La medida, firmada el miércoles y vigente desde este jueves, suspende el derecho a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia en varias zonas estratégicas del territorio ecuatoriano, en especial en la región costera, donde se concentran los mayores índices de delitos violentos.

El decreto alcanza a las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, todas ubicadas en la costa del país. También incluye a Pichincha, donde se encuentra la capital Quito; Santo Domingo, en el centro-norte, y Sucumbíos, en la región amazónica del norte ecuatoriano. Además, la medida se extiende a los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar).

Según explicó el mandatario, el plazo de 60 días permitirá desarrollar un ciclo completo de intervención extraordinaria, con el objetivo de contener y reducir la violencia de alta intensidad, neutralizar amenazas en curso o inminentes, desarticular estructuras delictivas y restablecer condiciones mínimas de seguridad para la población.

Un informe de las Fuerzas Armadas alertó sobre una escalada sostenida de violencia organizada durante 2025, impulsada principalmente por bandas criminales locales como Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones, con mayor presencia en Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas.

El reporte oficial detalló que los hechos más graves incluyen atentados con explosivos, ataques directos contra funcionarios públicos, homicidios múltiples en espacios públicos y amenazas sistemáticas mediante panfletos, una dinámica que el Gobierno interpretó como una estrategia deliberada de intimidación, control territorial y desafío a la autoridad estatal.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional, entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de 2025 se registraron 1.232 víctimas de homicidio intencional en las provincias alcanzadas por el decreto, una cifra que expuso la magnitud de la crisis de seguridad que enfrenta Ecuador.