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En dos oportunidades, iniciativas que habían avanzado en el Senado llegaron a obtener media sanción, pero terminaron perdiendo estado parlamentario. Mientras tanto, las decisiones sobre el uso de estos territorios continúan dependiendo de las herramientas ambientales y de ordenamiento disponibles en cada jurisdicción.

La primera dificultad aparece incluso antes de discutir qué hacer con ellos y es determinar qué es exactamente un humedal. Rubén Quintana, investigador superior del CONICET y presidente de Fundación Humedales/Wetlands International, explica que no se trata de un único tipo de paisaje, sino de ambientes con características propias: “Los humedales son un gran conjunto de diferentes tipos de ecosistemas. Tienen características y funcionamientos particulares que los diferencian de los ecosistemas terrestres y acuáticos”.

Más allá de las diferencias entre sus paisajes y de las regiones en las que aparecen, hay un elemento que permite entender cómo funcionan estos ecosistemas. “El agua es el factor básico de su funcionamiento. Puede presentarse de distintas formas, pero siempre tiene que estar presente”, señala Quintana. Esa característica permite encontrar humedales de agua dulce, salobre y salina, distribuidos desde zonas de montaña hasta costas y desde regiones cercanas a los polos hasta áreas tropicales.

“La normativa no va a promover un uso del suelo que termine destruyendo el humedal: va a plantear que se pueden realizar actividades productivas que sean compatibles con el funcionamiento y la estructura de esos ecosistemas", señala el investigador del CONICET y presidente de Fundación Humedales, Rubén Quintana

Esa diversidad también explica por qué no resulta sencillo establecer una superficie definitiva. Un relevamiento del INTA estima que entre el 9,5% y el 12% del territorio nacional corresponde a estos ambientes, mientras que otras estimaciones arrojan cifras diferentes según los criterios utilizados. A esto se suman 23 sitios Ramsar reconocidos por su importancia internacional, distribuidos en 17 provincias.

Su relevancia también se hace evidente en los lugares en los que el agua es un recurso limitado. Quintana destaca especialmente el papel que cumplen allí para sostener la vida: “Son importantes hoy en día porque, en algunos casos, son fuentes de agua fundamentales para el sostenimiento de la biodiversidad. Esto ocurre, por ejemplo, con los humedales que están localizados en tierras secas”.

La función de estos ambientes también se extiende a especies que los utilizan durante sus desplazamientos. Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre, pone el foco en el papel que cumplen para la fauna. “Los humedales son como hoteles y estaciones de servicio para la migración de las aves. Muchas aves tienen identificados los humedales dentro de sus ciclos migratorios y cuentan con ellos para poder detenerse, descansar y alimentarse y, en muchos casos, para poder reproducirse y alimentar a sus pichones”, explica.

Pero esa dinámica puede alterarse cuando el territorio es intervenido para adaptarlo a otros usos. El drenaje, las canalizaciones, la extracción de recursos, la expansión de actividades productivas, la contaminación y las especies invasoras son algunas de las presiones que atraviesan distintas regiones del país. A ese escenario se suma el cambio climático, que profundiza la vulnerabilidad de estos ambientes.

Entre esas transformaciones, Jaramillo identifica una especialmente determinante por las consecuencias que genera sobre el funcionamiento natural de estos espacios. “Desde el punto de vista de las amenazas que enfrentan los humedales, la peor es el vaciamiento, relacionado con la extracción de agua, justamente para hacer que los suelos se transformen en productivos”, afirma. El impacto, advierte, va más allá de modificar las condiciones del terreno: “Esto modifica completamente el ecosistema y afecta plenamente a la biodiversidad que ha evolucionado durante millones de años vinculada a este tipo de suelos anegados”.

Detrás de muchas de estas intervenciones persiste una concepción sobre el valor de estos ambientes que, según Quintana, todavía influye en la manera en que se toman decisiones respecto del territorio. “Los humedales tienen mala fama: se los asocia con lugares donde se crían plagas, sitios que se inundan o que no sirven para realizar actividades productivas tradicionales”, sostiene. Esa percepción puede llevar a considerar cualquier transformación como una mejora. “Existe la idea de que lo mejor que se puede hacer si se tiene un humedal cerca es reemplazarlo por otra cosa”.

"Desde el punto de vista de las amenazas que enfrentan los humedales, la peor es el vaciamiento, relacionado con la extracción de agua", apunta Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre

Un ejemplo concreto muestra cómo una actividad productiva puede aprovechar las características propias de estos ambientes sin necesidad de transformarlos. “Los humedales fluviales del río Paraná, particularmente los del Delta, tienen una muy buena oferta forrajera para el ganado; es decir, hay plantas de excelente calidad forrajera”, explica Quintana. Esa condición permite sostener la actividad con los recursos que ofrece el propio ecosistema. “No se necesita plantar nada: uno lleva el ganado y éste puede alimentarse y nutrirse muy bien con esas plantas”, amplía.

El problema aparece cuando una actividad productiva requiere modificar las condiciones naturales del ambiente, por ejemplo mediante la construcción de diques para evitar las inundaciones. Frente a este tipo de intervenciones, Quintana sostiene que una eventual Ley de Humedales debería establecer criterios que permitan producir sin alterar el funcionamiento de estos ecosistemas. “La normativa no va a promover un uso del suelo que termine destruyendo el humedal, pero sí va a plantear que se pueden realizar actividades productivas que sean compatibles con el funcionamiento y la estructura de esos ecosistemas y que permitan mantenerlos”, asegura.

Entonces, ¿qué cambiaría con una ley? Uno de los primeros efectos sería contar con criterios comunes para saber qué territorios están comprendidos y qué características tienen. Jaramillo explica que esa es una de las razones por las que se viene impulsando una regulación nacional. “Muchas organizaciones ambientalistas buscamos que exista una ley de presupuestos mínimos para la protección de los humedales”, dice. En los proyectos debatidos, ese objetivo se traducía en un proceso que comenzaba por identificar estos ambientes y conocer sus características para, a partir de allí, definir qué usos resultan compatibles con cada uno.

Para Jaramillo, "lo que proponen estos proyectos de ley es, en primer lugar, buscar reconocerlos e identificarlos; luego, caracterizarlos; y, a partir de ello, tipificar sus posibilidades de uso o su necesidad de conservación".

El cambio también alcanzaría la forma en que cada jurisdicción regula estos territorios. “Si existiera una ley de presupuestos mínimos de humedales, las provincias tendrían que revisar su legislación vigente y determinar si ésta alcanza los presupuestos mínimos que la Nación haya definido”, explica.

La finalidad no sería eliminar las actividades humanas, sino establecer límites según las características de cada ambiente. “Lo que busca, justamente, es ordenarlas, regularlas, organizarlas, monitorearlas y, también, promover, en los casos en que sea necesario, la recuperación y restauración de humedales vitales para que puedan seguir brindando los servicios ecosistémicos que la ciudadanía necesita”, sostiene.

Además de ordenar los criterios de intervención, una norma nacional podría aportar mayor previsibilidad a quienes toman decisiones sobre el territorio. Jaramillo advierte sobre el impacto que tendría contar con reglas claras y estables: “Esto evitaría que se produzcan conflictos recurrentes entre las actividades productivas y la conservación, que puedan, justamente, impedir que las inversiones fluyan de la manera en que deben hacerlo para promover un verdadero desarrollo sustentable”.