Allí están los trabajadores. Son 30, apenas un 0,008% de los 370.000 puestos destruidos durante el gobierno de Javier Milei, según el Monitor de Indicadores Sociales de la CTA Autónoma. Apenas un átomo dentro de un universo cada día más insostenible, y que solo adquiere forma al verlo cara a cara, con sus nombres, edades, antigüedades, hijos, hijas, alquileres, deudas, sueños e incertidumbres.
Julio, por ejemplo, tiene 62 años y 20 en el sector de mantenimiento: “¿A dónde voy a ir?”.
Pablo tiene 47 y 26 en la empresa: “Estamos todos esperando algo”.
Juan, 54, 32 en la firma: “Algo positivo, pero algo”.
Diego, 47 y 24 en Paletizado: “Esperando a ver si seguimos con vida”.
Cristian, 49, 27 en Producción: “Nos querían pagar el 50% de indemnización”.
Nicolás, 35 años, un lustro como obrero: “El alquiler se me fue a 900.000 pesos. ¿Cómo hago?”.
Darío, 51, 27 de trabajador: “Espero que haya una solución, si es que la hay”.
Cristian, 45 y 17 en Dánica: “Me siento totalmente fuera del sistema”.
Un auto toca bocina en señal de apoyo. Un vecino pasa todas las mañanas y levanta su puño: “¡Fuerza!”. Mientras tanto, en el universo argentino, 33 empresas cierran por día.
Dánica es una marca insignia en el mercado. La planta de Llavallol, que sigue figurando en el “Nosotros” corporativo de su página web al cierre de esta edición, produce las famosas margarinas. La otra sede industrial –Villa Mercedes, San Luis– es la que produce aderezos, premezclas y mejoradores. La historia oficial:
• 1939: Christian Boll, un inmigrante danés, desarrolla la primera planta en Llavallol.
• 1963: se produce la primera margarina, muy popular durante esa década por su publicidad televisiva. El lema: “Era para untar”.
• 1974: se amplía y lanza al mercado su primera mayonesa.
• 1987: construyen la planta de San Luis.
• 2022, último hito destacado así: “Renovación integral de la imagen de marca, nueva fórmula 100% vegetal para toda la línea de margarinas hogareñas, cambio de estructura de materiales, rediseño de packaging, nuevo sitio web y lanzamiento de una histórica campaña publicitaria”.
Una década antes –en 2011– el grupo brasileño BRF había invertido 630 millones de pesos para quedarse con Dánica y la avícola Avex. En 2018, se desprendió de sus activos y las vendió al cordobés Grupo Beltrán, uno de los principales jugadores de la industria cárnica del país. Dos años después –plena pandemia de covid 19– la firma entró en un Procedimiento Preventivo de Crisis, que inició un ciclo tambaleante.
Julio describe: “Desde que el Grupo compró Dánica tiene la metodología de sacarnos a todos afuera fingiendo un cierre para reabrir con otras condiciones de trabajo”.
El último conflicto fue a fines de 2024. Dice Cristian Haedo: “Éramos más de 100. Amenazaban con cerrar. Abrieron retiros voluntarios: muchos agarraron, otros fueron a juicio. Los que volvimos a entrar fuimos los que somos ahora. Quedaron turnos de 12 horas los martes, miércoles, jueves y viernes. Nosotros estamos dentro del convenio aceitero (tienen líneas de producción de aceite hidrogenado) y nos querían pasar al convenio alimenticio. No pudieron, pero ingresamos con una rebaja del salario al 65%: muchos no querían perder el trabajo, por lo que se aceptó cobrar 35% menos”. El sueldo promedio de estos trabajadores estaba en 1.500.000 pesos mensuales, cobrado en quincenas: un 10% lo pagaba el Gobierno bonaerense a través del Plan de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo (PREBA).
El obrero Cristian Solís: “La empresa reabrió con un acuerdo en el convenio hasta agosto de este año: si reactivaba, el acuerdo se extendía. Y nosotros vimos la reactivación: fue mucho más rápido de lo que ellos pensaban. Estábamos trabajando un montón. Muchos empezaron a arreglar la casa, el auto, se tomaron vacaciones pendientes. De pronto, de la noche a la mañana, esto: un whatsapp donde nos decían que la fábrica iba a cerrar el 1º de octubre, con el comunicado pegado en la puerta”.
El comunicado completaba: “La empresa llevó adelante distintas medidas destinadas a mejorar la competitividad de la planta, sostener su actividad y preservar las fuentes de trabajo. A pesar de las alternativas implementadas, no fue posible alcanzar las condiciones necesarias para asegurar una operación sostenible. Cumplido el plazo previsto en el último acuerdo y agotadas las instancias evaluadas para darle continuidad, la empresa resolvió el cierre definitivo de la planta”.
Llegaron los telegramas de despido. Dice Diego: “Pretendemos la reincorporación y mantener los puestos de trabajo. Además, nos querían indemnizar por el artículo 247 de la ley de Contrato del Trabajo, donde el empleador puede alegar crisis para pagarte la indemnización al 50%”. Lograron rechazarlo y que la propuesta fuera por el artículo 245: indemnización al 100%, aunque la empresa propone pagarla en cuotas.
Sebastián Guastavino –40 años, obrero hace 13, un hijo– es delegado, y todas las semanas tiene audiencias en el Ministerio de Trabajo bonaerense: “No es que la empresa vaya a quebrar: quieren tercerizar la producción y hacer lo que hacemos nosotros en otro lado. Nunca dijeron dónde: quieren hacer el producto a fasón y sostener la marca. El Gobierno bonaerense hizo un esfuerzo enorme pagando el 10% de nuestro salario, y nosotros también aceptando cobrar el 65%. Queremos la fuente de trabajo: las indemnizaciones te pueden durar muy poco y, encima, trabajo no hay”.
El siguiente informe fue producido por el Instituto de Estudios de Formación (IEF) a través del Monitor de Indicadores Sociales de la CTA Autónoma, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a julio de 2026:
• Hay 370.343 asalariados registrados menos que en noviembre de 2023: 265.755 del sector privado, 82.590 en el sector público y 21.988 de casas particulares.
• La única categoría que crece es la del monotributo: 177.101 más.
• El empleo privado acumula 14 meses consecutivos de retroceso. Este julio fue el de mayor destrucción desde noviembre pasado: 9.085 trabajadores. En el último año se perdieron más puestos que durante el primer año y medio de Milei: 160.000 familias.
• “La fase de destrucción de empleo formal en el sector privado ya tiene la misma magnitud que la que se produjo en los últimos dos años del gobierno de Cambiemos (presidencia de Mauricio Macri). La gran diferencia es que en ese momento el sector público funcionaba como amortiguador. Ahora no”.
• La industria y el comercio son los sectores más golpeados.
• El empleo formal solo creció en Neuquén y Río Negro: ambas provincias suman 16.723 trabajadores. Las restantes 22 jurisdicciones tienen valores negativos: Tierra del Fuego encabeza con una contracción del 18%, seguida de Santa Cruz (17,1%), Formosa (11,9%), La Rioja y Misiones (11,7%).
Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, la población económicamente activa (quienes tienen al menos una ocupación o, sin tenerla, la buscan) es de 14,7 millones de personas. De ellas:
• 13,6 millones tienen al menos una ocupación. El 70,5% son asalariadas, pero de esas 9,6 millones de personas el 37,9% no tienen descuento jubilatorio. Del universo no asalariado (29,5%, 4 millones de personas), la mayoría (86,5%) están catalogados como cuenta propia. Del total, hay un 27,6% de sobreocupados (personas que trabajan más de 45 horas semanales) y un 12,4% de subocupados (quienes trabajan menos de 35 horas y quieren más).
• 1,2 millones no tienen y buscan trabajo (7,9%). Es el nivel de desocupación más alto en cinco años, cuando el país salió de la pandemia.
El Gobierno celebra que el trabajo creció, pero lo que aumentó fue la informalidad: según el propio INDEC, el índice es de 45% al segundo trimestre de este año. En la comparación interanual (segundo trimestre de 2025 contra 2026), los asalariados no registrados aumentaron en 28.000 y los cuentapropistas sumaron 229.000. Es el dato que el Gobierno festeja: una “creación” de 257.000 puestos, que deja un “saldo” a favor en comparación con los puestos destruidos. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien durante más de 30 años fue abogado del Grupo Techint, se defendió en la Cámara de Diputados: “Hay personas que no quieren trabajar en relación de dependencia, con las obligaciones que conlleva. Hay algunas personas que quieren ser autónomas, que quieren la libertad de contar un trabajo por cuenta propia”.
Mientras tanto, la consultora Fundar publicó en julio su Monitor Mensual de Empresas. En el mismo mes que Dánica anunció su cierre, relevó
• Irauto, autopartista: 80 despidos en Benavídez.
• Kromberg & Schubert, autopartista: 200 despidos en General Pacheco.
• Electrolux Group, electrodomésticos: 180 despidos en Rosario.
• PanDanés, panadería: cerró 20 locales y echó por whatsapp a 120 empleados.
• Clapp, autopartes: echó 28 operarios en abril y comunicó su cierre –para noviembre– en Brandsen, afectando a más de 30 familias.
• Unionbat S.A. (baterías Willard), autopartes: 101 despidos al cerrar su planta en Gualeguaychú.
• Linor SRL, maderera: el aserradero decretó la quiebra y 130 personas esperan salarios atrasados o indemnizaciones.
La lista sigue: en el último año cerraron 15.475 empresas. Desde que asumió Milei se perdieron 32.290 firmas: “Es la peor caída en los primeros 32 meses de un gobierno”, sostienen. Sus analistas dijeron que es el peor nivel desde 2007. En un país como Argentina, un escenario de crisis y cierre de empresas significaba conflictos por la recuperación de las fábricas como cooperativas de trabajo. No hay escenarios abiertos en esta época: ¿no es ni siquiera una hipótesis? Desde el acampe en Dánica responden con sinceridad: “Se planteó como una locura, pero no pasó de ahí”. Todas las cooperativas hoy vigentes se plantearon como una locura.
¿Entonces?
El Programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires (UBA) elabora todos los años un minucioso informe sobre empresas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras. A julio de 2025 –últimos datos– tenían relevadas 398 cooperativas que generaban 13.812 puestos de trabajo, un número similar al del último año de Macri en el poder. El 42% de las fábricas se encuentra en la provincia de Buenos Aires.
Una primera cuestión es que durante el macrismo hubo una fuerte contracción económica, pero el proceso de recuperación de unidades productivas no se detuvo. “Es cierto que durante el macrismo hubo una política económica similar pero hoy la destrucción industrial y del mercado interno es mucho más radical”, responde Andrés Ruggeri, antropólogo social y director del Programa. “Si bien muchas quiebras responden a un componente fraudulento que apunta a salvar su patrimonio, hoy la gran mayoría responde a una crisis productiva importante. Si la producción no es viable, no se vende, los costos son caros y la importación nos mata, los propios trabajadores se preguntan: ¿qué vamos a poder producir nosotros? Es muy difícil poner a producir una fábrica que tiene un producto que no se va a vender”.
Otro tema es lo subjetivo: “Hay una desvalorización de lo colectivo. Hay un sentido común de salida individual y eso no lleva a procesos de resistencia. En 2001, al no haber otra cosa, muchos se quedaban en la fábrica. Hoy es distinto porque está lleno de posibilidades mentirosas, insuficientes o de súper explotación: ser Uber, importar ropa de China y venderla, las apuestas. Ante la perspectiva de estar un año tomando la fábrica para conformar una cooperativa, prefieren agarrar la bici y hacer Rappi”.
Según un relevamiento de Ámbito Financiero, las apps Rappi, PedidosYa, DiDi y Cabify aumentaron entre el 25% y el 30% la cantidad de trabajadores operativos. DiDi apuntó que “cada dos minutos un conductor empieza a manejar en la app por primera vez”, mientras que Rappi informó que incorpora 500 repartidores nuevos por día. Tanto Rappi como PedidosYa presentan un porcentaje más elevado de personas que trabajan pocas horas: el 70% de repartidores se conecta menos de 10 horas por semana, como un complemento a los magros ingresos en otros trabajos. En Rappi, el 66% tiene entre 18 y 33 años, mientras que el 21% tiene entre 34 y 40. En DiDi los mayores de 60 hacen 2,5 veces más viajes que el resto.
Ruggeri: “Hoy las herramientas organizativas están en retroceso y aparece la cuestión de qué hacer. El desafío es cómo volver a construir una salida colectiva”.
Dánica es tan solo una porción del drama laboral argentino, una historia que permite poner cuerpo donde solo se leen cifras. El obrero Julio dice: “Nosotros queremos volver a trabajar, pero también tenemos la preocupación de qué nos pueden llegar a proponer si reabren. Viví la crisis del 2001: laburé 17 años en Bagley y cuando cerró no había nada. Tenía 38 años: hasta que entré acá, trabajé de parrillero. Era lo que había. ¿Hoy qué, si tengo 62 años? Yo estoy debiendo 8 palos ($8.000.000): una hija estudia, otra está edificando y la fui ayudando con la tarjeta. Nadie nos puso un revólver, como dijo el Presidente, pero vos pensás que vas a tener trabajo”.
Cristian: “Con mi señora no tenemos hijos, perros, gatos, nada, pero teníamos sueños. Hoy tengo 45 años y me siento fuera del sistema. Aposté por seguir trabajando acá y la empresa me deja en la lona. ¿Me voy a hacer Uber? Hay millones de autos dando vueltas. ¿Voy a comprar productos para revender? Hay miles de mayoristas”.
Juan: “Entré a los 19 acá dentro, me casé acá dentro, tuve a mis hijos acá dentro. Ahora todo se me va derrumbando”. Diego: “Es feo normalizar que todos los días se cierran fábricas y que hay historias personales que están cada vez peor. Tengo una hija de 20 y un hijo de 13, soy sostén. En la tele hay noticias todos los días de cierres. ¿A dónde vamos a llegar?”.
Pablo: “De mínima nos tienen que pagar lo que nos corresponde, no puede ser que nos basureen con miseria. Soy único sostén, con tres hijos de 5, 12 y 15 años. No puedo comprarles zapatillas. Uno trata de decirles que cuiden las cosas, pero ya se dan cuenta. Trato de mantener la risa en la cara, pero internamente no la tengo”.
Sebastián: “Vamos a seguir luchando lo que haga falta para recuperar nuestras fuentes de trabajo”.
Al cierre de esta nota, mientras los trabajadores de Dánica continúan las audiencias con la empresa, la crisis no se detiene: la Granja Tres Arroyos, una empresa que supo ser la mayor avícola del país, había ratificado 1.250 despidos en tres de sus plantas en Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar. Los trabajadores hicieron marchas, acampes, fueron a audiencias, y comunicaron repudiando lo que la empresa les ofreció para levantar la protesta. No fue la reincorporación. Tampoco la indemnización.
Tres Arroyos les ofreció, a cada uno, un cajón de pollos.