En este contexto, las estaciones que operan bajo contratos 'firme' seguirán vendiendo GNC con normalidad, aunque a un precio más alto, ya que esa modalidad garantiza el suministro. En cambio, quienes operan con contratos 'interrumpibles' —más económicos pero sin garantía de abastecimiento— son los alcanzados por la restricción.
La aplicación de la medida queda en manos de cada estacionero. Superar el volumen contratado en firme implica sanciones económicas, con multas equivalentes al valor de un litro de nafta súper por cada metro cúbico excedido, según datos del sector. Mientras tanto, la demanda prioritaria —hogares, hospitales y clubes— ronda los 50 millones de m³ diarios, con unos 14 millones correspondientes al AMBA.
El escenario se complejiza por factores internacionales y decisiones locales. El aumento del precio del GNL en medio de la guerra en Medio Oriente y la falta de compras anticipadas por parte del Estado generan incertidumbre. Tras descartar una licitación por sus costos, el Gobierno optó por abastecerse en el mercado spot, lo que deja abierto el interrogante sobre el suministro durante los meses de mayor consumo.
Por último corresponde señalar que esta situación es también resultado de una licitación fallida. Es que el Gobierno había planteado que, tanto la importación, como la regasificación, operación y riesgo comercial del GNL, quedara en manos de un privado, proceso que despertó el interés de dos compañías internacionales (Trafigura y Naturgy). Sin embargo, el proceso quedó nuevamente en manos de Enarsa. Tiempos y costos habría demorado el esquema, que se espera se implemente en 2027.
