En diálogo con Radio Con Vos, Naidenoff recordó que la Auditoría General de la Nación elaboró un informe sobre el estado del servicio y consideró que la medida adoptada por el Gobierno fue “una irresponsabilidad política”. Además, advirtió que el documento ya fue enviado al Congreso y podría derivar en una denuncia penal si se comprueban responsabilidades.
Naidenoff apuntó contra Caputo por cambiar el destino de un crédito
El auditor explicó que en 2018 la Argentina obtuvo un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 400 millones de dólares para la modernización integral del Ferrocarril San Martín. Según detalló, el Estado debía completar la inversión con otros 122 millones, pero esos recursos nunca se ejecutaron para las obras previstas.
“En 2025 el ministro Caputo celebra un convenio con el BID y reasigna los 400 millones de dólares para la sostenibilidad del programa macroeconómico de la Argentina”, afirmó. Luego lanzó la pregunta que resumió su crítica: “¿A dónde manda Caputo los fondos?”. Para Naidenoff, el dinero dejó de utilizarse para mejorar el transporte ferroviario pese a las advertencias de los organismos de control.
El dirigente radical remarcó que la línea San Martín transporta alrededor de 80.000 pasajeros por día y recordó que durante 2024 se produjo un choque en Palermo que dejó 60 personas heridas. En ese contexto, sostuvo que la reasignación de los recursos resulta todavía más grave porque, según el informe, los accidentes crecieron un 72% interanual.
El informe de la AGN alerta por los riesgos en el servicio
Naidenoff aseguró que la auditoría detectó la falta de controles sobre el mantenimiento, deficiencias en la supervisión de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y fallas en el seguimiento de las observaciones realizadas a la operadora ferroviaria. A su entender, esas irregularidades recuerdan los informes elaborados antes de la tragedia de Once.
Finalmente, el auditor afirmó que la documentación ya se encuentra en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso y que la Secretaría Legal y Técnica de la AGN analiza si existen elementos para impulsar acciones judiciales. “Tenías el dinero para modernizar la línea, no se ejecutó durante años y después se reasignó para sostener el programa macroeconómico. Es una irresponsabilidad política por donde se la mire”, concluyó.
