También administra recursos y cumple funciones vinculadas con la organización del Poder Judicial. Pero ¿cómo se organiza el organismo encargado de estas tareas, quiénes eligen a sus integrantes y cuánto duran en sus cargos?
Su composición reúne a representantes de distintos sectores, desde los integrantes de los poderes del Estado hasta jueces, abogados y miembros del ámbito académico y científico. Sin embargo, no todos llegan a sus bancas de la misma manera: mientras algunos son elegidos por sus pares, otros son designados por las instituciones a las que representan. Los mecanismos de selección, los requisitos para acceder a cada lugar y la duración de los mandatos permiten entender cómo se distribuye la representación dentro del Consejo.
El abogado constitucionalista Pedro Caminos detalló las principales atribuciones del Consejo de la Magistratura y su intervención en distintas instancias del funcionamiento judicial. “El Consejo tiene dos funciones: participar en la selección de jueces y administrar el Poder Judicial. Para esto organiza concursos y eleva las ternas vinculantes al Presidente para cubrir los tribunales inferiores”, explica al medio El Auditor.info. En cuanto a la administración, precisó que “administra los recursos y ejecuta el presupuesto del Poder Judicial”. Además, el organismo dicta reglamentos de organización, ejerce facultades disciplinarias sobre los magistrados y decide la apertura de los procedimientos de remoción, que se tramitan ante el Jurado de Enjuiciamiento.
La creación del organismo se enmarcó en la reforma constitucional de 1994, que buscó modificar el sistema de designación de jueces y limitar la concentración de poder en el Ejecutivo. Caminos explicó que “estaba concebido como parte de una estrategia general en aquella reforma para atenuar los poderes que tenía el Pesidente, que designaba a todos los jueces del Poder Judicial, tanto de la Corte como de los tribunales inferiores, con acuerdo del Senado”.
A partir de la reforma, se modificó el procedimiento para cubrir las vacantes judiciales. Según explicó Caminos, “se atenuó este poder del Presidente. Se estableció que la designación de los jueces de la Corte requería un acuerdo del Senado por una mayoría especial de dos tercios. Con respecto a los tribunales inferiores, se decidió crear el Consejo y la lógica era buscar una mayor cualificación técnica de los nombrados”.
La incorporación de representantes de distintos sectores busca establecer un equilibrio en el proceso de selección de magistrados y limitar la influencia de criterios exclusivamente políticos. En esa línea, Caminos sostuvo que “la composición que tiene el Consejo pretende darle forma institucional a esta aspiración de contar con un Poder Judicial más profesional, más técnico y más independiente”.
El Consejo está integrado por 20 miembros: el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuatro jueces, cuatro abogados de la matrícula federal, ocho representantes del Congreso, uno del Poder Ejecutivo y dos integrantes del ámbito académico y científico.
En esa distribución, el Poder Legislativo también tiene un lugar central, a través de ambas cámaras. Caminos explicó que “la representación política en el Consejo corresponde a todos los órganos que resultan de la elección popular, que son el Congreso y el Presidente. Entonces, no solamente el Poder Ejecutivo tiene voz y voto dentro del Consejo, sino que también los tienen las dos cámaras”, que representan a las mayorías y minorías parlamentarias.
El constitucionalista destacó que esta conformación amplía las voces dentro del organismo. “Esto permite una participación más plural en el proceso de selección desde el ámbito político. Por otro lado, la representación estamental de jueces y abogados apunta precisamente a que haya un contrapeso profesional y técnico frente a la visión política en el proceso de selección”, sostuvo.
La incorporación de profesores de Derecho busca sumar una perspectiva especializada al funcionamiento del Consejo. Según Caminos, “el artículo 114 de la Constitución habla también de personas del ámbito académico y científico, cuya representación quedó en manos de los profesores de Derecho, con lo cual es como si se tratara de un estamento técnico más dentro del Consejo”. No obstante, consideró que la intención original era incluir una mirada más amplia, que quedó limitada por la forma en que se reglamentó esa representación.
Los mecanismos para cubrir las bancas varían según el sector al que corresponden. Los jueces eligen a sus representantes mediante el voto de sus pares, mientras que los integrantes del Congreso son designados por las cámaras de Diputados y Senadores, según los procedimientos previstos para reflejar la composición de los bloques parlamentarios. El representante del Poder Ejecutivo, por su parte, es nombrado por el Presidente de la Nación.
La elección de los representantes de los abogados
En el caso de los abogados, la elección de sus representantes se realiza mediante el voto directo de sus colegas. Los comicios del 20 de octubre de 2026 definieron quiénes ocuparán las cuatro bancas del sector durante el período 2026-2030. Al respecto, la consejera de la Magistratura Jimena de la Torre explicó que los representantes de la abogacía “también son elegidos por el voto popular de los abogados de la matrícula federal y de Ciudad de Buenos Aires. Representan a los abogados de todo el país, ya que hay un padrón único”.
En los comicios, votó una proporción reducida de los profesionales habilitados. De la Torre indicó que, de los aproximadamente 182.000 abogados matriculados, participaron alrededor de 32.000. Según señaló, esta tendencia se mantiene históricamente en las elecciones del sector.
Para acceder a una banca como representante de los abogados, existen requisitos vinculados con la experiencia profesional y los antecedentes personales. De la Torre detalló que se exigen “ocho años de ejercicio de la profesión, es decir, desde que se matricularon, no tener sanciones administrativas ni penales y no estar afiliado a ningún partido político”.
Una vez que asumen, los consejeros abogados deben suspender su matrícula debido a la incompatibilidad del cargo con el ejercicio profesional. En cuanto a la continuidad en el puesto una vez cumplido el mandato, la normativa da lugar a interrogantes. De la Torre explicó que “los mandatos duran cuatro años. En cuanto a la reelección, la realidad es que no se ha resuelto judicialmente; existe una duda genuina al respecto”.
La renovación de los consejeros también depende de las reglas establecidas para cada sector. Caminos señaló que “la Constitución no establece expresamente la renovación periódica. Y, de hecho, tampoco dice que los representantes de jueces y abogados tengan que ser elegidos. Esa decisión se tomó a partir de la reglamentación”.
En ese sentido, el constitucionalista sostuvo que “la contribución que el Consejo debería hacer al funcionamiento del sistema democrático es contar con un Poder Judicial más profesional y más independiente”.
