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El Observatorio de las Violencias y Desigualdades por Razones de Género (OVYDVG), dentro de la “Protección contra todo tipo de violencia” del Ministerio de Justicia, se define como un espacio de sistematización, análisis y producción de información sobre las violencias y desigualdades de género.

El Observatorio se creó el 18 de mayo de 2020 por la resolución 6/2020 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Su objetivo era dirigir y centralizar el monitoreo de la violencia contra las mujeres y el colectivo LGBTI+. En junio de 2024, el Ministerio fue cerrado y el Observatorio se trasladó al ámbito del Ministerio de Justicia.

Sin embargo, desde 2022 no se registran actividades por parte del Observatorio. En la web solo existen documentos sobre violencia obstétrica, contra la libertad reproductiva, en el espacio público, institucional, laboral y mediático; y contra personas mayores.

Alfonsina Silvestri, coordinadora del equipo de monitoreo y registro de femicidios de Ahora Que Si Nos Ven (AQSNV), una asociación civil que funciona como observatorio de las violencias de género, considera problemático el hecho de que no existan registros oficiales. “La Ley 26.485 establece la obligación del Estado de producir, sistematizar y publicar información estadística sobre violencia de género”, expresa a El Auditor.info.

“Sin datos oficiales actualizados no solo se incumple la ley, sino que se debilita la posibilidad de diseñar políticas públicas eficaces, prevenir hechos de violencia de género y asignar recursos donde más se necesitan. La información es una herramienta central para proteger derechos. Sin estadísticas oficiales, el Gobierno invisibiliza la problemática y deja totalmente desprotegidas a miles de víctimas de violencia de género en nuestro país”, comenta Silvestri a El Auditor.info.

Desde AQSNV relevaron, a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, 219 femicidios directos, 30 vinculados, 5 travesticidios y transfemicidios y 8 instigaciones al suicidio en el transcurso de 2025.

Silvestri también señala que “la institucionalidad en materia de género es clave. Cuando las políticas pierden jerarquía ministerial, presupuesto o equipos técnicos especializados, se resiente su capacidad de planificación, articulación federal y producción de datos. En materia de violencia de género, publicar estadísticas no es accesorio: permite evaluar políticas, exigir rendición de cuentas y fortalecer la prevención”.

Dentro de los objetivos del Observatorio de las Violencias y Desigualdades por Razones de Género estaban buscar, analizar y sistematizar información estadística y de otra índole sobre violencias y desigualdades de género; capacitar y asistir técnicamente para el análisis y la publicación de datos con perspectiva de género y diversidad; y cooperar con otras jurisdicciones y entidades del sector público nacional y subnacional. Además, su tarea es elaborar y publicar informes, diseñar indicadores y coordinar acciones de fortalecimiento institucional. 

Laurana Malacalza, subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, en conversación con El Auditor.info, remarca que “el Estado argentino tiene la obligación de producir y publicar información sobre la violencia de género y sobre políticas de igualdad de género”.

Malacalza sostiene que “desde el Ministerio de las Mujeres a nivel nacional se fue produciendo y publicando permanentemente información sobre cada uno de los programas que se fueron poniendo en marcha. Esa información estaba en la página del Ministerio y era consultada periódicamente por distintas organizaciones, organismos, periodistas e investigadores”. También resalta que se recibía y producía información específica a partir de pedidos de información.

A su vez, Malacalza considera que “la desaparición del sistema que publicaba información a nivel nacional de forma regular y periódica, junto con la disolución del Ministerio de la Mujer a nivel nacional y la desjerarquización de las políticas de género, tuvo un impacto enorme en el país, ya que hoy en día no se puede acceder a información actualizada”. “El corrimiento del Estado nacional en su obligación de informar no significa que las provincias hayamos desestimado la obligación que tenemos como estados supranacionales”, concluye.