque actualmente no cuenta con financiamiento específico”.

“El PNRBN fue mucho ruido y pocas nueces. Aguantó unos cuantos proyectos, que se planteaban a través de ONGs. Fue puro anuncio marketinero”, refiere Leonardo Collado, Director de Ordenamiento Territorial y Gestión de Ambientes Forestales de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

La falta de fondos —que provenían principalmente de la Ley de Bosques (N° 26.331) y, en segundo lugar, de fuentes privadas— complicó la expansión de la iniciativa.

Una década para restaurar lo perdido en un año

Con el estancamiento del PNRBN, también quedó trunca otra de sus tareas: la creación de un sistema que monitoree la restauración a nivel nacional. Hoy el Estado mide cuántas hectáreas de bosques se pierden, pero se desconoce cuánto se recupera. 

“Además de dificultar el rastreo de los proyectos, esto implica que la Argentina pierde la capacidad de registrar en los inventarios de gases. Hay capturas de carbono que no está reportando”, señala Lucía Lazzari, Coordinadora de Biodiversidad de Fundación Vida Silvestre. 

El pico de pérdida de bosques nativos en 2020 —más de 330.000 hectáreas— relegó las tareas de restauración. Según Lazzari, las autoridades del sector Ambiente priorizaron poner los recursos en tareas de fiscalización y monitoreos para intentar frenar la deforestación.   

Aunque en los años posteriores disminuyó la pérdida, la velocidad de la destrucción superó largamente al ritmo de la restauración. Según datos del Centro de Información Ambiental (CIAM), entre 2018 y 2024 se perdieron, en promedio, 202.000 hectáreas por año. Es decir, en un año la Argentina pierde una superficie de bosques equivalente a la que prometió restaurar en una década. En términos comparativos, se podría decir que se destruyen casi 10 ciudades autónomas de Buenos Aires cada 12 meses. 

Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) publicado en abril de 2026 identificó otro problema: la falta de articulación entre agendas. Al evaluar la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 15.2 —que aborda la gestión sostenible de los bosques— el organismo encontró que la Argentina no vinculó ese objetivo con las metas voluntarias NDT (Neutralidad de la Degradación de las Tierras) presentadas ante la ONU, pese a que contribuyen a su cumplimiento. Entre ellas está la de restaurar 200.000 hectáreas para 2030.

En respuesta a otra solicitud de AIP formulada en el ámbito de esta investigación, la AGN informó que la Subsecretaría de Ambiente de la Nación aún no ha presentado un plan para regularizar las observaciones y recomendaciones destinadas a evitar que estas metas ambientales se gestionen de forma aislada.

Con el PNRBN paralizado, el peso de la restauración recayó principalmente en los planes que se aprueban en las provincias. ¿Qué se viene haciendo en ellas?

Una ley sin fondos

La sanción de la Ley de Bosques en 2007 buscó regular las intervenciones de los titulares de predios con bosques nativos. La norma exige que cualquier acción en estas áreas se ajuste a planes de conservación, manejo sostenible o cambios de usos de suelo acordes a la categoría asignada por el ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) provincial. 

Frente a los planes que habilitan el aprovechamiento sostenible, son pocos los propietarios que apuestan por presentar proyectos de restauración. “La formulación de un plan es responsabilidad del titular del predio. La mayoría de bosques nativos están privatizados, son campos productivos y, entonces, hay conflictos”, describe Lorena Suárez, Directora de Bosques de la Provincia de Buenos Aires.

Restaurar implica restringir parcial o totalmente el uso productivo de un territorio. “Restaurar tiene un costo elevado en relación al beneficio que puede obtener el usuario de esa tierra”, apunta Ariel Medina, especialista en bosques de Fundación Vida Silvestre.

En la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional de La Libertad Avanza, el área ambiental perdió jerarquía dentro de la estructura del Estado. El entonces Ministerio fue absorbido por la cartera de Interior y, posteriormente, quedó integrado en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes que depende de la Jefatura del Gabinete de Ministros.

Los planes que se aprueban en cada provincia se financian principalmente con los fondos de la Ley de Bosques. Es decir, dependen de los recursos de esta política macro. 

La Ley de Bosques establece que las partidas para el Fondo Nacional para el enriquecimiento y la conservación de los bosques nativos “no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional”.

En 2026, la protección de los bosques nativos contó con $17.468 millones. Lo asignado representa apenas el 0,0107% del presupuesto nacional, es decir, 28 veces menos de lo que corresponde por ley.

“En el último período de Alberto Fernández (ex jefe de Estado) llegamos a tener el 10% de lo que debería recibir el fondo. Fue un salto, pero luego volvimos a bajar a menos de 4%”, advierte Medina.

Eva Ceballos, directora de Recursos Forestales de Neuquén, vive a diario el desfinanciamiento. La reducción del personal derivó en que hoy tengan para el monitoreo un técnico cada 400 km de bosques. “Dependemos 100% de la Ley de Bosques. Los recortes impactan directamente en los proyectos. No estamos en un buen momento”, sostiene. 

Entre lo perdido y lo recuperado, faltan respuestas

Ante la falta de un sistema que monitoree la restauración en el ámbito nacional, para esta investigación se solicitó el acceso a información pública a los organismos encargados de ejecutar la Ley de Bosques en las 23 provincias y a instituciones nacionales. El objetivo fue conocer la relación entre lo que se pierde y lo que se recupera de bosque nativo desde el año 2018, punto de partida del compromiso 2030.

A partir de las respuestas recibidas surge que en provincias como La Pampa se restauraron 4.513 hectáreas de bosque frente a las 70.868 que se perdieron entre 2018 y 2024 (último año de reportes oficiales). En Entre Ríos, el área boscosa se redujo en 30.912 hectáreas, mientras que sólo se recuperaron 2.478.  En Santa Fe, durante el periodo referido, desaparecieron 16.161 hectáreas de bosque y se rehabilitaron apenas 754,35.

Hasta el cierre de la investigación, 12 provincias no habían respondido (Catamarca, Chubut, Córdoba, Formosa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán). Los pedidos se remitieron entre agosto e inicios de septiembre de 2026, superando a la fecha de la publicación los plazos de prórroga establecidos por las leyes de transparencia. Un caso particular fue la Dirección de Bosques de Chaco -que pese a ser la Autoridad Local de Aplicación de la Ley 26.331- informó que “el Departamento no cuenta en sus archivos ni bases de datos con la información técnica y operativa solicitada”. 

Desde Jujuy, Roberto Quintana, director de Bosques y Manejo y Uso del Suelo, refiere que tampoco se conoce el alcance de los proyectos de restauración, ya que históricamente no fueron sistematizados en esa provincia norteña. El funcionario indicó que la consulta de este equipo de FOCO Bootcamp activó “la necesidad de ampliar este tema y buscar la forma de desarrollar una base de datos”. 

También se consultó a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación por los planes de restauración de cada jurisdicción. Dos meses después de haber remitido el pedido AIP, el organismo reportó un listado de 2.147 planes -presentados entre 2018 y 2026- que consideran alguna acción de recuperación. Sin embargo, el organismo refiere que no es posible diferenciar en estos proyectos cuántas hectáreas se encuentran bajo recuperación y cuántas bajo otra actividad de manejo forestal. “No hay información de superficie efectivamente restaurada”, dice el texto. 

No se obtuvo una entrevista con algún especialista de la Subsecretaría pese a solicitarla vía correo electrónico a la Dirección Nacional de Biodiversidad, Relaciones Ambientales y Cooperación en cuatro oportunidades. 

“Es muy difícil dar con la información sobre lo que financia la ley. Son 23 jurisdicciones que reportan a la Nación de manera desordenada y, muchas veces, bastante incompleta”, sostiene Ariel Medina, de Vida Silvestre.  

Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y San Luis son las provincias qué más bosque nativo perdieron en los últimos ocho años, según el Centro de Información Ambiental (CIAM). En cuatro de estas jurisdicciones (la excepción es Formosa) los organismos reguladores de los bosques se encuentran en la órbita de ministerios de Producción. 

Lucía Lazzari refiere que si bien la Ley 26.331 también considera fines productivos, dentro de la gestión de los bosques “el principal objetivo es conservar y eso es lo que debe prevalecer”. 

En la Provincia de Buenos Aires, la aplicación de la ley cambió sustancialmente en 2022, con la creación de la Dirección de Bosques dentro del Ministerio de Ambiente. Como organismo encargado, ya realizó tres convocatorias para que los propietarios presenten planes. “Nuestro foco es empezar a entender el territorio desde los bosques”, refiere la directora Suárez. 

Emprendimientos alternativos invisibilizados

La falta de monitoreo tampoco permite que se conozcan las iniciativas de restauración que se realizan de manera particular, con fondos por fuera de la Ley de Bosques. 

“Ir año tras año a las Sierras y ver la pérdida fue realmente chocante”, dice Stefania Aballay, vicepresidenta de Acción Ambiental, organización que desde 2020 trabaja en la restauración de bosques de Córdoba.

Mediante el proyecto Comunidades Regenerativas buscan la recomposición de las áreas degradadas -por incendios forestales o acción humana- a partir de la plantación de especies nativas en nueve localidades.

El lugar, las especies y la cantidad de árboles son coordinadas con los gobiernos locales que operan de facilitadores del proyecto. La comunidad participa en las plantaciones, pero también en el crecimiento del bosque, a través de una aplicación móvil que permite monitorear el estado de cada ejemplar. “Es un control a modo de historia clínica del árbol, que fomenta la participación ciudadana y la educación ambiental”, señala Aballay.

ProCLIM-AR es otra iniciativa, a una escala mayor, que busca la restauración en las siete regiones forestales del país. Se desarrolla en el ámbito de un acuerdo bilateral entre los gobiernos de la Argentina y Alemania. La Fundación Vida Silvestre asumió el liderazgo en la ejecución territorial. Los primeros pasos se dieron en Misiones y Chubut. En la provincia del noreste se identificaron las áreas prioritarias a restaurar. Mientras, en la región patagónica ya se plantaron 40 hectáreas de bosques en el Área Natural Protegida Nacientes del Río Tigre. 

A las puertas del año 2030, Lucía Lazzari dice que toca actuar. “Perder los bosques significa también perder los servicios y las funciones que estos ecosistemas brindan para sostener la actividad productiva”, refiere la bióloga.  

Ordenar el territorio desde una perspectiva ambiental asoma como un imperativo para los especialistas. Del otro lado, el sector gubernamental, las decisiones se hacen esperar y las promesas no pasan del papel a la acción.

Microhistoria en Entre Ríos

La restauración: regla en la ley, excepción en la práctica

A comienzos de 2025, Valeria Enderle detectó -mediante imágenes satelitales- que porciones de bosque nativo venían siendo borradas en Villaguay (Entre Ríos). Tras contrastar este hallazgo con pobladores locales, presentó una demanda con la Fundación Cauce, que dirige, para frenar el desmonte. 

La acción judicial fue dirigida contra Salentein Argentina BV, Martín Fernando Beglinomini, Cristian Luis Stertz y Jorge Rodríguez, propietarios del terreno involucrados en el negocio agropecuario. El caso logró una sentencia favorable a Cauce, pero la condena todavía está en vías de ejecución.

Los desmontes ilegales en este predio del Espinal entrerriano comenzaron a mediados de 2024. “Detectamos que aparecían principalmente en la categoría amarilla o roja del OTBN, donde están prohibidos”, advierte Enderle.

En la inspección judicial se encontraron franjas arrasadas de 50 metros de ancho. La jueza María Giachello confirmó, a partir de un informe técnico de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), que la pérdida superaba las 125 hectáreas.

Desde Cauce insistieron en que la sanción no fuera sólo económica, sino que también conllevara la restauración del bosque. “Era necesario que repararan el daño que habían hecho”, señala Enderle. Según la abogada, las multas no tienen relevancia porque los empresarios pueden tomarlas como un costo más dentro de la producción. 

El 18 de agosto de 2025, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ordenó la recomposición ambiental en la zona. “Lo que más cuesta una vez dictada una decisión ambiental es la ejecución de esa sentencia”, comenta Enderle. 

El artículo 40 de la Ley de Bosques dispone que si un bosque nativo es degradado por desmontes ilegales o incendios debe garantizarse su restauración al estado original. Enderle refiere que, en la práctica, esta regla se convierte en una excepción: “como la misma autoridad (en esta caso la Coordinación de Bosques Nativos provincial) no controla, no se exige ninguna recomposición”. 

En la zona deforestada predominaban árboles como los ñandubay y espinillos. A la vez que era hábitat de zorros, aguará guazú y mulitas. La activista refiere que si ella detectó el desmonte, vía imágenes satelitales, sin ir al lugar, el Estado provincial pudo haberlo hecho desde el inicio. “No hay voluntad para controlar”, apunta. 

Tras idas y vueltas en la elaboración del plan de recomposición, se elaboró el documento con aporte de universidades. Los demandados serán los responsables de restaurar el bosque. Un análisis técnico determinará si la regeneración se hará de manera natural o si deberán realizarse plantaciones en las zonas más afectadas por las topadoras y la compactación del suelo.

Desde la Fundación Cauce refieren que, junto con pobladores locales, vigilarán el cumplimiento efectivo de la orden judicial para que el bosque recupere su estado original.