«Es alentador ver a la Argentina dar un paso firme y técnico para proteger su infraestructura crítica de telecomunicaciones«, escribió en X el embajador estadounidense Peter Lamelas.
La Disposición 7/2026 se publicó en el Boletín Oficial y fue firmada por Walter Fabián Agüero, director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC). La regulación alcanza al Sector Público Nacional, incluidas las empresas y sociedades estatales, cuando compren, contraten, instalen u operen ese equipamiento. Cada organismo deberá incorporar los requisitos en sus pliegos y contratos, con exigencias proporcionales a la criticidad de los equipos.
El esquema toma como referencia la SCS 9001, una norma desarrollada por la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA) de Estados Unidos para evaluar cómo fabricantes y proveedores gestionan la seguridad de la cadena de suministro. Los controles abarcan el diseño y la fabricación, el origen de los componentes, la distribución y la instalación. También contemplan las actualizaciones de programas, el soporte técnico y el retiro de los equipos; la certificación de procesos no reemplaza la evaluación técnica de cada dispositivo.
Entre las herramientas previstas figura un inventario de los componentes de los programas informáticos y de los programas internos de los equipos, con sus versiones, proveedores y dependencias. Ese registro permite establecer qué dispositivos podrían estar afectados si se detecta una vulnerabilidad en alguno de sus componentes. Dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigencia, el CNC deberá identificar las infraestructuras críticas de información y clasificar las categorías alcanzadas. Los requisitos regirán para las compras o contrataciones iniciadas una vez transcurrido ese plazo; los equipos ya instalados podrán quedar sujetos a planes de adecuación según su criticidad, exposición, ciclo de vida, soporte y riesgo.
La extensión al sector privado y la disputa con China
La disposición no nombra compañías concretas ni excluye países o fabricantes por su nacionalidad. Tampoco obliga hoy a las empresas privadas ajenas al Estado a cumplir los requisitos: el artículo 9 comunica la medida al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para que evalúe si los extiende a la homologación de materiales y a las obligaciones de los licenciatarios de servicios TIC. El organismo está intervenido por el Gobierno Nacional desde enero de 2024. En publicaciones de la TIA, Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua, Hytera y DJI, entre otras empresas de China, aparecen señaladas como compañías que no cumplen los estándares para recibir las certificaciones pertinentes.
Fuentes oficiales atribuyeron los cambios a un pedido expreso de la Casa Blanca para limitar el acceso de empresas chinas a un área estratégica, además del objetivo de elevar la seguridad de la infraestructura. La preocupación de Washington por esos sistemas venía repitiéndose desde hacía meses, en público y en privado. Dos semanas antes de la publicación, durante su visita a la Argentina, el subsecretario de Estado Christopher Landau anunció que Washington financiaría un programa de 15 millones de dólares para «ayudar a la Argentina a establecer un Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad», dentro del ámbito del CNC.
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la protección de la infraestructura digital en países en desarrollo señaló que Paraguay aplicó la SCS 9001 en una licitación de redes 5G con el objetivo de «impedir, en la práctica, que las empresas chinas compitan en las licitaciones, sin necesidad de excluirlas explícitamente».
En el mensaje en X donde celebró la decisión, Lamelas escribió: «Es alentador ver a la Argentina dar un paso firme y técnico para proteger su infraestructura crítica de telecomunicaciones. Un mercado libre no debe ser un mercado ciego: la seguridad de las cadenas de suministro y la adopción de estándares internacionales brindan la certidumbre que el capital privado necesita para invertir a largo plazo». El asesor presidencial Santiago Caputo volvió a ocupar un papel central como mediador entre el Gobierno Nacional y Washington y quedó al frente de áreas como ciberseguridad y telecomunicaciones, además de represas y el plan nuclear, principalmente Atucha.
