Los procedimientos fueron ordenados por la jueza Sandra Arroyo Salgado y se desarrollaron en distintos distritos del territorio bonaerense. Algunos de ellos aún continúan, y se informó que varias personas permanecen incomunicadas.

Desde el espacio señalaron que estas detenciones —calificadas como ilegales y contrarias a los principios democráticos— se enmarcan en una causa relacionada con el escrache al diputado José Luis Espert.

En ese contexto permanece detenida en el penal de Ezeiza la militante Alexia Abaigar, a pesar de que, según advierten, los hechos que se le imputan no constituyen delito alguno.

Además, denuncian que la causa permanece bajo secreto de sumario y que ni siquiera la defensa tiene acceso al expediente.

Intereses del poder económico

Para Unión por la Patria, se trata de un accionar que responde a intereses del poder económico, instrumentado a través del aparato judicial, con el objetivo de generar miedo y frenar la participación política. Acusan a ese mismo “partido judicial” de no haber actuado ante las amenazas previas al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de proteger a los responsables intelectuales del ataque.

Prácticas autoritarias

“Estas prácticas autoritarias no lograrán silenciar a quienes denuncian las graves consecuencias del modelo económico actual, basado en la exclusión y la entrega”, afirmaron los legisladores, al tiempo que reafirmaron su compromiso de seguir luchando por una Argentina inclusiva y una democracia donde se respeten plenamente los derechos y garantías constitucionales que, advierten, hoy están siendo vulnerados.