El vocero de los afectados, Cristian Cardoso, explicó que el origen del reclamo se remonta a la relación con un intermediario vinculado a la confederación CATAC, quien operaba sin contrato activo ni servicio logístico real. Al decidir desvincularse de esa figura por considerar las condiciones desfavorables, las 30 familias quedaron automáticamente excluidas del trabajo. Cardoso rechazó la propuesta de retomar la actividad bajo la misma estructura con un cobro extraoficial del 3%, y exigió una mesa de diálogo orgánica y transparente.
El transportista criticó duramente el comunicado de la empresa, que ampara su postura en el principio de libre contratación, y calificó el cierre como una medida «fácil pero dañina», aplicada en plena temporada baja y que perjudica no solo a los fleteros con 25 años de antigüedad, sino también a productores y proveedores de la zona.
Consideró que se trata de una estrategia de desgaste, aunque advirtió que no cederán ni se enfrentarán entre ellos. También envió un mensaje de tranquilidad a los productores agropecuarios, desmintiendo versiones sobre intimidaciones y reafirmando su respeto hacia el sector.
Finalmente, Cardoso subrayó que la solución está en manos de Cargill y que solo hace falta convocar al diálogo y reabrir la planta. Sin embargo, advirtió que, de persistir la postura empresarial, escalarán las protestas y se harán visibles en todas las plantas que la firma tiene en la región hasta obtener una respuesta justa para las familias de Arribeños.
