Este lunes 15 de diciembre se cumplieron dos años de la entrada en vigencia de la Resolución 943/2023, conocida como “Protocolo Antipiquetes”, impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. En ese marco, Amnistía Internacional emitió un comunicado para alertar sobre el grave deterioro de la libertad de expresión y reunión, y reclamar su inconstitucionalidad.

La organización destacó que el protocolo considera delito cualquier manifestación que afecte la circulación y habilita desalojos y detenciones sin orden judicial. “Estas pautas vulneran derechos fundamentales y contradicen los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza”, sostuvieron en el escrito. En ese sentido, Amnistía señaló que la escalada represiva de las fuerzas de seguridad en este tiempo es “innegable”.

Por su parte, la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola Garcia Rey, expresó: “La violencia estatal no solo aumentó: hoy es naturalizada”. “Los datos son irrefutables y sus efectos también; su aplicación opera como un mecanismo de intimidación y disciplinamiento destinado a desalentar y silenciar la participación social”, explicó.

Cabe mencionar que la organización, junto a otras de derechos humanos, integra una acción de amparo que busca declarar la inconstitucionalidad del protocolo. Al respecto, Amnistía mencionó que el representante del Ministerio Público Fiscal en la causa cuestionó la falta de fundamentos válidos del gobierno para dictar el protocolo.

La represión en números

Desde Amnistía mencionaron las consecuencias del protocolo. Durante 2024 y 2025, en el marco de implementación del mismo, se registraron al menos 2.557 personas heridas de distinta gravedad como consecuencia del uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza. Entre ellas, personas que recibieron impactos de balas de goma en la cabeza y el rostro, exposición a gases lacrimógenos y gas pimienta, golpes con bastón y violencia física en general.

Además, enfatizaron en el incremento exponencial de la represión de un año a otro. En 2025, la Comisión Provincial por la Memoria registró 1.341 personas heridas y al menos 165 personas detenidas. En todo 2024, el mismo organismo había registrado 1.216 personas heridas y 93 personas detenidas durante manifestaciones. Esto implica un aumento del 77% en la cantidad de detenciones, la mayoría de ellas arbitrarias, sin pruebas suficientes y con liberaciones inmediatas.

A su vez, se registraron cuatro casos de impactos de balas de goma en el ojo, que derivaron en pérdidas oculares permanentes. Entre los más graves, el 12 de marzo de 2025 Jonathan Navarro perdió la visión de su ojo izquierdo tras recibir un disparo de arma cinética por parte de un agente de la Prefectura Naval durante una marcha de apoyo a jubilados. En noviembre de 2025, Rodrigo Troncoso, de 24 años, denunció la pérdida de su ojo izquierdo como consecuencia de un disparo de bala de goma recibido en esa misma manifestación, en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

En esa línea, la organización hizo hincapié en el ataque permanente a los trabajadores y las trabajadoras de prensa, quienes “durante la cobertura de manifestaciones, periodistas enfrentaron restricciones al ejercicio de su trabajo y fueron alcanzados por balas de goma, gases lacrimógenos y agresiones físicas”.

Al menos 184 trabajadores y trabajadoras de prensa resultaron lesionados, y otros tantos fueron detenidos de manera arbitraria. Frente a este escenario, comentaron, muchos comenzaron a equiparse con protección para su cuerpo, como si fueran cronistas que cubren un escenario de guerra. “Estos ataques y la actitud hostil de las fuerzas de seguridad buscan un efecto silenciador punitivo, enviando un mensaje claro a la sociedad: protestar y registrar la protesta tiene consecuencias”, afirmaron.

Amnistía resaltó el caso del fotógrafo Pablo Grillo, quien recibió un impacto de cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza por parte de las fuerzas de seguridad que le provocó una fractura expuesta de cráneo. Fue internado en estado crítico y continúa en proceso de recuperación, con pronóstico reservado.

La preocupación de las organizaciones de DD.HH.

Aunque los hechos son graves, el Ministerio de Seguridad no parece preocupado por realizar investigaciones internas. Ante pedidos de acceso a la información pública realizados por Amnistía Internacional, la cartera informó el inicio de solo dos sumarios administrativos por uso desproporcionado de la fuerza. Uno de ellos, en el ámbito de la Gendarmería Nacional, investigaba los hechos del 12 de marzo de 2025 en las inmediaciones del Congreso. Sin embargo, ese sumario fue posteriormente cerrado sin sanciones disciplinarias, evidenciando su carácter meramente formal.

Diversos órganos y procedimientos especiales de los sistemas internacionales de derechos humanos manifestaron su preocupación por el impacto del Protocolo Antipiquetes sobre la libertad de expresión y reunión pacífica. En enero del año pasado, tres Relatorías Especiales de Naciones Unidas remitieron una comunicación al gobierno argentino alertando sobre las graves implicancias de la Resolución 943/2023. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también exhortó reiteradamente al Estado argentino a respetar los derechos de reunión y asociación pacífica.

Tras la manifestación del 12 de marzo de 2025, que dejó como principal víctima a Pablo Grillo, la CIDH volvió a pronunciarse, expresando su preocupación por la violencia desplegada y urgió al Estado argentino a investigar de manera pronta, imparcial y con debida diligencia los posibles excesos en el uso de la fuerza.

En mayo, distintas Relatorías de la ONU advirtieron sobre un grave deterioro del espacio cívico en Argentina desde diciembre de 2023, señalando posibles violaciones a los estándares internacionales de derechos humanos en movilizaciones mayoritariamente pacíficas.

Por último, el 28 de noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura (CAT) expresó su seria preocupación por el Protocolo Antipiquetes y otras normas de uso de la fuerza. Señaló la falta de claridad sobre su activación y límites, denunció lesiones graves causadas por balas de goma, gases y carros hidrantes, y reclamó investigaciones independientes. El Comité instó al Estado argentino a adecuar su normativa a los estándares internacionales