MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026
La causa, que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo y quedó delegada en la fiscalía, se inició a partir de denuncias que apuntan a la evolución patrimonial del funcionario, sus gastos en vuelos privados y la adquisición de propiedades.
La citación se resolvió tras la difusión de los detalles de la operación inmobiliaria en Caballito. Según los registros oficiales, la compra se concretó el 18 de noviembre del año pasado por USD 230.000, con un crédito hipotecario de USD 200.000 otorgado por las propias vendedoras, que cubrió cerca del 90% del valor total.
El inmueble había sido adquirido por esas mismas vendedoras el 30 de abril del mismo año, menos de siete meses antes de la reventa.
Consultada sobre esas operaciones, Nechevenko evitó brindar precisiones y se amparó en el "secreto profesional". Aun así, la fiscalía le requirió la documentación vinculada a las escrituras para analizar los registros antes de tomarle declaración, que fue fijada para después de Semana Santa.
La escribana aparece como una pieza central en el expediente porque intervino en ambas operaciones inmobiliarias bajo análisis: tanto la compra del departamento en Caballito como la adquisición de la casa en el country de Exaltación de la Cruz.
El esquema financiero de la compra quedó asentado en el Registro de la Propiedad Inmueble. Allí consta que las vendedoras, dos mujeres de 72 y 64 años, otorgaron el crédito en partes iguales.
Sin embargo, ambas aseguraron públicamente no conocer a Adorni ni haberle concedido ese préstamo. Ese contraste entre los registros y sus declaraciones abrió una de las principales líneas de investigación.
Por el momento, la fiscalía no prevé citarlas. La decisión responde a la necesidad de reunir primero elementos que permitan definir si deben ser convocadas como testigos o como posibles partícipes de un delito.
En ese marco, la fiscalía también puso bajo análisis el valor declarado de la operación, un punto que podría vincularse con la estructura del financiamiento y la documentación que deberá aportar la escribana.
Según la denuncia, el departamento se escrituró a un precio cercano a USD 1.155 por metro cuadrado, por debajo de los valores de mercado en la zona.
En paralelo, el fiscal ordenó medidas de prueba y envió oficios a registros de la propiedad, automotor y entidades bancarias para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti.
La declaración de la escribana quedó incorporada como una instancia clave para establecer cómo se instrumentaron ambas operaciones y qué respaldo documental existe sobre el origen de los fondos.
