--°C

Virginia Aparicio, investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), enfrenta un proceso administrativo que podría derivar en su exoneración, la sanción más grave dentro del régimen estatal y que implica la imposibilidad de volver a desempeñarse en organismos públicos.

Con más de dos décadas de trayectoria, publicaciones científicas y participación como perito en causas vinculadas con pueblos fumigados, Aparicio se especializó en la detección de plaguicidas en el ambiente. El conflicto se originó a partir de su participación en el proyecto internacional SPRINT, desarrollado durante cinco años por investigadores de once países y que incluyó el análisis de 73 personas de zonas rurales y urbanas de la provincia de Buenos Aires.

Según los resultados difundidos por el estudio, se detectó glifosato en la totalidad de las personas argentinas analizadas y una presencia significativa de otros plaguicidas en muestras de orina, sangre y materia fecal. También se identificaron múltiples sustancias en agua superficial y concentraciones de agroquímicos superiores a las registradas en países europeos, de acuerdo con el reporte.

El trabajo fue presentado en Bélgica, pero posteriormente el INTA dispuso su interrupción mediante una resolución de 2023 y, según la denuncia, los resultados no fueron comunicados públicamente.

El abogado de Aparicio, Mario Bolla, sostiene que la investigadora fue posteriormente objeto de una serie de medidas de hostigamiento laboral, entre ellas modificaciones en sus funciones, restricciones para participar de reuniones y grupos de trabajo y una reducción de sus evaluaciones institucionales.

A comienzos de 2025 se inició un sumario administrativo contra la científica. La investigación recomendó no sólo su despido sino también su exoneración. Aparicio cuestiona que otros funcionarios que participaron de la cadena administrativa del proyecto no hayan recibido sanciones similares.

Según su defensa, el Consejo Directivo del INTA, presidido por Nicolás Bronzovich, habría ratificado la medida y el expediente se encuentra actualmente en el área de Legales. La defensa sostiene que presentó documentación para demostrar que las responsabilidades fueron compartidas y cuestiona el procedimiento seguido.