Las iniciativas fueron presentadas por las senadoras María Rosa Martínez, de Fuerza Patria, y Natalia Quintana, del bloque Hechos-UCR Identidad, respectivamente, y ahora deberán continuar su camino legislativo en otras comisiones de la Cámara alta, que tendrán que darle luz verde antes de su llegada al recinto.
La senadora bonaerense del peronismo es autora del proyecto de ley para crear el “Plan Provincial Integral de Cuidados”, con el fin de articular las políticas públicas en la provincia de Buenos Aires y reconocer con una remuneración a las personas que efectúan trabajos comunitarios tales como educadores populares y cocineras de comedores.
De acuerdo a lo expuesto por la propia Martínez, la iniciativa busca visibilizar especialmente las labores de cuidados no remunerado que históricamente recae sobre las mujeres, como así también jerarquizar el papel de los espacios comunitarios, planteando así al cuidado como una responsabilidad social y un derecho humano.
“Se busca integrarlas en una estrategia común que, de manera progresiva, siente las bases para la conformación de un Sistema Provincial de Cuidados, que garantice este derecho a todo el pueblo bonaerense”, puntualizó Martínez, que preside la comisión de Trabajo y Legislación Social de la Cámara alta bonaerense, el próximo órgano parlamentario que deberá debatir la iniciativa.
Según precisó la senadora en el escrito, las tareas de cuidado que contemplaría la ley refieren al conjunto de actividades y apoyos destinados a las necesidades de subsistencia de las personas, e implican la atención de requerimientos físicos, emocionales, sociales y materiales para el desarrollo de la vida diaria.
En ese marco, las personas alcanzadas son principalmente las educadoras populares, cuidadoras en jardines comunitarios, cocineras, promotoras de salud, promotoras de derechos de mujeres y diversidades y acompañantes en situaciones de violencia de género, al tiempo que forman parte aquellas que realizan cuidados en su hogar o núcleo familiar.
De esta manera, el plan provincial propuesto por la senadora plantea la creación de un fondo “destinado al financiamiento de formación, infraestructura, insumos de los espacios comunitarios de cuidado y remuneración de los trabajos de cuidado”, mientras que el texto parlamentario instituye un “Consejo Provincial de Cuidados” como órgano consultivo y de participación, integrado por representantes de organismos estatales, organizaciones sindicales, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y especialistas.
En los fundamentos del escrito que ingresó al Senado bonaerense, Martínez señaló que el Ejecutivo provincial desarrolló distintos programas para garantizar el derecho al cuidado, especialmente de la niñez, aunque consideró necesario “avanzar hacia un diagnóstico integral y elaborar mapas institucionales que permitan establecer una estrategia común y garantizar un acceso equitativo”.
La comisión de Igualdad despachó la guía de derechos para personas con discapacidad
Por otro lado, la comisión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades y de Discapacidad aprobó por unanimidad la iniciativa de la senadora Quintana (Hechos-UCR Identidad) para crear una guía provincial accesible de derechos para personas discapacitadas, destinada a brindar información actualizada sobre las prestaciones, beneficios y mecanismos de reclamo existentes en la provincia.
En concreto, la iniciativa apunta a fortalecer el derecho a la información de las personas con discapacidad para que puedan identificar el organismo responsable de garantizar las prestaciones. “El reconocimiento normativo de un derecho no resulta suficiente cuando sus destinatarios desconocen su existencia o no pueden identificar el procedimiento necesario para hacerlo efectivo”, afirmó Quintana, titular de la comisión del Senado bonaerense.
Según plantea el texto que ingresó al Senado bonaerense, la Guía Provincial de Derechos para Personas con Discapacidad deberá encontrarse disponible en formatos digitales accesibles, en lengua de señas, audio, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación y en sistema Braille, cuando sea solicitado.
En tanto, las dependencias de la Administración Pública provincial que desarrollen políticas, prestaciones, programas, trámites o servicios destinados al sector, tales como la tramitación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), deberán publicar la guía en sus sitios web y garantizar su disponibilidad en las oficinas de atención al público.
“La incorporación de un sitio web específico y de códigos QR permitirá acceder de manera inmediata a la versión vigente de la información, sin perjuicio de garantizar la entrega en soporte físico o en otros formatos cuando resulte necesario”, puntualizó Quintana.
La iniciativa busca complementar el marco normativo existente, que incluye el Régimen Jurídico Básico e Integral para las Personas con Discapacidad de la provincia, establecido por la Ley 10.592, y la Ley nacional 27.269, que dispuso la elaboración de una cartilla de derechos para personas con discapacidad y su entrega al momento de otorgarse el CUD.
