El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, encabezó hoy el Encuentro del Observatorio Social del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos de Niñeces y Adolescencias, que tuvo lugar en la sede de la cartera en La Plata. Durante la jornada, se dio a conocer el primer informe del ente, en donde se realizó un diagnóstico de situación actual y se destacaron las políticas públicas impulsadas desde el Ministerio a través del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA).

De la actividad también formaron parte la directora ejecutiva del OPNyA, Andrea Cáceres; y la coordinadora del Observatorio Social, Karina Nazabal. Dicho ente, que se propuso trabajar en profundidad con instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales para poder establecer el estado de situación general de las niñeces y adolescencias, en su documento visibiliza distintas problemáticas y resalta las políticas públicas impulsadas por este organismo en la promoción y protección de derechos. 

Durante la jornada, Larroque destacó el compromiso de la gestión bonaerense poniendo en el centro de la agenda pública a los niños, niñas y adolescentes y sostuvo que "cuando las urgencias tapan, resulta fundamental un ámbito como el Observatorio para contar con una mirada más distante de lo cotidiano, poder producir los datos necesarios y afrontar el problema”. “¿Qué futuro podemos tener si no cuidamos a nuestra niñez?”, se preguntó,  y resaltó que “esta iniciativa ayuda a abordar los temas y a no esperarlos”. Asimismo, remarcó que en este contexto "la comunidad es la gran familia para contener ante la destrucción del tejido social."

En esa línea, subrayó “la necesidad de que la Legislatura bonaerense apruebe la ley de financiamiento para sostener áreas como niñez, ante el ataque permanente de Milei hacia la comunidad y las organizaciones". También detalló que "la Nación le ha quitado trece billones de pesos a la Provincia” y por ello concluyó: "Hoy no podemos contar con el Estado nacional y hay que cubrir la deuda que dejó Vidal por lo que quiero destacar el coraje del gobernador Kicillof, cuando estamos funcionando como un gobierno casi de emergencia”. 

Cáceres, por su parte, expresó que “cuando surgió este Observatorio, como cuando hablamos de Buen Trato, el desafío es mirarnos, pararnos frente al espejo y preguntar qué falta; hacernos responsables de que tenemos muchas deudas con los pibes y las pibas y que ahora nos toca asumir esa responsabilidad”. “No hay posibilidad de que estén mejor si no construimos comunitariamente los mejores escenarios para que puedan crecer, con derechos, con salud, con educación, pero sobre todo con amorosidad”, enfatizó. 

“Frente a un gobierno nacional que se ha corrido, alejado y eso impacta directamente en la vida de los pibes, con discursos odiantes que excluyen, hay que seguir trabajando en conjunto y mejorar la política pública para que todos los niños y niñas puedan realmente vivir en una Provincia que los abrace y los abrigue, y sean felices”, cerró. Nazabal, en tanto, valoró “la voluntad” del Ministerio “de acompañar a las niñeces y de no haber postergado ninguna decisión en favor de de los pibes y las pibas en un momento conflictivo”.

En su informe, el Observatorio visibiliza las problemáticas aún vigentes vinculadas a la niñez y adolescencia y asimismo, reconoce avances recientes del OPNyA, entre ellos la Ley de Buen Trato, el nuevo estatuto laboral, el Programa Entramados, y la consolidación del Sistema de Promoción y Protección.

A modo de ejemplo, las capacitaciones en la Ley de la Promoción del Buen Trato (sancionada hace tres años), ya alcanzaron a más de 6 mil personas en todo el territorio bonaerense desde su implementación. Esto incluye 63 municipios, más de 70 Servicios Locales, 22 Servicios Zonales, 26 Casas de Abrigo, 78 Hogares Convivenciales, 18 Centros de Referencia y 116 escuelas.

El Observatorio Social elaboró una serie de propuestas como la producción y análisis de información propia; impulsar la participación de chicas y chicos en espacios de escucha y toma de decisiones; y un protocolo local de intervención conjunta entre Municipios y Policía para con niñas, niños y adolescentes; entre otras.