Detrás de este deterioro confluyen varios factores. En el último año, las entidades financieras salieron al mercado con una fuerte apuesta crediticia, buscando ampliar su base de clientes y acompañar el repunte económico postpandemia.

El problema fue que la macroeconomía no acompañó. Una parte significativa de los tomadores de préstamos perdió el empleo, vio congelado su salario o experimentó incrementos muy por debajo de la inflación. En paralelo, los hogares enfrentaron fuertes subas en transporte y servicios básicos como luz y gas, lo que erosionó aún más el ingreso disponible y dejó a muchas familias sin margen para afrontar deudas.

El quiebre cultural también juega su papel. En Argentina, históricamente, la inflación solía licuar pasivos: con el correr de los meses, las obligaciones en pesos se volvían más livianas en términos reales. Ese fenómeno se interrumpió.

La estabilización relativa de los precios dejó a muchos hogares atrapados con créditos que ya no se licúan y que, por el contrario, pesan cada vez más en sus presupuestos. El resultado es una combinación explosiva: ingresos debilitados, gastos básicos en aumento y deudas más pesadas.

Las cifras reflejan esa tensión. Mientras la mora promedio del sistema se ubica en 5,2%, las fintech ùque en su mayoría irrumpieron con esquemas más agresivos de colocación de créditos personales y al consumoù exhiben niveles que duplican o hasta triplican dicho ratio. La falta de historial crediticio de muchos de sus clientes y la escasa diversificación de riesgos amplificaron el problema.

A esto se suma otro fenómeno clave: la propia rentabilidad del negocio bancario. En un contexto en el que deben ofrecer tasas de plazo fijo en torno al 50% anual para retener depósitos ùmuy por encima de la inflación proyectada del 25/30%ù, las entidades vieron crecer su costo de fondeo y achicarse sus márgenes de intermediación.

Frente a este escenario, muchos bancos optaron por destinar buena parte de sus recursos a la compra de bonos y letras del Estado, donde consiguen retornos más atractivos. El resultado es que la oferta de préstamos se restringe aún más, justo en un momento en que familias y empresas necesitan financiamiento para no caer en incumplimientos.

En paralelo, las últimas medidas del Banco Central agregaron nuevas presiones. La autoridad monetaria dispuso en agosto una suba de encajes -la tercera en el mes- que elevó al 53,5% los fondos que los bancos deben inmovilizar. Si bien las entidades podrán integrar esos puntos adicionales con títulos de deuda, el objetivo de la medida es incentivar a los bancos a renovar deuda en pesos y así evitar mayor presión sobre el dólar. No obstante, esta regulación reduce el margen de liquidez de las entidades, limita aún más su capacidad de prestar al sector privado y profundiza la dependencia del sistema financiero respecto al financiamiento del Estado.

El impacto ya se refleja en los balances, aunque los grandes jugadores cuentan con espaldas más anchas para absorber la presión, diversificar ingresos y reacomodar estrategias. No ocurre lo mismo con los bancos más pequeños ni con las fintech, que dependen casi exclusivamente de la colocación de préstamos para sostener su negocio.

La preocupación también se instala en el plano macro. Un sistema financiero con alta morosidad, creciente regulación sobre su liquidez y una marcada preferencia por financiar al Estado restringe aún más el crédito productivo en una economía que ya opera con niveles muy bajos de financiamiento al sector privado en comparación con la región. Sin crédito accesible, las empresas encuentran mayores dificultades para invertir y crecer, y las familias pierden una herramienta clave para consumo e integración financiera.

El interrogante central es cuánto más puede crecer la mora y qué herramientas existen para atenuar su impacto. Algunas entidades evalúan reestructuraciones de deuda o planes de refinanciación, aunque la experiencia demuestra que esos mecanismos suelen ser paliativos de corto plazo si el salario real no logra recuperar poder adquisitivo.

A quince años de la última crisis de magnitud, la fotografía actual vuelve a mostrar la fragilidad estructural del sistema financiero argentino: demasiado expuesto a los vaivenes económicos y con limitaciones crecientes para administrar su liquidez. En esa tensión, los próximos meses serán clave para definir quiénes logran sobrevivir y adaptarse, y quiénes quedan en el camino.