El fiscal calificó la resolución como «no positiva» y sostuvo que, pese a la complejidad del caso y la escasez de antecedentes, la acusación contaba con elementos suficientes para obtener condenas.
El representante del Ministerio Público, además señaló que el propio tribunal dio por acreditada la existencia de contaminación, su origen en la actividad agropecuaria y su vínculo directo con los problemas de salud denunciados por los vecinos.
La discrepancia, explicó, radica en el nexo causal entre esa contaminación y la responsabilidad individual de los productores, un vínculo que la Fiscalía considera «adecuado» y respaldado por pruebas científicas y por las advertencias previas que los vecinos afectados habían hecho a los imputados.
Respecto de las condenas a los funcionarios públicos, Reynares Solari señaló que el tribunal puso el foco en las omisiones de control del Estado y destacó que los jueces indicaron que, de haber mediado una documentación adecuada de las irregularidades, los productores podrían haber sido condenados.
Por último, el fiscal reconoció el «sabor amargo» de la decisión para los vecinos que impulsaron la causa, pero subrayó que el fallo reconoció la existencia de daño ambiental y afectaciones a la salud, lo que valida las razones para litigar y para recurrir la resolución en Casación
