A 35 años de la sanción de la Ley de Convertibilidad, el debate sobre su eficacia y su legado sigue abierto. No solo por lo que resolvió en su momento -la hiperinflación-, sino por las tensiones estructurales que dejó como herencia. La norma, impulsada en 1991 durante el gobierno de Carlos Menem, fue tanto una respuesta de emergencia como el núcleo de un programa económico más amplio que marcaría la década.
El contexto de su surgimiento resulta clave para entender su alcance. “Veníamos de la hiperinflación de (Raúl) Alfonsín y no se había logrado domar la inflación”, recuerda Horacio Tomás Liendo, uno de los arquitectos intelectuales de la ley, en diálogo con El Auditor.info. La economía estaba desorganizada, con pérdida total de confianza en la moneda. En ese escenario, la convertibilidad -que fijó una paridad uno a uno entre el peso y el dólar y obligó a respaldar la base monetaria con reservas- buscó reconstruir un sistema monetario colapsado.
Según Liendo, la medida respondió a una demanda social concreta: “La gente quería comprar dólares y, de pronto, un sistema decía ‘no hay ningún problema’; eso generó calma”. Ese efecto inmediato explica el amplio consenso inicial, reforzado por su inserción en un programa de reformas más amplio: privatizaciones, apertura económica y desregulación.
La inspiración
La idea, sin embargo, no surgió de la nada. Liendo, abogado de formación, encontró sus primeras inspiraciones en el pasado argentino mientras trabajaba en su tesis doctoral sobre el concepto de emergencia. “Analicé las crisis de 1890 y de 1930. En la de 1890 me encontré con la Ley de Conversión de Carlos Pellegrini, la creación de la Caja de Conversión. Ahí me empecé a inspirar”, recuerda.
La situación de 1930 también dejó su marca: “Fue la caída del octubre negro y, también, la suspensión de la convertibilidad en Argentina y en el resto del mundo, que prácticamente funcionaba en esa década con un sistema de convertibilidad. O sea, tenía la convertibilidad del sistema inglés, del sistema americano, que era lo más importante del mundo”. Aquel esquema, basado en el oro, lo llevó a pensar en un diseño adaptado a su tiempo, ya no con oro sino con dólares: “Hice este nuevo diseño, que es distinto”.
La sesión
El consenso en torno a aquella idea de Liendo no fue unánime. Desde la oposición, la Unión Cívica Radical (UCR) fue uno de los bloques que votó en contra de la Ley de Convertibilidad. Rafael Pascual, entonces diputado nacional por la UCR, recuerda con claridad la postura de la bancada: “Votamos en contra. De hecho, después la tuvimos que padecer”.
Pascual sitúa esa decisión en un contexto más amplio: la salida anticipada de Raúl Alfonsín en 1989 había generado un escenario de negociaciones permanentes, en el que el radicalismo facilitaba algunas leyes al oficialismo, pero mantenía su voto negativo como posición de principio. “No nos parecía que, tal como (el entonces ministro de Economía) Domingo Cavallo la había explicado, la ley fuera factible. Y no nos cerraba porque una cosa parecida había sido el austral y tampoco había llegado a buen resultado”, plantea.
La diferencia de miradas anticipa uno de los ejes centrales del balance: ¿la convertibilidad fue una solución eficaz o un esquema insostenible desde su origen? Para Liendo, el régimen funcionó durante una década con respaldo político y social sostenido: “Es un programa que no perdió ninguna elección”, se envalentona. Desde esa perspectiva, el problema no estuvo en el diseño inicial sino en factores posteriores, como la reforma previsional y las crisis externas.
Mirando a largo plazo
Pascual, en cambio, pone el foco en la fragilidad del andamiaje económico. A su juicio, la convertibilidad “empezó a cerrar con las privatizaciones”, que aportaron recursos extraordinarios, pero transitorios. “El Estado tuvo un montón de recursos con los que no contaba antes ni contó después. Pero esos recursos se fueron agotando”, dice. Cuando esos ingresos desaparecieron, el esquema comenzó a resquebrajarse.
En sintonía con ese diagnóstico, Carlos Raimundi, entonces también diputado del radicalismo, señala que la convertibilidad fue posible gracias a una combinación de factores externos e internos que la volvían frágil: la abundancia de liquidez financiera global, los ingresos por privatizaciones y un nuevo endeudamiento que multiplicó la deuda externa. “Argentina vivió durante 11 años la ficción que únicamente en acá tenía valor, y es que un peso costaba un dólar”, sostiene. Su voto de rechazo, en el marco de la pertenencia a la UCR, fue por estar "en contra de la política de ajuste neoliberal”.
El colapso de 2001 aparece como punto de inflexión inevitable en cualquier análisis. Liendo lo vincula con una corrida bancaria que desató una contracción abrupta del crédito y la actividad: la salida masiva de depósitos en dólares obligó a los bancos a restringir préstamos, profundizando la recesión. Pero también reconoce una limitación estructural: en un sistema donde se captan y prestan dólares, el retiro de esos fondos impacta directamente en la economía real.
Más allá de las causas inmediatas, el consenso entre las distintas miradas es que la convertibilidad dejó efectos duraderos. Para Pascual, el problema central de la Argentina no fue institucional, sino económico: “La gran deuda o el gran fracaso de la democracia es en materia económica y social, no en materia político-institucional-electoral”. En esa línea, la ley sancionada el 27 de marzo de 1991 puede leerse como un intento exitoso de estabilización de corto plazo que no logró traducirse en un desarrollo sostenido.
¿Es una buena idea dolarizar hoy?
A 35 años, el debate se proyecta sobre el presente. Las discusiones sobre dolarización o anclajes cambiarios rígidos reactivan la experiencia de los noventa. Liendo descarta replicar el esquema: “No son convenientes ni la dolarización ni una convertibilidad” en el contexto actual. Pascual coincide desde otro ángulo: la dolarización fue “un espejito de colores” de la campaña electoral, impracticable en la Argentina por múltiples razones. Raimundi, por su parte, rechaza también cualquier intento de revivir ese tipo de régimen, al que considera funcional a los intereses concentrados que, sostiene, fueron los principales beneficiarios de la convertibilidad original.
Entre la estabilización necesaria y los costos acumulados, la convertibilidad sigue siendo una referencia ineludible. Más que una respuesta cerrada, su aniversario reabre una pregunta estructural: cómo construir un régimen económico capaz de ordenar la crisis sin hipotecar el largo plazo.
