El ataque a Aparicio (es la primera exoneración en los 70 años de trayectoria de este ente estatal) tuvo una fuerte repercusión en gran parte de la comunidad científica, en el gremio y en asambleas socio ambientales, que exigen la restitución laboral de la investigadora. El pasado viernes se realizó una audiencia en la Cámara de Diputados de la Nación argentina para exigir su restitución laboral y libertad para investigar.
El SPRINT (Transición Sostenible de Protección Vegetal, en su traducción al castellano) evaluó el impacto de la exposición a mezclas de plaguicidas y sus efectos crónicos en la salud de ecosistemas, flora, fauna y las personas.
Argentina fue el único país fuera de la UE elegido como matriz de contraste en relación a los demás miembros; Francia, Estado español, Portugal, Italia, Países Bajos, Suiza, Dinamarca, República Checa, Croacia y Eslovenia, por su elevado consumo de sustancias tóxicas –algunas de ellas prohibidas en suelo europeo– y porque Europa recibe sus exportaciones de granos y cereales. La participación de Argentina estuvo bajo la tutela del INTA y de Aparicio, ingeniera agrónoma y una de las máximas referentes en la investigación sobre el impacto de los pesticidas en la salud y el ambiente.
El muestreo se realizó con la participación de 73 voluntarios residentes en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, pertenecientes tanto a ámbitos rurales como a urbanos, algunos de ellos, productores agroecológicos. Los resultados fueron abrumadores; el 100% de ellos presentó un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre, entre 6 y 13 en orina, y hasta 18 sustancias en materia fecal. Las muestras humanas y ambientales evidenciaron la presencia de algunos de los tóxicos más empleados en los campos –glifosato, atrazina, clorpirifós, 24D– .
Mientras los resultados europeos se dieron a conocer a través de una conferencia virtual el 27 de septiembre de 2023 (en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas), desde Argentina se censuraron y el país abandonó su continuidad en el proyecto tres días antes de la asunción del presidente Javier Milei.
Aparicio intentó dar a conocer los resultados pero desde el organismo le exigieron que cancelara la reunión que había convocado. Le abrieron, además, un sumario interno, cuyo dictamen derivó en su exoneración; la imposibilidad de por vida de trabajar en cualquier ámbito perteneciente al Estado.
El hecho, un claro intento de disciplinamiento a la libre investigación, marca una línea de continuidad a la censura de científicos argentinos.
En abril de 2009, Andrés Carrasco, embriólogo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y expresidente de CONICET, confirmó en laboratorio que el glifosato –aún en dosis muy inferiores a las usadas en los campos– causaba malformaciones en embriones de ranas. A raíz de sus divulgaciones recibió amenazas y la cancelación de actividades. Tanto lo ocurrido con Aparacio como con Carrasco busca aleccionar a los investigadores que se niegan a ser portavoces del agro-negocio.
Se liman, por otro lado, las posibilidades de plantear políticas públicas de transición hacia la producción agroecológica, algo que los pueblos fumigados vienen exigiendo históricamente.
¿Cuál es su situación laboral a día de hoy tras la apertura de un sumario administrativo contra usted?
El consejo directivo del INTA avanzó con mi exoneración de la administración pública nacional. La decisión está vinculada con mi participación en el proyecto SPRINT, en el que investigamos la presencia de plaguicidas y sus mezclas en el ambiente y en organismos, incluidos los seres humanos. No me fue notificada formalmente, pero el gremio tomó contacto con fuentes confiables que informaron que en la última reunión, el consejo directivo ratificó mi exoneración.
«¿Qué mensaje reciben otros investigadores cuando observan que comunicar resultados científicos sobre un tema socialmente sensible puede poner en riesgo su trayectoria profesional?»
Esto compromete no solo mi inserción institucional sino la continuidad de mi trabajo. Lo que considero especialmente grave es que se haya llegado a una decisión de tal magnitud en relación con mi participación en un proyecto científico internacional que contó con respaldo institucional, financiamiento público y mecanismos de evaluación científica.
¿Cómo es su día a día? ¿Sigue trabajando o participa en algún otro proyecto?
Es una situación muy difícil, a nivel personal y profesionalmente. Llevo casi treinta años vinculada a la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del INTA, donde comencé a trabajar en 1997. Dediqué gran parte de mi vida a la investigación pública, a la formación de estudiantes y a trabajar junto con productores y comunidades.
La posibilidad de perder el trabajo no significa solo perder un salario. También pone en riesgo la continuidad de una trayectoria científica, los proyectos en marcha y la posibilidad de seguir aportando conocimiento desde una institución pública.
«El conocimiento no es enemigo de la producción: es una condición para mejorarla y hacerla sostenible»
En lo cotidiano, debo combinar el trabajo científico con mi defensa administrativa y jurídica. Sigo comprometida con las publicaciones científicas pendientes del SPRINT y otras líneas de trabajo relacionadas con la calidad del suelo y del agua, la presencia de contaminantes y los procesos ambientales vinculados con la producción agropecuaria.
También con la formación de recursos humanos y la colaboración con colegas de distintas instituciones. Lo que está en discusión es si una investigadora puede continuar ejerciendo su profesión con independencia, incluso cuando los resultados de su trabajo generan incomodidad.
¿Cuál es el rol de la ciencia en este contexto de avance corporativo que, con fuerte apoyo estatal, prioriza prácticas extractivistas?
Lo ocurrido es de una enorme gravedad institucional y democrática. El objetivo del SPRINT fue generar herramientas para evaluar sus posibles riesgos para la salud ambiental y humana.
Considero que hay una continuidad preocupante entre las restricciones a la comunicación de resultados científicos y las consecuencias laborales que hoy enfrento. Es una situación que va mucho más allá de una investigadora.
¿Qué mensaje reciben otros investigadores cuando observan que comunicar resultados científicos sobre un tema socialmente sensible puede poner en riesgo su trayectoria profesional? ¿Qué preguntas dejarán de hacerse? ¿Qué investigaciones podrían no desarrollarse? ¿Qué resultados podrían no comunicarse?
Ese es uno de los mayores peligros: no solamente lo que sucede con el conocimiento que ya existe, sino con el conocimiento que podría dejar de producirse.
«Lo que está en discusión es si una investigadora puede continuar ejerciendo su profesión con independencia, incluso cuando los resultados de su trabajo generan incomodidad»
En cuanto al rol de la ciencia, creo que debemos partir de un principio fundamental: la ciencia pública tiene la responsabilidad de generar conocimiento independiente, riguroso y transparente y ponerlo a disposición de toda la sociedad. No considero que la ciencia deba enfrentarse a los productores.
Durante toda mi trayectoria he trabajado con productores agropecuarios, profesionales, estudiantes y comunidades. La investigación permite producir mejor, cuidar los recursos naturales, reducir riesgos y desarrollar nuevas tecnologías. El conocimiento no es enemigo de la producción: es una condición para mejorarla y hacerla sostenible. Los datos del SPRINT existen, los informes científicos existen y las publicaciones continúan. El conocimiento generado no desaparece porque se sancione a una investigadora.