En primer lugar, el texto se apoya en una dicotomía tajante entre verdad y mentira, donde el Gobierno se arroga el rol exclusivo de garante de la verdad frente a “los medios” y “la casta política”. Esta construcción binaria simplifica un fenómeno complejo como la circulación de información en una democracia plural, donde los hechos suelen ser interpretados desde marcos diversos y donde el disenso no equivale necesariamente a desinformación.
Al no definir con claridad qué se entiende por “mentira”, “operaciones” o “desinformación”, el texto deja abierta la posibilidad de que estas categorías sean utilizadas de manera discrecional.
En segundo lugar, el discurso incurre en una contradicción central: afirma que la Oficina “no busca convencer ni imponer una mirada”, pero al mismo tiempo se presenta como una herramienta para “dejar en evidencia” a actores específicos (medios, izquierda, casta política).
La selección de adversarios y la carga valorativa del lenguaje (“mentira”, “relatos”, “operaciones”) revelan una clara intención persuasiva. Aunque se niegue explícitamente, el texto cumple una función política de legitimación del gobierno y de deslegitimación de voces críticas.
Asimismo, el texto construye una narrativa de victimización institucional, según la cual la eliminación de la pauta oficial habría provocado un aumento de la “mentira” contra el Gobierno. Este razonamiento sugiere que la crítica mediática es consecuencia de intereses económicos afectados, lo cual reduce la posibilidad de una crítica legítima y refuerza la idea de que toda oposición informativa responde a motivaciones espurias.
Otro aspecto problemático es la apropiación del discurso de la libertad de expresión. El texto afirma que sumar una voz oficial “es lo contrario a la censura” y que la libertad de expresión es “sagrada”.
Sin embargo, en contextos democráticos, la creación de organismos estatales dedicados a “desmentir” puede generar asimetrías de poder comunicacional, ya que el Estado dispone de recursos, legitimidad simbólica y alcance que no tienen otros actores. Aunque no implique censura directa, sí puede derivar en una forma de presión discursiva o estigmatización indirecta.
Finalmente, el cierre del texto apela a una definición normativa de la democracia, sosteniendo que esta se fortalece no tolerando la mentira, sino exponiéndola. Esta afirmación omite el riesgo de que sea el propio poder político quien determine qué es mentira y qué es verdad, un punto especialmente sensible en sistemas democráticos donde la pluralidad de interpretaciones y el control del poder son pilares fundamentales.
