LUNES 27 DE JULIO DE 2026
Desde Fundación Éforo se advierte desde 2022 que en el mundo del trabajo la “salida de la pandemia” se daba por la destrucción de empleos formales, la multiplicación de los empleos informales y la irrupción de lo que usualmente conocemos como “trabajador pobre” (trabajadores formales que se ubican por debajo de la línea de pobreza).
Ahora comienza a sumarse de a poco la preocupación por el desempleo que, estructuralmente, en los momentos iniciales, impacta mucho más a jóvenes en general y a mujeres jóvenes en particular. "Los jóvenes, justamente, son los más vulnerables. Son los que enfrentan mayores desigualdades y precarización al ingresar al mercado laboral", precisó la vicepresidenta de Éforo, Carla Pitiot.
La informalidad laboral es un problema estructural en el país, pero cuando miramos a los jóvenes, el panorama es aún más preocupante. La informalidad consolida un mercado laboral más precario, con millones de trabajadores fuera del sistema formal. Es decir, sin aportes, sin estabilidad y sin protección social.
Según los últimos datos de INDEC (1º trimestre 2026), el 44,2% de la población económicamente activa tiene un trabajo informal, alcanzando un máximo histórico. Estas personas con trabajos informales están al margen de las normas laborales que protegen al trabajador y que contribuyen al financiamiento de la salud a través de las obras sociales y a la seguridad social mediante los aportes y contribuciones que financian a la ANSES.
6 de cada 10 jóvenes trabajan en condiciones informales.
Ya en abril, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó que en Argentina, 6 de cada 10 jóvenes trabajan en condiciones informales. Argentina presenta hoy una tasa promedio de informalidad juvenil (15 a 24 años) mayor que el promedio de América Latina y el Caribe (68% versus 54%).
La informalidad es, en muchos aspectos, la dimensión más grave y más invisibilizada del problema del empleo joven. Un trabajador informal no percibe aguinaldo, no acumula antigüedad, no puede acceder a asignaciones familiares, no genera aportes jubilatorios, no tiene protección legal ante el despido y no puede acceder a crédito hipotecario formal. Su exclusión del sistema de protección social es total.
El desempleo juvenil en Argentina no es un fenómeno coyuntural sino la expresión visible y persistente de una falla sistémica que atraviesa al menos tres décadas de política económica y educativa.
Actualmente, más de 1.100.000 personas están desempleadas en nuestro país (+33% respecto a 2023), es decir que el 7,8% de la población económicamente activa busca trabajo y no encuentra. Lo que sorprende de los últimos datos de INDEC y que fue recogido por muchos medios es el salto de la tasa de desempleo en tan solo un trimestre (entre el 3º y 4º trimestre del 2025). Pero la situación empeora de manera significativa en los jóvenes (entre 14 y 29 años). El desempleo juvenil casi triplica al desempleo de la población general.
Del 7,8% de desocupación, el 1% corresponde a personas que hace un mes se quedaron sin trabajo y el 2,5% a personas que hace un año no consiguen empleo. Sobre el total de desocupados, el 25,9% corresponde a mujeres de entre 30 y 64 años. El Noroeste es la región con la menor tasa de empleabilidad. En el caso de los jóvenes, la tasa de desempleo aumentó a 16% (16,8% para mujeres y 16,2% para varones).
Luego de aprobada la ley de modernización laboral promovida por el gobierno nacional en febrero de 2026, cada vez que observamos un nuevo informe de INDEC sobre el mercado laboral podemos detectar los primeros efectos en el empleo formal como en los sectores informales del mercado de trabajo en el nuevo marco regulatorio de las relaciones laborales en Argentina.
Según los últimos datos del mercado de trabajo de INDEC, entre diciembre de 2023 y junio de 2026 se perdieron 314.000 puestos de “empleo asalariado formal”. Y si sólo comparamos marzo de 2026 contra 2025, vemos una aceleración del proceso: en ese período la pérdida de empleos llegó a 119.000 empleos. Más preciso se hace el panorama cuando observamos los datos solamente de marzo de 2026, momento en que se registró la pérdida de 7.600 puestos de personas asalariadas registradas en empresas privadas.
Actualmente, más de 1.100.000 personas están desempleadas en nuestro país (+33% respecto a 2023)
En febrero, desde Fundación Éforo realizamos una serie de proyecciones sobre los potenciales efectos de la reforma laboral. En un escenario de supuestos conservadores, la reforma laboral podría generar un incremento de la informalidad de cuatro puntos porcentuales. En apenas tres meses, la informalidad aumentó 1,2 puntos porcentuales, y restan medir aún nueve meses del 2026.
De aumentar cuatro puntos porcentuales la informalidad, esto resultaría en una caída inmediata de los aportes y contribuciones que podría ascender a USD 4.000 millones, lo que actualmente representa entre el 4% y el 5% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Visto de otra manera: por cada punto de informalidad que aumenta en el mercado laboral, el sistema previsional pierde anualmente USD 975 millones. La caída en la recaudación de los aportes y contribuciones colocaría al sistema jubilatorio y de pensiones en una situación crítica, agudizando la fragilidad actual. Hablamos de la crítica situación financiera de PAMI y ANSES, que ven en el corto plazo una reducción de los ingresos provenientes del mundo laboral formal.
En 2025 nos propusimos investigar la problemática que afecta a millones de jóvenes entre 18 y 25 años al momento de transicionar desde la escuela o formación terciaria/académica al mundo del trabajo. Para ello, realizamos una serie de grupos focales para conocer en profundidad qué piensan o cómo viven las juventudes sus primeras experiencias en el mercado de trabajo.
Los jóvenes valoran positivamente la amplitud de experiencias laborales para perfilar el desarrollo de la vocación, y son pocos los que sostienen que la vocación viene desde el nacimiento. Existe una demanda concreta de experiencias educativas y laborales para expandir el conocimiento y con ello tomar decisiones con mayor conciencia y seguridad. A su vez, el descubrimiento de la vocación es entendido como parte de un proceso en el que se combina la suma de experiencia, reflexión y acompañamiento.
Cuando indagamos sobre las expectativas futuras, surge uno de los puntos más importantes del estudio y que, a su vez, da cuenta del profundo cambio en la relación con el trabajo. Al momento de indagar sobre cómo se ven de acá a 5/10 años, casi nadie se proyecta en un trabajo asalariado formal. La mayoría ve al trabajo formal como una utopía irrealizable. Sí se ven combinando varios trabajos en simultáneo, apostando entre ellos a emprendimientos o proyectos personales en un complejo proceso de armonización entre vocación, placer e ingresos.
Y junto con la retirada del trabajo formal como referencia aspiracional de las juventudes, también vemos una nueva tendencia: la idea de que una carrera universitaria ya no es la única forma de acceder a trabajos estables. Aquí nos encontramos con una serie de proyectos laborales que combinan la necesidad de hacer dinero rápido, fácil y sencillo, junto con los imperativos de decidir en contextos de inmediatez que contradicen un proyecto de formación académica que requiere tiempo, esfuerzo, dedicación y dinero.
"El mundo del trabajo está cambiando constantemente, pero debemos pensar políticas públicas para que en esa dinámica los trabajadores estén incluidos y sus derechos laborales garantizados, pero sobre todo que los más jóvenes tengan oportunidades para desarrollarse y aportar su valor", sostuvo Pitiot al reflexionar sobre los desafíos que interpelan a todo el sistema político.
En ese sentido, debemos establecer un enlace más dinámico entre el sistema educativo y el mercado de trabajo. Las trayectorias educativas de los jóvenes juegan un rol determinante en el desarrollo de las personas y, de forma directa, orientan el futuro acceso a los empleos formales y de calidad, que son, en definitiva, los que brindan estabilidad económica y social. Cuando hablamos de escuela y trabajo no hablamos solamente de un título profesional y de un acceso a un ingreso, hablamos de condiciones de vida dignas que están garantizadas por nuestra Constitución Nacional y que aspiran a establecer las bases de desarrollo de un país inclusivo, equitativo y justo.
