Cuando una persona sufre violencia de género, es víctima de una estafa digital, necesita reclamar una cuota alimentaria o resolver un conflicto de consumo, el problema muchas veces comienza antes de cualquier trámite. Las primeras preguntas suelen ser mucho más simples: ¿a dónde tengo que ir? ¿Quién me puede ayudar? ¿A qué organismo le corresponde?
Esa incertidumbre puede traducirse en semanas de demoras, derivaciones entre distintas oficinas o, directamente, en el abandono del reclamo. Con la intención de reducir esa barrera inicial, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desarrolla dos nuevas herramientas que buscan facilitar el acceso a la Justicia. Se trata de una Guía de Acceso a la Justicia y de un mapa interactivo con información georreferenciada sobre oficinas, organismos y servicios vinculados con la protección de derechos.
La iniciativa fue presentada durante el tercer Foro de Gobierno Abierto (FOGA), realizado en la Universidad de la Ciudad, donde funcionarios, integrantes del Poder Judicial y representantes de organizaciones de la sociedad civil analizaron propuestas para mejorar ambas plataformas antes de su lanzamiento.
“A través de la Guía de Acceso a Justicia los vecinos pueden tener al alcance toda la información necesaria a la hora de denunciar, hacer un reclamo, solicitar patrocinio jurídico y conocer los servicios y programas que ofrecemos desde la ciudad”, aseguró Gabino Tapia, ministro de Justicia porteño.
Una guía para ordenar un sistema complejo
Aunque existen numerosos organismos que brindan orientación jurídica, patrocinio gratuito o asistencia especializada, la información suele encontrarse dispersa entre distintos portales oficiales. La Guía de Acceso a la Justicia busca concentrar esos datos en un único documento de consulta, disponible tanto en formato digital como impreso.
La propuesta consiste en ofrecer información práctica y sencilla sobre cada organismo, indicando qué tipo de situaciones atiende, qué servicios presta, cuáles son los requisitos básicos y cómo se puede acceder a ellos.
“Es muy común que las personas vayan a una oficina pública y les digan: ‘Acá no, tenés que ir a otro lado; a esta hora, no; este día de la semana, no; hay algo de esa predilección de rebotar, de hacer trámites repetidos, que es un problema”, explica Guillermina Greco, coordinadora de Acceso a la Justicia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Y agrega: “De base, tener información clara, actualizada y disponible es una primera buena práctica para que las personas puedan ejercer distintos derechos”.
Del conflicto cotidiano a la oficina indicada
Más que un compendio jurídico, la guía se organiza alrededor de los problemas que enfrentan habitualmente los vecinos. Aparecen situaciones de violencia de género, denuncias penales, conflictos familiares, protección de niñas, niños y adolescentes, trata de personas, grooming, ciberdelitos, conflictos vecinales, problemas de consumo, de acceso a la salud, discapacidad, documentación, personas mayores y patrocinio jurídico gratuito, entre otros.
También incorpora información sobre líneas telefónicas de emergencia, organismos especializados y distintos puntos de atención distribuidos en la ciudad, lo que la convierte en una herramienta de consulta rápida tanto para ciudadanos como para organizaciones sociales que acompañan casos de vulneración de derechos.
“Muchas personas no pueden acceder a la Justicia o ejercer sus derechos por falta de recursos económicos”, asegura Greco. Y profundiza: “No cuentan con el dinero para conseguir un patrocinio jurídico, por lo que es fundamental que el Estado garantice eso, que se tomen medidas que promuevan que todas las personas que tienen algún problema jurídico, una necesidad legal o algún problema con los derechos económicos lo puedan reclamar”.
El caso de los adultos mayores
“En el caso de las personas mayores, este enfoque adquiere especial relevancia a la luz de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que reconoce el acceso a la Justicia como un derecho fundamental y promueve la eliminación de las barreras que dificultan su ejercicio", sostiene Mercedes Joury, subsecretaria de Personas Mayores, dependiente del Gobierno de la Ciudad.
Y agrega: "Una guía que otorgue orientación práctica sobre los recursos existentes puede contribuir no solo a facilitar el acceso a los servicios, sino también a fortalecer la autonomía, la participación y el ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas mayores”.
Según la funcionaria, "en los últimos años se han fortalecido las estrategias de difusión y promoción de los derechos de las personas mayores y de los canales de orientación y asistencia disponibles. Sin embargo, aún persiste el desafío de que esa información llegue de manera efectiva a toda la población, especialmente a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social, aislamiento, dependencia funcional o presentan dificultades de acceso a herramientas digitales".
