Mediante la resolución 806/26, el organismo que conduce Alejandra Monteoliva explica que las cárceles argentinas “no pueden ser centros de operaciones del crimen organizado, el programa permitirá detectar y bloquear IMEI, IMSI y líneas telefónicas utilizadas de manera irregular dentro de las unidades penitenciarias federales”.
Además, desde el Ministerio de Seguridad informaron que las provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires podrán “adherir” a este programa nacional que tiene como fin evitar que la delincuencia se maneje dentro de las cárceles. Sobre su implementación, el organismo dijo que pondrán a disposición una ventanilla única para canalizar, con las compañías de teléfono, el bloqueo del IMEI.
“El que está preso, no puede seguir delinquiendo”, acotaron en el comunicado subido este martes a sus redes sociales.
Los antecedentes que usó Seguridad para llevar adelante esta medida
El procedimiento que anunció el Ministerio de Seguridad y que lo amplía a todas las provincias del país, está basado en antecedentes normativos como la Ley 24.660, la cual prohíbe el uso de teléfonos móviles en cárceles, y la resolución del ENACOM -ente nacional de comunicaciones- que precisó las obligaciones de los prestadores.
Según explicaron desde la cartera de Monteoliva, la implementación del ente de comunicaciones “ha demostrado ser una estrategia adecuada para prevenir, disuadir y neutralizar la utilización de dispositivos de comunicación móvil por parte de las organizaciones criminales con miembros alojados en establecimientos penitenciarios federales quienes utilizaban tecnologías de telecomunicaciones intramuros para planificar y coordinar maniobras ilícitas que ponen en grave riesgo la seguridad pública”.
