in embargo, subrayó la necesidad de “graduar en distinta magnitud las multas en función al tamaño de la empresa”. En ese sentido, propuso incorporar un artículo sin número en la Ley 11.683 para establecer un esquema de reducción de sanciones para pymes y personas humanas. Michel detalló la escala de reducción: 90% para microempresas y personas humanas que no sean grandes contribuyentes, 70% para pequeñas, 40% para medianas tramo uno y 20% para medianas tramo dos.
“Para traducirlo: respetamos la propuesta del dictamen de mayoría, aumentando y actualizando el valor de las multas, pero proponemos una graduación en función del tamaño de la empresa”, concluyó. Pese a su planteo, el presidente de la comisión, el diputado Benegas Lynch, no aceptó las sugerencias, y el articulado fue aprobado por mayoría a mano alzada.
Sin embargo, días después y según confirmó el propio ministro de Economía, Luis Caputo, parece que el Gobierno sí tomó nota de esta sugerencia ya que anunció que se prevé actualizar las multas que se aplican ante la falta de presentación en tiempo y forma de las declaraciones juradas que van de $400 a $440.000 para sociedades, mientras que en el caso de declaraciones juradas informativas el piso sancionatorio se incrementa de $5.000 a $5 millones para personas humanas.
A su vez, para las personas jurídicas, el máximo de las multas para el caso de falta de declaraciones juradas informativas asciende a $10 millones. Los incrementos abarcan tanto incumplimientos formales como la falta de presentación de declaraciones juradas, regímenes de información y operaciones internacionales, con el objetivo de que las multas vuelvan a funcionar como una verdadera herramienta preventiva.
Cabe recordar que el proyecto de Inocencia Fiscal obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados la semana pasada como parte del paquete de reformas tributarias del Gobierno y ahora resta que se debata en el Senado.