Un punto a tener en cuenta es que el Capítulo 11 del proyecto original del Poder Ejecutivo Nacional contemplaba un pedido para derogar ambas leyes. Si el Congreso no lo hubiera eliminado, el gasto se habría configurado conforme a las partidas previstas originalmente.

Cabe recordar que recientemente un juez ordenó al gobierno nacional disponer las medidas necesarias para cumplir el mandato del Congreso en materia de discapacidad. Tanto esa ley como la de financiamiento de las universidades públicas son objeto de cuestionamiento por parte del Poder Ejecutivo, que intentó sin éxito derogarlas y ahora busca no cumplirlas, alegando una supuesta inconstitucionalidad, ya que fijan gastos pero no especifican las fuentes de financiamiento.

Para completar el escenario, el Gobierno prevé introducir una rebaja de aportes patronales equivalente a medio punto del PBI y una reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas de 0,33 puntos del PBI, en el marco de la Reforma Laboral que se analizará en febrero.

En otros términos, el Poder Ejecutivo está dispuesto a asumir el incremento de ciertos gastos, como los vinculados a rebajas impositivas que benefician a las empresas, pero no a enfrentar otros gastos no proyectados dentro de su política económica.