En el expediente también se busca revelar un presunto entramado de abogados y funcionarios que habría operado para reducir o anular multas de tránsito captadas en rutas bonaerenses a cambio de pagos ilegales.
En un escrito de 25 carillas, D’Onofrio sostuvo que el proceso licitatorio fue “legal, público e internacional”, y que además tuvo el aval de los organismos de control y asesoría. En ese marco, el ex funcionario negó haber direccionado la adjudicación de las concesiones y aseguró que no existieron beneficios indebidos para las empresas que se quedaron con los talleres verificadores en 2024.
La investigación del fiscal Garganta apunta a un sistema que impacta de lleno en millones de conductores: más de cuatro millones de vehículos registrados en la provincia de Buenos Aires deben realizar la VTV y abonar, como mínimo, $79.640 por revisión en el caso de autos particulares.
Para el acusador público, el ex ministro habría favorecido a ocho empresas adjudicatarias y articulado un mecanismo de retornos a través de una firma contratada para gestionar los turnos y los cobros online.
La causa
La mirada de la Justicia también está puesta en la contratación de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., firma a cargo de llevar adelante el otorgamiento de turnos de forma virtual. La fiscalía sospecha que la empresa de la “turnera” funcionó como intermediaria para el cobro de coimas: las concesionarias debían pagarle inicialmente el 3% y luego hasta el 8,5% más IVA de sus ingresos mensuales durante los diez años de concesión.
Cada turno solicitado por Internet implicaría una comisión directa: desde unos $2.500 por la VTV de un auto hasta $11.000 en el caso de vehículos de transporte. En su escrito, D’Onofrio defendió esa decisión y afirmó que la incorporación de tecnología era necesaria para mejorar la transparencia y la trazabilidad del sistema. Por otra parte, negó categóricamente cualquier vínculo previo con Sebastián Decio, titular de la empresa señalada como nexo clave en la causa.__IP__
El fiscal Garganta citó a declarar en los próximos días los propietarios y titulares de las siete empresas que recibieron las licencias para operar la VTV en distintos puntos de la provincia, incluido Decio. Paralelamente, se profundiza la investigación del presunto armado de manipulación de fotomultas, el cual habría contado con la connivencia de jueces de faltas ubicados en diversos puestos estratégicos.
Si bien D’Onofrio se encuentra en libertad, su situación judicial apunta a ser más compleja puesto a que semanas atrás, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, lo procesó por presunto lavado de activos y le trabó un embargo por $350 millones y tiene todos sus bienes inhibidos.
