El conflicto se remonta a principios de los '90, cuando el Estado avanzó con la venta de empresas públicas y creó los Programas de Propiedad Participada (PPP). Este esquema reservaba un porcentaje del capital accionario de las nuevas compañías para los trabajadores, calculado según antigüedad, salario y categoría. La intención era integrar a los empleados como accionistas y hacer socialmente aceptable la privatización de compañías rentables y estratégicas, evitando conflictos laborales y sociales.
Sin embargo, en numerosos casos la implementación fue irregular o directamente inexistente. En Petroquímica General Mosconi, por ejemplo, el personal permanente se organizó para cumplir con todos los requisitos legales del PPP, incluso contratando una consultora a su propio costo para conformar el programa en tiempo y forma. Pero la medida nunca se concretó.
Como recuerda Sergio Hemsani, abogado laboralista y auditor que participó en el seguimiento de los reclamos, “al ser declarada la empresa sujeta a privatización en 1992, todo el personal cumplió con las exigencias establecidas por la ley para el PPP. No obstante, una vez realizada la privatización, de manera totalmente arbitraria, el Estado jamás puso en marcha este programa, configurando así uno de los tantos casos de incumplimiento'.
La etapa de despidos implicó una fuerte reducción de personal, lo que terminó afectando directamente la posibilidad de acceso al PPP para numerosos trabajadores. Hemsani detalla: “Llegada la privatización, la mayoría del personal fue desvinculada mediante un retiro obligatorio con una indemnización limitada. De esta manera se privó del PPP de forma arbitraria y fragmentada”.
Desde una perspectiva jurídica, el abogado Mariano Lovelli, especialista en litigios vinculados a privatizaciones, sostiene que uno de los principales problemas fue la desigualdad estructural en la aplicación del programa. “La principal falla en la implementación del PPP fue que se generaron dos clases de acreedores. Hubo una diferencia clave entre los trabajadores que continuaron prestando servicio en las empresas privatizadas y aquellos que quedaron en el camino por despidos o retiros voluntarios', distingue.
Lovelli señala que, en este proceso, se configuró una aplicación desigual de los criterios: “Quienes lograron continuar trabajando no solo conservaron su empleo, sino que además gozaron de un programa de propiedad participada que, aunque aplicado de manera incorrecta, efectivamente se implementó. Distinta fue la suerte de quienes fueron despedidos o compelidos a aceptar un retiro voluntario, ya que nunca se les aplicó ese programa'.
A pesar de los incumplimientos, numerosos trabajadores iniciaron reclamos administrativos y judiciales para exigir la entrega de las acciones o su equivalente en efectivo. Sin embargo, los pagos no siempre se concretaron. Hemsani explica: “Nunca se dispuso formalmente la no conformación de esta PPP, pero en los hechos tampoco se implementó a pesar de los reclamos administrativos y judiciales presentados en forma individual o grupal. Existen presentaciones legislativas buscando la llamada ‘reparación histórica’, pero a la fecha nunca fueron implementadas'.
En muchos casos, la Justicia reconoció el derecho a recibir una indemnización equivalente al valor de las acciones no entregadas, pero el pago no se realizó en efectivo. En el marco de las normas de emergencia económica, el Estado optó por cancelar esas obligaciones con bonos públicos, como el PR17, instrumentos financieros cuyo valor se modificó con la inflación, sucesivos canjes y conversiones entre distintos títulos. Esto impactó directamente en el monto final percibido por los beneficiarios.
Lovelli cuestiona el alcance real de ese mecanismo: “Toda reparación con bonos siempre va por detrás de lo que realmente hubiera correspondido. Pareciera que no llega a ser una indemnización, porque los montos que terminan percibiendo son inferiores a los indemnizatorios”.
El de YPF resultó un caso que sirve de modelo. Según Lovelli, 'fue paradigmático: se pasó de 36.000 trabajadores a fines de 1990 a poco más de 8.000 a fines de 1993. Hubo alrededor de 8.000 que continuaron y gozaron del beneficio, mientras que cerca de 28.000 no solo perdieron su empleo, sino que además quedaron excluidos del PPP'.
Para el abogado, el derecho al programa debió reconocerse al momento de aprobarse su implementación y no años más tarde, cuando gran parte de la planta ya había sido desvinculada. Además, cuestiona la forma en que se instrumentó la participación accionaria.
“Se dio una venta prácticamente compulsiva de acciones, con bancos que participaron como brokers. Fue un negocio fabuloso que a los trabajadores les pasó muy por el costado”, comenta. Y agrega: “Hubo gente que se negó a vender, promovió medidas cautelares y hoy goza de los dividendos. Otros podrían haber seguido siendo accionistas, pero el Estado terminó vendiéndoles esas acciones de una manera que hoy vemos como abusiva”.
En el Congreso permanecen abiertos proyectos vinculados a ex empleados de SEGBA, Gas del Estado, Agua y Energía Eléctrica, ENCoTel y Petroquímica General Mosconi, todos orientados a determinar cuántas acciones habrían correspondido en los años 90 para actualizar su valor y cancelar la deuda mediante títulos públicos.
Hemsani advierte sobre la necesidad de aprender de los errores del pasado. “En base a la experiencia recogida, considero que si se pretende aplicar a nuevos casos de privatizaciones resulta necesario efectuar una reformulación: definir por ley el universo exacto de beneficiarios, establecer plazos perentorios y automáticos para la adjudicación, incorporar cláusulas de intangibilidad del derecho adquirido y crear un registro público digital auditado de beneficiarios y adjudicaciones”, indica.
