Uno de los casos más críticos es el de la Educación Técnico Profesional (ETP). El Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP), creado por la Ley 26.058 para garantizar el financiamiento de escuelas técnicas, institutos y centros de formación profesional, sufrirá en 2026 una caída real acumulada del 93% respecto de lo ejecutado en 2023

La magnitud del recorte no deja margen para interpretaciones: el fondo pasa de ser una herramienta central para la modernización educativa a una partida residual.

Son los datos que surgen de un estudio que realizó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado el fin de semana.

Aunque el FoNETP continúa formalmente vigente, su ejecución revela una estrategia de vaciamiento progresivo. En 2023 se ejecutó el 50,5% de los recursos que correspondían por ley; en 2024, apenas el 9,4%; en 2025, el 10,8%; y para 2026 el propio proyecto presupuestario prevé ejecutar solo el 3,5% del monto legalmente establecido, equivalente al 0,2% de los ingresos corrientes del Estado nacional

En los hechos, el fondo queda desactivado.

El artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026 profundiza este rumbo. Allí el Gobierno propone directamente eliminar el Fondo de Escuelas Técnicas, derogar la garantía de inversión educativa del 6% del PBI establecida en la Ley de Educación Nacional y suprimir la meta del 1% del PBI para ciencia y tecnología. Se trata de un giro estructural que desarma marcos normativos construidos durante décadas y redefine el rol del Estado en áreas clave para el desarrollo nacional

El ajuste se extiende a todo el sistema educativo. La Función Educación y Cultura presenta una caída real del 47,3% entre lo ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2026, una reducción sin precedentes en términos presupuestarios recientes

Dentro de ese escenario, las universidades nacionales atraviesan una situación crítica: su presupuesto registra una baja real del 33,8%, comprometiendo salarios, funcionamiento, investigación y tareas de extensión.

La crisis universitaria se agrava por un hecho de gravedad institucional. En octubre de 2025, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 759/2025, mediante el cual suspendió la ejecución de la Ley 27.795 de financiamiento universitario, ya promulgada. La medida implica que el Ejecutivo dejó sin efecto una ley del Congreso por decreto, una decisión calificada como abiertamente inconstitucional, que vulnera el principio de división de poderes y carece de sustento legal, ya que la propia norma habilita al Gobierno a reasignar partidas para garantizar su cumplimiento

El ajuste también impacta directamente sobre los estudiantes. Los programas de becas y transferencias estudiantiles acumulan una caída real del 76,6% respecto de 2023, lo que limita el acceso y la permanencia en el sistema educativo, especialmente para los sectores de menores ingresos, en un contexto de deterioro social y aumento de la desigualdad

Finalmente, el sistema científico-tecnológico enfrenta un retroceso de magnitud similar. La función de Ciencia, Tecnología e Innovación registra una reducción real del 48,8% frente a lo ejecutado en 2023, profundizando la paralización de proyectos, la pérdida de capacidades estratégicas y la emigración de investigadores y técnicos

En conjunto, el Presupuesto 2026 no solo ajusta partidas: redefine el modelo de desarrollo. El desfinanciamiento de la educación técnica, las universidades y la ciencia implica un corrimiento del Estado de áreas que históricamente funcionaron como motores de movilidad social, innovación y soberanía. El impacto del ajuste no será inmediato únicamente en las cuentas públicas, sino en el futuro del sistema educativo y productivo argentino.