La reactivación de la medida de fuerza se produjo en simultáneo con la implementación de nuevas normativas de contingencia emitidas por el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
A través de un reporte institucional, la rectora del establecimiento, Valeria Bergman, ratificó la vigencia de la protesta y aseguró que la conducción acatará las disposiciones ordenadas por el Consejo Superior de la UBA.
Bajo estos lineamientos, se garantizó que un cuerpo de docentes y directivos permanecerá de manera constante dentro del inmueble de la calle Bolívar mientras dure la permanencia de los alumnos fuera del horario escolar habitual.
Esta disposición técnica se encuadra en la resolución "RESCS-2026-730-E-UBA-REC". Además, la normativa también obliga a reportar de forma continua el cuadro de situación a los adultos responsables y la posterior reprogramación de las jornadas escolares perdidas.
Como consecuencia directa del nuevo cese de actividades forzado por los estudiantes, Bergman comunicó la paralización total de la agenda académica, administrativa y de los talleres extracurriculares hasta tanto se restablezcan las condiciones normales de funcionamiento. "Como ya lo hemos hecho en situaciones similares, solicitamos a las familias que reflexionen junto con sus hijos e hijas sobre los riesgos y responsabilidades que implica tomar este tipo de acciones de protesta", señalaron desde el equipo de conducción, al tiempo que pidieron a los padres a retirar a los alumnos para salvaguardar su integridad física en la vía pública.
Pese a las fricciones operativas que genera la toma, la conducción del CNBA coincidió con el trasfondo de los reclamos generales del sector, manifestando que tanto la plena vigencia de la postergada Ley de Financiamiento Universitario como la actualización de los haberes salariales del personal docente y no docente representan demandas urgentes e impostergables.__IP__
En ese sentido, las autoridades concluyeron que se mantendrán los canales de diálogo institucionales con los distintos estamentos para coordinar estrategias de defensa de la educación estatal que no colisionen con el derecho a las clases, confirmando que la readecuación del calendario escolar para recuperar contenidos ya se encuentra en proceso de elaboración.
