La causa revela una compleja organización que captaba a individuos en situación de precariedad económica, ofreciéndoles dinero a cambio de sus datos biométricos y documentación personal.
Con esa información, los imputados abrían cuentas a nombre de las víctimas, pero retenían el control absoluto de los dispositivos, claves y medios de contacto. Desde esas cuentas, los fondos —provenientes en gran parte de un casino online clandestino— eran rápidamente transferidos a otras billeteras, terminales de pago o criptoactivos, en una maniobra que habría movilizado unos 27 mil millones de pesos en pocos meses.
Como ya informara InfoGEI, la maniobra delictiva se ejecutaba bajo la cobertura de un Convenio Marco de Coordinación aprobado en 2018 entre la Provincia de Buenos Aires y la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, que fue firmado por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y el Procurador General, Julio Conte-Grand, “con el objetivo de coordinar acciones conjuntas para garantizar el acceso a la justicia a personas en situación de vulnerabilidad”.
Como resultado de los allanamientos, tres personas —dos hombres y una mujer, todos argentinos mayores de edad— fueron detenidas. Según la pesquisa, la mujer participaba en la captación de víctimas, mientras que los otros dos se encargaban de la gestión financiera.
Entre el material secuestrado se contabilizan 17 celulares, cuatro notebooks, seis CPU, tres pendrives, seis posnet, dos DVR y discos rígidos, además de un vehículo de alta gama y dinero en efectivo: $2.787.440, 3.300 dólares y 3.490 pesos uruguayos. En uno de los domicilios también se incautó una pistola calibre 9 mm, lo que derivó en una causa paralela por tenencia ilegal de arma de guerra.
Los detenidos quedaron a disposición del tribunal acusados de asociación ilícita, mientras la Fiscalía continúa con la investigación para identificar a los eventuales líderes de la red, los financistas y los verdaderos beneficiarios de la millonaria maniobra
