incrementos serán progresivos hasta alcanzar, en agosto de 2026, los $376.600 para la jornada completa y los $1.883 la hora para los jornalizados. La decisión alcanza a todos los trabajadores comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario y la Administración Pública Nacional.

El SMVM está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y reglamentado por la Ley de Contrato de Trabajo, que lo define como el piso salarial que permite cubrir alimentación, vivienda, educación, salud y vestimenta. Además, se utiliza para calcular prestaciones sociales y ciertos programas universales, aunque desde diciembre de 2023 se desenganchó del Salario Social Complementario y de otros programas que reemplazaron al Potenciar Trabajo.

Para Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, este desenganche tiene consecuencias claras para los trabajadores más vulnerables. “Desde diciembre de 2023, el Salario Mínimo, Vital y Móvil dejó de usarse como referencia para el monto de los programas sociales. Actualmente, ese monto sigue congelado en $78.000, por lo que estos trabajadores incluso están en una situación peor que aquellos que mantuvieron sus ingresos vinculados a la evolución del salario mínimo”, señala a El Auditor.info, marcando la pérdida de protección social de miles de argentinos.

Campos advierte que el impacto no se limita a los beneficiarios de programas sociales. “La idea de reducir al extremo el Salario Mínimo, Vital y Móvil genera un efecto de ancla: el piso queda tan bajo que muchas actividades o sectores con menores salarios no tienen un punto de referencia para negociar mejoras. Esto impacta fuertemente en las paritarias de casas particulares y en algunos sectores del ámbito público, donde se observa su evolución para determinar salarios, aunque no se aplique directamente”, explica.

La situación es aún más grave para los trabajadores informales y no registrados, quienes dependen de estas referencias para poder discutir sus ingresos. “En sectores como casas particulares, construcción o el ámbito rural, que son de los más precarizados, el hecho de que el Salario Mínimo, Vital y Móvil quede tan bajo representa un problema. Se trata de trabajadores que no cuentan con ámbitos colectivos de discusión salarial y que dependen de negociaciones individuales. Sin una pauta institucional más general, pierden toda herramienta de negociación externa a la relación laboral directa”, advierte Campos.

Desde otra perspectiva, Federico Pastrana, macroeconomista y director de C-P Consultora, completa el panorama: “Un salario de $350.000 es un salario mínimo que prácticamente no sirve como referencia para nada. Hoy está licuado a niveles de hace 20 años, perdiendo relevancia incluso para las negociaciones de los salarios más bajos. Tradicionalmente servía para que los sectores menos calificados aumentaran más rápido sus ingresos, pero actualmente la negociación colectiva está más regida por una pauta gubernamental que por el salario mínimo”, explica, señalando cómo se rompió la función protectora del piso legal.

Pastrana añade que esta situación refleja una orientación clara del gobierno sobre la política salarial: “El Estado no debe impulsar los salarios al alza, sino que estos deben ajustarse según las condiciones de mercado y la productividad. Lo mismo ocurre con la negociación colectiva: para el gobierno, debe ser más a nivel de empresa o incluso individual, lo que deja a los sindicatos en un rol limitado y reduce la función del SMVM como herramienta de equidad y referencia salarial”.

La pérdida de relevancia del salario mínimo también se refleja en su relación con los programas sociales, un punto que Pastrana destaca al analizar la capacidad del SMVM para sostener ingresos mínimos: “Tres Asignaciones Universales por Hijo (AUH) superan el piso establecido: una persona desocupada que cobra tres asignaciones por tener tres hijos estaría por encima del mínimo, lo que demuestra la pérdida de relevancia del SMVM en la política social y salarial”.

En términos generales, ambos especialistas coinciden en que el salario mínimo dejó de cumplir la función para la cual fue creado. Campos resume la situación: “Lo que se busca es licuar el Salario Mínimo, Vital y Móvil de manera que funcione más como ancla salarial que como piso para la negociación colectiva”. Pastrana, por su parte, concluye sobre sus efectos macroeconómicos: “El salario mínimo ha perdido prevalencia y significado. Su debilitamiento afecta la capacidad de proteger a los trabajadores y de establecer un piso real de ingresos en el país”.