En total, el Ejecutivo concreta la baja de 72 oficinas en 16 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con un plazo improrrogable de 60 días hábiles para completar el proceso y reasignar los dominios a otras sedes que permanezcan abiertas.
La medida se enmarca en el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, que el Gobierno viene ejecutando desde 2023 con el objetivo final de que la totalidad del sistema funcione de manera online bajo la órbita de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA).
Según explicaron fuentes del Ministerio de Justicia, el cierre de oficinas será paulatino y convivirá con la atención presencial en puntos estratégicos de cada provincia hasta que las transferencias digitales superen a las presenciales. La provincia de Buenos Aires es la más afectada, con 19 registros dados de baja (incluyendo sedes en Quilmes, Merlo, General Rodríguez, San Pedro, Azul, Balcarce y Tandil), seguida por Santa Fe con 12, Córdoba con 10 y la Ciudad de Buenos Aires con 7.
El impacto sobre el empleo
El Sindicato de Trabajadores de los Registros del Automotor, Motovehículos y Afines (SATRAMM), que conduce Martín Lomba, advirtió que la eliminación del sistema de registración amenaza la seguridad jurídica y pone en vilo a 40.000 familias.
La entidad gremial ya había alertado que el objetivo del Gobierno es eliminar la totalidad de los registros seccionales, que emplean a 12.000 trabajadores en todo el país, y que el cierre del 40% de las dependencias podría derivar en el despido inminente de alrededor de 4.000 empleados.
El impacto en los usuarios
Para los usuarios, el cierre de los registros implicará un cambio en la forma de realizar los trámites. La Dirección Nacional deberá reasignar los dominios de las oficinas suprimidas a otras dependencias, y los ciudadanos podrán consultar en la web oficial de la DNRPA a qué registro pasa su legajo y gestionar las transferencias de manera online. Sin embargo, la transición no estará exenta de dificultades: la digitalización total del sistema aún no está completa y la convivencia entre la atención presencial y la virtual podría generar demoras.
