--°C

El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta un iceberg lleno de bordes filosos que podrían convertir sus primeros meses de gestión en una especie de Titanic. La razón: entre las bases sindicales y el Movimiento Al Socialismo perciben que sus reivindicaciones han sido anuladas después de 20 años de presencia en la toma de decisiones de gobiernos multisectoriales.

Podría decirse que este nuevo capítulo boliviano se encendió con una nueva normativa agraria que causó una marcha indígena de tierras bajas hacia La Paz. El 8 de abril, durante un acto con empresarios agroindustriales en la ciudad de Santa Cruz, Paz anunció la promulgación de la ley 1720 de conversión de tierras. Esta normativa pretendía convertir de forma voluntaria la pequeña propiedad, en mediana propiedad para acceder a créditos bancarios.

Desde hace años, la figura de la pequeña propiedad agraria está dirigida al sustento familiar y se entiende que la misma puede llegar a tener hasta 50 hectáreas. Esto la convierte en indivisible, inembargable e irreversible y no paga impuestos. El trasfondo de la ley 1720, y el carácter “voluntario” de esta conversión, pone en riesgo la pérdida de esas pequeñas extensiones si su propietario no logra cubrir la deuda hipotecaria. Según el comunicado emitido por la Fundación Tierra, esta norma es “inconstitucional y regresiva en el tema agrario porque promueve una reconcentración de la tierra en manos de los grandes propietarios, con amenaza indirecta a la propiedad colectiva indígena”.

Ese acto del Gobierno despertó la protesta de los indígenas de las regiones de Pando y Beni, que comenzaron una marcha hacia La Paz que recuerda la del Tipnis de 2011, que comenzó el camino de Evo Morales al descrédito. Como en aquella oportunidad, a título de “desarrollo” y “progreso” se intenta pasar por encima de la concepción de tierra y territorio, con una ley que no fue consultada con este sector. 

En declaraciones para Mongabay, Fátima Monasterio, abogada e investigadora de la Fundación Solón, se refirió a esta ley como “inconstitucional, porque altera el régimen agrario establecido en la Constitución Política del Estado en dos puntos: desprotege la pequeña propiedad y debilita el control sobre el uso de la tierra, además hace desaparecer la protección de la pequeña propiedad en beneficio de los grandes agroindustriales”. El principal impulsor para esta norma es el senador Branko Marincovik, empresario de la soya de Santa Cruz.

La caminata, compuesta por más de 300 indígenas, duró casi un mes y llegó a La Paz el 4 de mayo. Como explicó a CONNECTAS una de las integrantes que pidió no ser identificada, “los empresarios saben que si perdemos nuestras tierras, ellos las comprarán y la frontera agrícola se extenderá y esto ocasionará deforestación y quema indiscriminada para la producción de soya y otros cereales. No vamos a permitir eso”.

En la Asamblea Legislativa Plurinacional, incluso el senador Luis Humberto Suárez Egüez apoyó de forma directa la movilización, a pesar de formar parte de la bancada del oficialista  Partido Demócrata Cristiano (PDC). “Los hermanos campesinos indígenas saben leer, saben discernir y se dieron cuenta que (…)  los empresarios les quieren quitar sus tierras tituladas”, Además, denunció amenazas en su contra.

En medio de la acumulación de tensiones sociales, la Asamblea se vio obligada a abrogar esta norma en ambas cámaras. Mientras la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) cuestionó que el Estado cediera a esas presiones, los indígenas de la marcha permanecen en La Paz, en espera de la publicación oficial de la medida. Tal es su desconfianza ante las acciones del Gobierno.

Sicariato y la ausencia de presencia estatal en lugares clave

La marcha indígena es apenas una de las puntas del iceberg que amenaza al barco de Paz. “No se puede vivir en un país donde el sicariato le dobló el brazo al Estado”, dijo Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, en el marco de una reunión de emergencia convocada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. Se refería al sicariato. Los asesinatos por encargo se convirtieron en un problema real para la seguridad ciudadana. Este fenómeno de “la muerte express en moto”, crece en Bolivia desde 2025. 

En su punto máximo, hace dos semanas sicarios abatieron a tiros  en Santa Cruz a Victor Hugo Claure, magistrado del Tribunal Agroambiental. El móvil del crimen todavía está en proceso de investigación y el caso se declaró en reserva. Este hecho llama poderosamente la atención ya que el magistrado Claure no solo luchó contra el avasallamiento y toma de tierras, sino que se enfrentó con los mineros ilegales que operan en el río Madre de Dios, defendió la vida del jaguar mediante una resolución de 12 puntos y llevó a cabo acciones de protección contra incendios forestales. 

Se trata del caso más conocido, pero de ninguna manera el último. Desde enero a la fecha, se registraron 14 asesinatos por encargo entre Santa Cruz y Cochabamba, precisamente en el Chapare, bastión de Evo Morales y zona de producción de la hoja de coca. Al día siguiente de la muerte de Claure, el Gobierno convocó a una reunión de emergencia para tomar medidas como reforzar la presencia militar en las zonas fronterizas y crear el grupo especial táctico de lucha contra el crimen organizado con base en Santa Cruz.

La mala calidad del combustible

El sector del transporte público conforma otra de las amenazas de naufragio. A finales de enero, miles de conductores denunciaron por sus redes sociales la mala calidad de la gasolina. Señalaban que el carburante en las estaciones de servicio no era el mismo de antes, era más oscuro y lo peor, producía fallas mecánicas, pérdida de potencia, daño de inyectores y residuos pegajosos en los motores. En Tiktok, varias cuentas de servicios mecánicos mostraron cómo este combustible ocasionó daños mecánicos a veces irreversibles a los vehículos.

De hecho, la Universidad Mayor de San Andrés, mediante el Instituto de Investigaciones Químicas, realizó un estudio sobre los componentes de la gasolina y concluyó que tenía sedimentos gomosos, plomo y manganeso. Según el investigador Ronald Lara el manganeso sirve para elevar el octanaje, pero genera gases nocivos que ocasionan un impacto ambiental a largo plazo. 

¿Y cómo respondió el Gobierno? En primera instancia, ordenó investigar sobre el origen de la contaminación, mientras el presidente calificaba este hecho como sabotaje, aunque aún nadie sabe en Bolivia de dónde surgió este problema. Por lo pronto, se habilitó un sistema digital de registro de los vehículos afectados para que el Estado cubra cerca de dos millones de dólares en indemnizaciones por más 110.000 denuncias. Este problema le costó el cargo al ministro de Hidrocarburos y a la presidenta de la empresa estatal petrolera YPFB, que solo duró tres semanas y presentó su carta de renuncia arguyendo “un estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto”.

Crisis con los maestros y aumento salarial

Mientras los indígenas permanecen acuartelados en La Paz, y los transportistas movilizados, el magisterio urbano y rural se convirtió en otro peligro para la flotabilidad del barco de Paz. En una declaración desafortunada la ministra de educación, Beatriz García, dijo a un medio televisivo que “en promedio cada ítem (de maestros), gana 9.600 bolivianos (1.399 dólares)”. Este exabrupto hizo que la dirigencia de este sector se movilizara para exigir la renuncia de la ministra por ignorar la precariedad de los maestros a nivel nacional, muchos de cuyos salarios apenas se acercan al mínimo nacional de 481 dólares.

En medio de sus protestas, el 14 de mayo centenares de maestros apedrearon el Ministerio de Educación y produjeron destrozos de magnitud en el interior del edificio. Varios funcionarios resultaron heridos cuando los manifestantes intentaron tomar el control.

El movimiento obrero y su pliego petitorio

La Central Obrera Boliviana (COB) fue aliada estratégica de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo, a los que garantizaban gobernabilidad y estabilidad con los sectores sindicales. En esta especie de cogobierno la COB recibía cuotas de poder político y apoyo económico en forma de “obras destinadas para el ente de los trabajadores”. 

Pero ahora, huérfana de poder, a principios de mayo emitió un pliego petitorio nacional para exigir un incremento del 20% al salario mínimo nacional. Lo hicieron a sabiendas de que el Gobierno rechazaría esa exigencia, en vista de que había hecho el último aumento, del 10%, recién en diciembre pasado. Para muchos analistas, se trata de una estrategia de la COB para recuperar al menos en parte el protagonismo que tuvieron en gobiernos pasados.

Esta estrategia va mucho más allá. Por cuenta de la COB, centenares de mineros cooperativistas, que temen la imposición unilateral de una ley minera, tienen a La Paz bajo una situación crítica, con explosiones de dinamita que hacen que la población prefiera permanecer en sus casas. Las carreteras permanecen bloqueadas por cuenta de movimientos campesinos también patrocinados por la COB, y el desabastecimiento en las ciudades es cada vez más evidente. 

Las narcomaletas

Ni el mago David Copperfield se atrevió a tanto. El 29 de noviembre pasado, la exdiputada Laura Rojas ingresó a Bolivia con 32 maletas sin pasar por el registro de aduanas al usar indebidamente un pasaporte diplomático al que ya no tenía derecho. ¿Qué tenían las maletas? Hasta el momento nadie sabe decirlo con exactitud ni mucho menos su paradero, porque desaparecieron por “arte de magia”. 

La opinión pública considera inaceptable que, pasados casi seis meses, el asunto permanezca en el misterio. Las investigaciones señalan que la exdiputada viajó desde Estado Unidos a Santa Cruz en un vuelo chárter en compañía de un ciudadano estadounidense–italiano, con orden de captura y aprehensión internacional, que permanece prófugo. La Fiscalía General informó que investiga el contenido de las maletas como tráfico de sustancias controladas. Y  por lo pronto,  varios miembros de la Aduana Nacional  fueron suspendidos, investigados y algunos aprehendidos, aunque la percepción general es que los verdaderos responsables siguen impunes.  

Todos por la renuncia de Paz

Los sectores mencionados convergen en una sola exigencia: la renuncia del presidente. Paz se encuentra sitiado por problemas de diversa índole, pero con un solo rostro: la insatisfacción. Para el analista político Alex Contreras, en el primer semestre el presidente  no fue capaz de mostrar un plan de gobierno y cometió varios errores coyunturales y estructurales que derivaron en una desconfianza social creciente. “Ahora vivimos una multicrisis, varios sectores se unificaron aunque no de manera coordinada en esta coyuntura y creo que es una avalancha, y si el Gobierno no logra detenerla podría tener consecuencias muy duras para el sistema democrático”, dijo a CONNECTAS.

Además de todo ello, Rodrigo Paz perdió la oportunidad de implantar un modelo económico viable durante el primer trimestre de su gestión y ahora, si quiere mantenerse en el poder tiene que concertar y negociar. “El Gobierno perdió la credibilidad en una voz oficial, por ejemplo con los temas de gasolina basura, narcomaletas, narcotráfico, sicariato y ajuste cuentas. Esto significa que varias instituciones en el país no funcionan, y esa es una responsabilidad del gobierno”, enfatizó Contreras.  

Según el periodista y analista político Andrés Gómez Vela, los actores del conflicto están jugando a “todo o nada” y se niegan a convertirse en fantasmas políticos. Para Gómez, el presidente tiene cinco posibles salidas: La primera, reprimir y desbloquear por la fuerza, bajo el riesgo de que se repitan los conflictos de Sacaba y Senkata 2019, que ocasionaron la salida del poder de Evo Morales. 

La segunda, ceder totalmente y parecer débil, lo que significaría perder apoyo de la clase media. Tercera, apostar por el desgaste a costa de terminar él mismo debilitado.  La cuarta, reconfigurar políticamente el Gobierno, no en sentido corporativo, sino en busca de reconstruir la legitimidad social. La quinta y última salida sería renunciar, pero este camino no significa el fin de la crisis. En todo caso, las próximas 48 horas serán cruciales.