Si bien aún no se resuelve la prisión preventiva de los tres detenidos —entre ellos la funcionaria judicial Albertina Mangini—, los fiscales trabajan con la hipótesis de que existía una figura jerárquica por encima de los imputados, que sería quien daba las órdenes y coordinaba toda la operación.
Mangini, acusada provisoriamente de asociación ilícita, defraudación mediante datos digitales y lavado de activos con agravantes por su función y habitualidad, habría tenido un rol clave en la captación de personas vulnerables, a quienes le ofrecían dinero a cambio de sus datos personales y biométricos para abrir cuentas virtuales.
Una vez activas, otro de los detenidos, Mauro Perrota, disponía libremente de esas cuentas para realizar transferencias hacia un escalón financiero superior. Mientras tanto, Ignacio Marchioni y otros tres implicados —aún no aprehendidos— serían los encargados de darle curso legal al dinero, integrando los fondos al mercado formal.
La fiscal Betina Lacki ordenó nuevas medidas de prueba para determinar si Mangini, Perrota y Marchioni actuaban por cuenta propia o bajo instrucciones de un “jefe” externo, que podría estar vinculado con el juego clandestino —principal fuente presunta del dinero— o incluso con otras organizaciones ilícitas que requirieran sus servicios para blanquear fondos.
El objetivo es identificar a los responsables de dar las órdenes y, sobre todo, a quienes se quedaban con el botín una vez cerrado el circuito financiero.
Respecto de estos tres detenidos, solo pudo confirmarse que Albertina Mangini es empleada del Poder Judicial bonaerense e integrante de la Procuración General, que cumplía funciones en una oficina de enlace ubicada dentro del Patronato de Liberados, pero sin relación con el Ministerio de Justicia bonaerense ni al Poder Ejecutivo provincial, según aclaró el propio gobernador bonaerense.
En tanto, Mauro Perrota, fue detenido en Mar del Plata, pero fuentes periodísticas y judiciales no lo acreditan como funcionario o empleado de algún organismo del Estado.
Por su parte, Ignacio Leonel Marchioni, que fue detenido en Quilmes, tampoco se lo vincula laboralmente con el Estado. Por el contrario, durante su indagatoria habría manifestado que su actividad estaba relacionada con el “corretaje y las inversiones”.
