La IGJ es un organismo público dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Su función principal es fiscalizar, registrar y controlar a:
- Sociedades comerciales (SRL, SA, y SAS, entre otras).
- Asociaciones civiles y fundaciones.
- Mutuales y cooperadoras.
- Entidades deportivas y culturales radicadas en la Ciudad de Buenos Aires que se rigen por normativa nacional.
- Registros societarios y trámites vinculados a actas, autoridades, balances, reformas estatutarias y documentación contable.
La IGJ es la encargada de asegurar que las entidades presenten balances reales, actúen según su estatuto y mantengan prácticas administrativas transparentes. Es quien inscribe y fiscaliza a las sociedades comerciales y a las entidades civiles con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a las sociedades que realicen operaciones de capitalización y ahorro para contribuir a la actividad económica.
En ese sentido tiene como misión primordial ejercer una adecuada tutela de la fe pública comprometida en ciertas actividades empresarias, garantizar los derechos individuales y atribuir una mayor seguridad jurídica.
Daniel Roque Vitolo es el titular de la Inspección General de Justicia. Fue designado el 14 de diciembre de 2023 mediante el Decreto 53/2023, firmado por el presidente Javier Milei y por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona.
En diálogo con El Auditor.info, Vitolo explica su rol: “Me ocupo de la fiscalización de las sociedades por acciones, excepto de las sometidas a la Comisión Nacional de Valores (CNV). También de las sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro, de las asociaciones civiles y de las fundaciones, y ejerzo un control de legalidad sobre los estatutos y contratos de sociedades comerciales”.
También afirma que la IGJ “es un organismo autónomo creado por la ley 22.315 y con funciones reglamentadas por el Decreto 1493/82, que tiene por objeto cumplir con las funciones atribuidas por la legislación pertinente al Registro Público de Comercio”.
El caso AFA
La AFA es el ente rector del fútbol en Argentina. Se encarga de organizar y regular las distintas selecciones nacionales y los campeonatos oficiales de deporte en el país. En su estructura jurídica es una asociación civil sin fines de lucro con domicilio en Viamonte 1366 (CABA), por lo que queda bajo la órbita de la IGJ.
¿Por qué interviene la IGJ? Al ser la AFA una asociación civil sin fines de lucro, debe presentar balances, exhibir documentación respaldatoria, acreditar ingresos y egresos, rendir cuentas sobre el destino de los fondos y cumplir con los procesos administrativos previstos por la ley. Cualquier inconsistencia, omisión, falta de documentación o movimiento sospechoso habilita la intervención del organismo.
En este caso, según el expediente, la IGJ afirma que la AFA acumuló inconsistencias y faltantes contables por USD 111 millones. Estas inconsistencias son diferencias entre ingresos declarados y documentación respaldatoria, movimientos sin justificación suficiente, falta de presentación de balances completos en los plazos correspondientes e información financiera que no coincide con los registros oficiales. En estos casos, la IGJ puede sancionar, pedir regularizaciones, aplicar medidas administrativas o iniciar acciones judiciales si se detectan transgresiones graves.
Recientemente, se comunicó que la Asociación del Fútbol Argentino mudaría su domicilio para evitar a la IGJ. “Tiene plena libertad de fijar su domicilio en cualquiera de las 24 jurisdicciones que existen en el país, pero para mudar su domicilio primero tiene que reformar su estatuto y fijar la nueva jurisdicción a la cual desea migrar. Además, debe aprobar esa reforma estatutaria por la autoridad de la jurisdicción de origen, en este caso la IGJ”, completa Vitolo.
Según su explicación, la AFA se mudó de hecho a la Provincia de Buenos Aires, fijando su nueva sede en el Municipio de Pilar, sin haber sometido la aprobación de ese cambio de domicilio a la IGJ previamente. “Por eso, para la ley vigente la AFA continúa con su domicilio en jurisdicción de competencia de la IGJ”.
