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Además de saber si el Gobierno tomó conocimiento de tal situación, los legisladores le solicitan que "indique cuáles fueron las actuaciones realizadas por la Cancillería Argentina frente a esos hechos" y "si el Gobierno presentó o prevé presentar protestas diplomáticas formales ante el Reino Unido y en qué ámbitos internacionales fueron o serán efectuadas".

También, el proyecto de resolución consulta sobre "si se promovieron acciones ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en defensa de los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes".

"Informe si el Poder Ejecutivo ha iniciado o prevé iniciar acciones administrativas, judiciales o sancionatorias contra empresas involucradas en actividades de exploración o explotación de hidrocarburos sin autorización de las República Argentina", agrega.

Asimismo, los diputados reclamaron el detalle de "cuál es la estrategia actual del Gobierno nacional para impedir el avance de actividades unilaterales de exploración y explotación de recursos naturales en el área en disputa" y "toda otra información que considere de interés respecto de los hechos mencionados".

En los argumentos del proyecto -firmado por Guillermo Michel, Kelly Olmos y Moira Lanesan Sancho- resaltaron que estas actividades "constituyen una nueva acción unilateral sobre un territorio y espacios marítimos sometidos a una disputa de soberanía reconocida por la comunidad internacional".

"Toda actividad de exploración o explotación de recursos naturales autorizada unilateralmente por el Reino Unido constituye un desconocimiento de la jurisdicción argentina y una afectación directa de los derechos soberanos de una de nuestras provincias", señalaron.

En esa línea, los legisladores apuntaron que "las actividades de exploración hidrocarburífera desarrolladas sin autorización de la República Argentina vulneran el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales capaces de modificar la situación existente mientras subsista la controversia de soberanía".

"Además, implican la apropiación ilegítima de recursos estratégicos que pertenecen al pueblo argentino y comprometen el desarrollo económico, energético y científico de nuestro país", agregaron.