En Argentina, en cambio, el lobby se mueve en una zona gris. No está prohibido, pero tampoco está del todo regulado. La única norma vigente que aborda de manera parcial esta actividad es el Decreto 1172/2003, que obliga a un grupo reducido de funcionarios del Poder Ejecutivo a registrar sus audiencias. La intención fue dar visibilidad a los encuentros en los que se plantean intereses privados ante quienes toman decisiones públicas. Sin embargo, el sistema muestra sus límites: solo alcanza a una parte del Estado, no obliga a identificar a los lobbistas y no fija sanciones claras para quienes incumplen.

Alejandro Alonso, doctor en Ciencia Política y docente de Lobbying en la Universidad Austral, explica que la participación de distintos grupos en la toma de decisiones públicas forma parte de un sistema democrático saludable: “En principio, hay que aclarar que la representación de intereses es un proceso legítimo en la democracia participativa y deliberativa. Puntualmente, en el ámbito legislativo, las distintas peticiones tienden a visibilizar las necesidades específicas de colectivos, ONG o incluso de entidades públicas”. Sin embargo, advierte que los vacíos normativos generan desigualdad: “El acceso es clave para que todas las posiciones estén representadas en la esfera pública”.

En ese vacío normativo, distintos episodios recientes expusieron la falta de reglas claras. El diputado Oscar Agost Carreño, autor de un proyecto de ley que busca regular la actividad de lobby en Argentina, lo resume así: “En Argentina el lobby existe todos los días, pero no está regulado. Y cuando una actividad legítima se mueve en la sombra, se convierte en un terreno fértil para los privilegios, la discrecionalidad y la captura del Estado por parte de quienes tienen más recursos o más llegada”. Para el legislador, casos como la criptomoneda $LIBRA mostraron cómo una gestión informal e invisible puede tener efectos económicos sin ningún tipo de trazabilidad ni responsabilidad.

Otros sectores también ejercen influencia, muchas veces sin que quede registro público. El agro, por ejemplo, volvió a tener un rol decisivo en las negociaciones económicas del Gobierno en 2025. La Mesa de Enlace mantuvo reuniones clave con el presidente Javier Milei y su equipo hasta lograr cambios en el esquema de retenciones. En energía ocurre algo similar: empresas petroleras y eléctricas intervienen activamente en debates sobre regulaciones, concesiones y subsidios. Alonso destaca que este tipo de interacciones deberían registrarse de forma transparente: “Estos marcos normativos garantizan la representación de intereses en un marco transparente, contribuyendo así a la participación de los interesados, la confianza de la ciudadanía, la existencia de un acceso equitativo y, al mismo tiempo, el incremento del control del accionar público”.

La falta de una ley integral explica por qué el debate regresa al Congreso. El proyecto de Agost Carreño propone regular el lobby en los tres poderes del Estado, en los entes reguladores, en las empresas públicas y en cualquier ámbito donde se tomen decisiones públicas relevantes. “Si hablamos de influencias sobre decisiones del Estado, no podemos quedarnos solo con el Ejecutivo. La captura puede ocurrir en el Congreso, en los tribunales o en un ente regulador, y una ley moderna tiene que abarcar todos esos espacios para que el control sea real y no simbólico”, señala el diputado.

El diputado Agost Carreño explicó que su proyecto “no intenta demonizar el lobby, lo que busca es que deje de ser opaco”.

La iniciativa incorpora un Registro Nacional de Gestión de Intereses obligatorio y digital. Tanto lobbistas como funcionarios deberán declarar reuniones, comunicaciones, objetivos, recursos y hasta beneficios ofrecidos o recibidos. En ese sentido, según Alonso, la regulación internacional contempla que el registro de audiencias se haga público: “A fin de asegurar la accesibilidad de la información, el registro actualizado de audiencias suele ser publicado en el sitio web oficial del órgano de gobierno a cargo del mismo y es de acceso público”.

Para Agost Carreño, la transparencia es un mecanismo de protección institucional: “No intenta demonizar el lobby: lo que busca es que deje de ser opaco. Un sistema público, moderno y trazable permite que cualquier ciudadano entienda quién se reunió con quién, sobre qué temas y con qué intereses, sin necesidad de pedir favores ni acceder a información restringida”. En línea con este enfoque, Alonso subraya que la regulación también define límites éticos claros para los funcionarios: “La letra de la norma establece cuando el interés personal de quien ejerce una función pública colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que desempeña”.

La propuesta también exige que los pagos a lobbistas sean trazables, prohíbe aportes de actores con conflictos de interés y establece sanciones tanto para gestores como para funcionarios. Agost Carreño concluye sobre el impacto cultural que busca generar: “Cuando cada reunión, cada comunicación e incluso cada interacción digital quede registrada en un sistema público, lo que cambia es la cultura política. El costo de operar en las sombras se vuelve demasiado alto y eso eleva la calidad institucional del país”.