Como consecuencia de ello, se verán afectados los surtidores de combustible, las balanzas ubicadas en comercios y puertos, los radares con los que se realizan las fotomultas por exceso de velocidad y los etilómetros con los que se mide la concentración de alcohol en sangre a conductores.

Además, el Instituto también incluía -entre sus verificaciones- los medidores de agua potable y de energía eléctrica, los termómetros clínicos y los taxímetros. La población ya no tendrá seguridad sobre lo que consume.

La Libertad Avanza (LLA) lo hizo bajo la Resolución 213 publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de 2025. Por eso convocan a un «Abrazo» el miércoles 28 de enero a partir de las 10 de la mañana en la sede central de General Paz 5445.

Una política de vaciamiento

Yamila Mathon es especialista en Tecnologías de Gestión y del Conocimiento del INTI. «La política de vaciamiento que se está llevando adelante es un objetivo que se propusieron desde el principio y que buscaba disolver al Instituto a través de un decreto habilitado por facultades delegadas», sostuvo en diálogo con Tiempo.  

Y completó: «Una meta que las y los trabajadores les frustramos con una fuerte campaña de visibilidad y movilización gracias a la cual conquistamos la derogación del Decreto 462 a mediados del año pasado, pero siempre fuimos conscientes que sería una disputa que no iba a culminar allí».

Mathon explicó que para ellos es muy importante alertar que esté ensañamiento con el INTI trae consecuencias graves de un lado y del otro de la puerta del organismo. Adentro, sienten una demostración constante -por parte del Gobierno- de desprecio hacia las competencias, el conocimiento y la experiencia que posee el personal, sumado al riesgo concreto de perder puestos de trabajo y personal calificado.

Y que puertas afuera, también hay riesgos para la sociedad en su conjunto que se manifiestan en hechos concretos como es la pérdida de la transparencia y de credibilidad en los controles que ahora quedan exclusivamente en manos de privados.

«¿Cómo se puede confiar en una fotomulta que te llega pero que realizó una empresa privada que no tiene un vínculo de imparcialidad con el Municipio que sabemos tiene en las multas una caja de recaudación?», preguntó Mathon. Y subrayó: «Es indispensable el rol del Estado como tercero imparcial en el vínculo entre privados».