La norma no se limita a una restricción: contempla también jornadas de capacitación sobre bienestar digital para alumnos, docentes y familias, y crea un sistema de monitoreo para evaluar el impacto real de la medida en el rendimiento académico, la convivencia y la salud digital de los estudiantes.
«Durante mucho tiempo supusimos que más tecnología era sinónimo de mejora educativa, pero hoy la evidencia demuestra que las pantallas potencian el aprendizaje solo cuando tienen un propósito claro dentro del aula», explicó Cuesta al fundamentar el proyecto.
El respaldo a esta regulación se apoya en cifras contundentes. Según datos de pruebas PISA analizados por Argentinos por la Educación, el 54% de los estudiantes argentinos admite distraerse con su propio celular durante las clases, mientras que el 46% señala que la distracción proviene del uso que hacen sus compañeros. A esto se suma que un relevamiento reciente reveló que el 59% de los niños de tercer grado ya posee teléfono propio, lo que anticipa un desafío creciente desde los primeros años de escolaridad.
La ordenanza, que se inscribe en una tendencia nacional con al menos once provincias ya avanzando en normativas similares, no prohíbe la tecnología, sino que la reubica como aliada cuando el docente así lo decida. «No es una discusión sobre celulares, sino sobre cómo ayudamos a que los chicos aprendan mejor. Buscamos que el teléfono deje de competir con la clase y vuelva a ser una herramienta», remarcó Cuesta.
La iniciativa incluye, además, un mecanismo de evaluación periódica a cargo de la Secretaría de Educación municipal, que relevará la opinión de todos los actores involucrados para ajustar la política en función de los resultados. «Las mejores políticas públicas son las que se animan a evaluarse», concluyó la concejal.
