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Aunque la oposición más dura suele faltar a las audiencias públicas que se vienen desarrollando (por cuestionar la composición de la comisión), una de las últimas veces habían asistido a cuestionar a Víctor Arturo Pesino -juez de la Cámara de Apelaciones del Trabajo-. Y, por los antecedentes en torno a Bertuzzi y Yadola, se esperaba que pudiera haber polémica. Sin embargo, no ocurrió y solo hubo ausencia del peronismo, salvo los disidentes Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, de Convicción Federal.

Bertuzzi y Yadarola fueron los últimos en exponer en la audiencia, que se extendió por alrededor de tres horas y recibió también a otra docena de postulantes, en el marco del paquete de pliegos que impulsa el Ministerio de Justicia.

Bertuzzi, quien ya integra la Cámara, a donde llegó en 2018 por un traslado del expresidente Mauricio Macri, destacó que lleva “37 años en el Poder Judicial, en la Justicia Federal” y “18 años como juez federal, ocho de los cuales los estoy desempeñando en la Sala I, la que aspiro mantener”.

El magistrado señaló que ese cargo le permitió “conocer y trabajar de primera mano en la instrucción, sustanciación y resolución de diferentes causas, de delitos federales complejos, de delincuencia organizada, delitos económicos y derechos humanos”. “El bagaje de los delitos en los que he intervenido es diverso”, agregó.

Al momento de las preguntas, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, lo felicitó “por haber acatado la manda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, en alusión a que volvió a concursar por el cargo.

En 2020, cuando el peronismo volvió al poder, el Senado aprobó la suspensión de ese traslado. Pero la Corte, aunque afirmó que los traslados eran inconstitucionales, dispuso que los jueces (Bertuzzi y Leopoldo Buglia) se mantuvieran provisoriamente en sus cargos hasta que se realicen los concursos para cubrir formalmente las vacantes.

La senadora oficialista recordó que “fue un tema muy debatido, con muchos momentos de tensión”. “Haber concursado nuevamente y haber logrado llegar a esta instancia, que el presidente de la Nación haya enviado su pliego y estar discutiéndose el acuerdo en el Senado, demuestra un apego muy importante a la resolución de la Corte”, destacó Bullrich y le reconoció que habrá sido “una decisión seguramente difícil después de tanta controversia, pero importante para la institucionalidad del país”.

Por su parte, Yadarola, identificado como cercano al ministro Juan Bautista Mahiques y parte del grupo que viajó a Lago Escondido en 2022, señaló al presentarse que trabaja en el Poder Judicial desde los 18 años y se inició en la justicia de instrucción, sin tener familiares en el Poder Judicial.

Recordó su participación en una megacausa de derechos humanos: “Una experiencia judicial que para mí fue muy trascendente”. Y destacó que cuenta con una formación “desde hace 20 años en delitos complejos, el crimen organizado y los crímenes transnacionales. He participado de muchos casos de cierta relevancia, que además han tenido procesos de cooperación internacional”.

“Espero poder incorporarme a una Cámara que es de vital transcendencia institucional”, afirmó y, consultado sobre la impronta que le daría a su cargo, habló de la necesidad de “darle previsibilidad y seguridad jurídica a los ciudadanos” y aplicar “un lenguaje claro, llano, cercano”.

Además, fueron consultados por otros senadores sobre avance y modernización tecnológica en el Poder Judicial; delitos tecnológicos y vinculados a la IA; y aplicación del sistema acusatorio.

Una vez que concluyeron, se dio por finalizada la reunión y los pliegos pasaron a la firma para su dictamen. Una vez que consigan las nueve firmas sobre 17 quedarán habilitados para ser tratados en el recinto.

Entre los otros postulantes que se presentaron este miércoles, Nuria Saba Sardañons, propuesta como defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15, expresó: “Conozco las exigencias del cargo al que aspiro, sé la responsabilidad institucional que implica y la relevancia que tiene para las personas que intentan acceder a una defensa pública efectiva”.

Por su parte, Hernán Enrique Figueroa, propuesto como defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N° 2, destacó su trayectoria de 31 años en la función pública y afirmó ser “un enamorado de la función que me toca desempeñar”. Además, señaló que a lo largo de su carrera ocupó casi todos los cargos del escalafón.

A su turno, Lucila Califano, candidata a jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal, sostuvo que las personas que acuden “son grupos humanos vulnerables” y consideró necesario un abordaje interdisciplinario. En ese sentido, remarcó la importancia de las audiencias como herramienta fundamental para conocer a las personas, realizar entrevistas y trabajar con las partes. Asimismo, manifestó ser “muy consciente” del impacto de las decisiones judiciales en materia de familia, ya que “pueden cambiar mucho la vida de los involucrados”.

Javier Rodrigo Pereyra, candidato a juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal, aseguró que, en caso de ser designado, se compromete a ejercer el cargo “bajo tres pilares fundamentales: honestidad, prudencia y, sobre todo, humildad”. En ese sentido, remarcó que “somos servidores públicos” y que el trabajo y la misión de quienes integran el Poder Judicial deben estar orientados a “brindar una mejor calidad y servicio de justicia”.

También participaron para el fuero criminal y correccional Sebastián Rodrigo Ghersi, para el Juzgado N° 45; Sergio Alejandro Echegaray, para el Juzgado N° 44; Maximiliano Alberto Leandro Callizo, para el Juzgado N° 58; y Diego Andrés Villanueva, para el Juzgado N° 42.

Asimismo, expusieron Vanesa Silvana Alfaro, propuesta como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16; Mariana Salduna, para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25; y Evangelina María Lasala, para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18; y Natalia Cecilia Crede, propuesta como fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 3.