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El vicepresidente del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y periodista del diario La Nación, Claudio Jacquelin, expuso ante una reunión informal de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados que se llevó a cabo este viernes y alertó que "en 2025 se batió el récord de agresiones al periodismo" y más del 60% provienen de Javier Milei", mostró preocupación por la situación que “es sumamente grave” y lamentó la ausencia del bloque mayoritario y “el intento de vaciamiento y cierre de este espacio donde se manifieste la defensa irrestricta de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información”.

El periodista recordó que no es la primera vez que la comisión lleva a cabo un encuentro de forma “irregular donde un bloque mayoritario vació la reunión”. Así, celebró la convocatoria y el acompañamiento y que “no sea una cuestión de oportunismo político ni de qué lado se está cuando se trata de defender derechos esenciales”.

“Vivimos un momento particularmente crítico, porque se han convergido una cantidad de situaciones que ponen a la libertad de expresión y de prensa en un estado de fragilidad demasiado profunda”, alertó.

Jacquelin sumó que “converge un ataque sistemático a la libertad de prensa, a voces contradictorias del discurso oficial, junto con, un debilitamiento y una crisis profunda de la industria periodística, una precarización del trabajo periodístico que se profundizó desde que se suspendió el Estatuto del periodista. Esto nos ha llevado a estar en una situación que cada día es más complejo para expresar voces que contradicen el discurso oficial”.

Así, contó que FOPEA tiene hace 16 años un monitoreo de la libertad de expresión y alertó que “el año pasado se batió el récord de agresiones al periodismo. Récord que había superado las agresiones que se habían registrado en 2013. Más del 60% de las agresiones provienen del Poder Ejecutivo Nacional, es un porcentaje inédito en la historia de la existencia del monitoreo”.

En esa línea, detalló que las agresiones están sostenidas sobre la agresión verbal y “se expanden a otras áreas y tienen correlatos a otros hechos sumamente preocupantes. Son amplificadas por todo un aparato de comunicación estatal y paraestatal que amplifica la agresión y procura la cancelación, la deslegitimación y deshumanización de quienes opinan en contra, convertirlos en una cosa desechable y sería una de las consecuencias más graves donde toda voz contradictoria, cancelada, acallada”, y pidió no “minimizar las agresiones verbales, en tanto entendemos el carácter per formatico de la palabra y cuán cerca está pasar de palabras a hechos”.

“Este proceso de estigmatización, clausura, cancelación, descalificación de las voces que cuestionen o informan sobre algo que al poder no le gusta, terminan teniendo correlato en hechos”, denunció y se refirió a una sucesión de hechos.

Así, recordó que al inicio del mandato presidencial hubo un intento de “colegiación obligatoria” que “encerraba por detrás un intento de determinar quién podía ser periodista trayendo una ley de antaño que, cuando FOPEA los denunció fue objeto de una fake news y chats falsos para descalificarnos”.

Luego, mencionó la reforma del acceso a la información pública mediante un DNU simple que lo limitó dicho acceso. También, apuntó contra el accionar de las Fuerzas de Seguridad y recordó el caso del fotógrafo Pablo Grillo: “Hubo correlatos en las manifestaciones públicas con actitudes agresivas de las Fuerzas avaladas desde el Estado que terminaron con la fatal agresión a Grillo que aún padece las secuelas que, desde el propio Ejecutivo se intentó alterar las pruebas y falsificar evidencias”, y agregó: “A eso se suman las granjas de trolls, bots destinadas a las agresiones”.

También se refirió al hackeo de sus redes que padeció el periodista Hugo Alconada Mon cuando publicó el proyecto de ley de inteligencia y la creación de perfiles falsos en sitios pornográficos. Además, recordó que “hubo una sucesión de causas iniciadas desde el PEN contra periodistas para acallar la acción pública para que perdamos tiempo, dinero y reputación con el inicio de causas que, desde un inicio, no tendrán destino”.

“Hay una sucesión de hechos donde el propio presidente, en dos casos, apeló por cuatro veces sin precedentes a instancias para recurrir a la Corte Suprema luego de que se consideró que no hubo delito por parte de la prensa”, agregó.

El vice de FOPEA aclaró que los periodistas “no queremos inmunidad, no estamos exentos de ser sometidos a la justicia, lo que reclamamos es que se respete la opinión contraria, los principios fundamentales, que no se use la justicia para acallar al periodismo, a las voces críticas y cercenar la libertad de prensa y expresión. Son casos que ponen de manifiesto que el objetivo ha sido cercenar voces críticas y acallarlas”.

Por otro lado, también habló del Estatuto del Periodista (ley 12.908) que fue derogada a comienzos del 2026 que “tiene protección para la cobertura periodistas, las fuentes. El fin del Estatuto pone en riesgo el ejercicio profesional”.

Así, mencionó que el ministro de Economía, Luis Caputo, pidió la creación de leyes para sancionar a periodistas que publiquen información sin sustento tras rechazar un supuesto vínculo con una firma privada y un empresario mencionado por el periodista Beto Valdez en la red social X. “El Código Civil y Penal prevén sanciones si hay vulneración de derechos”, aclaró Jacquelin.

También se refirió a la situación de trabajo de los acreditados en Casa Rosada: “Es una situación de anomalía en la cobertura que pueden hacer donde, no solo tienen cercenados acceso a lugares comunes, y hasta para ir al baño son acompañados por personal. Es un hecho gravísimo sin precedentes en la democracia”, y agregó: “Los acreditados están en condiciones deplorables en el lugar de trabajo y es un lugar inhóspito, indigno y fueron objeto de robos y ataque a sus pertenencias de las cuales el oficialismo se jactó del hecho y lo tomó como un episodio cómico y gracioso”.

“Así se trabaja en el país donde debería haber como premisa la transparencia y el acceso a la información.  Eso se reproduce en muchas provincias donde hay persecución, y hasta el Poder Judicial les puso una mordaza a los periodistas por el caso de AFA”, informó y cerró: “Los poderes públicos y representantes del pueblo acompañen y expresen estas manifestaciones que hemos llevado el año pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que determinó que en Argentina hay un problema con la libertad de expresión y prensa. Instamos a que se resuelva esta situación”.